La crisis fiscal de Estados Unidos

Por: Pedro R. Pierluisi (D-PR)
Comisionado Residente de Puerto Rico en Washinton DC

Recientemente los medios de comunicación han reseñado los retos que enfrenta el gobierno de Estados Unidos en el manejo de sus finanzas. A principios de agosto el gobierno federal estuvo a punto de quedarse sin el flujo de caja necesario para cumplir con todas sus obligaciones. Después de meses de negociaciones entre los líderes congresionales y el Presidente Obama se aprobó la Ley de Control Presupuestario de 2011 con el objetivo de mejorar la situación fiscal de la nación americana.

Al presente, la deuda pública de Estados Unidos prácticamente iguala su producto bruto doméstico. Más aún, la Oficina Congresional de Presupuesto (CBO) estima que si se mantiene el ritmo actual de gastos públicos y de recaudos del gobierno federal los déficits en la próxima década sumarían las friolera de $10 billones (el equivalente en inglés a "$10 trillion"). Para colmo de males, la economía estadounidense no está creciendo significativamente y el desempleo sigue estando en un nivel inaceptable.

Así las cosas, los mercados de valores han estado sumamente volátiles. Existe preocupación en la comunidad inversora en cuanto a la habilidad de las autoridades gubernamentales, tanto en Estados Unidos como en Europa, para resolver los problemas fiscales y propiciar un desarrollo económico robusto en el mundo. También hay inquietud en torno al impacto que pudiera tener un recorte significativo en el gasto gubernamental cuando la economía se mantiene rezagada.

El consenso entre los economistas es que Estados Unidos tiene que reducir el desfase entre los gastos y los recaudos de su gobierno durante los próximos diez años por una suma no menor de $4 billones ("$4 trillion") para restablecer su salud fiscal. Ahora bien, en momentos en que la economía no está en óptimas condiciones, los economistas entienden que la solución no estriba meramente en recortar el gasto público, sino también en lograr que aumenten los recaudos, ya sea a base de la imposición de contribuciones adicionales o como resultado de nuevas medidas de desarrollo económico.

La Ley de Control Presupuestario sienta las bases para rehabilitar las finanzas del gobierno federal. Mientras provee para una reducción en el déficit presupuestario proyectado por una suma no menor de $2.1 billones ("$2.1 trillion"), establece un proceso para aumentar el límite de la deuda pública de Estados Unidos por la misma cantidad.

Esta nueva legislación presupuestaria autoriza una primera ronda de recortes de aproximadamente $900 mil millones y aplica el grueso de los mismos a partir del año fiscal 2013. Afortunadamente estos recortes no impactan programas federales de gran importancia para Puerto Rico como el Seguro Social, Medicare, Medicaid, PAN, TANF (fondos de asistencia temporera para familias necesitadas) y CHIP (programa de seguro médico para niños de escasos recursos). Sin embargo, se anticipa que los recortes acordados van a conllevar una reducción promedio de 5% en los presupuestos de la mayoría de las agencias federales en el próximo año fiscal y una congelación en los gastos de las agencias durante el resto de los diez años cubiertos por la ley.

Por otro lado, la legislación crea una Comisión Especial compuesta por doce miembros del Congreso de ambos partidos nacionales que tiene la encomienda de recomendar, en o antes de la semana de Acción de Gracias, una segunda ronda de recortes que totalicen no menos de $1.2 billones ("$1.2 trillion") para ese mismo período de diez años. Y cabe resaltar que esta Comisión tiene mano libre a la hora de seleccionar las áreas en las que aplicarán los recortes.

También es importante mencionar que si la Comisión no logra su cometido entrarían en vigor unos recortes automáticos que sumarían $1.2 billones ("$1.2 trillion") y estarían divididos en partes iguales entre el área de seguridad nacional e interna y el resto de los programas discrecionales del gobierno federal. No obstante, estos recortes no recaerían sobre los programas de gasto mandatorio, incluyendo el Seguro Social, el PAN, las asignaciones de Medicaid y los beneficios de Medicare.

Es de esperar que el Presidente Obama exhorte a los miembros de la Comisión a recomendar medidas que reduzcan el déficit más allá del mínimo requerido. Al mismo tiempo, se da por sentado que el Presidente presentará una serie de propuestas para estimular la economía estadounidense y crear empleos, pues no hay duda de que la mejor manera de resolver los problemas financieros de Estados Unidos es teniendo una economía saludable que a su vez genere mayores recaudos.

En estos próximos meses estaré vigilante y en comunicación con los miembros de la Comisión Especial del Congreso para defender los intereses de Puerto Rico. Del mismo modo, haré las gestiones necesarias para insertarnos en toda medida de desarrollo económico que sea aprobada por el Congreso. A fin de cuentas, a Puerto Rico le conviene que se supere la crisis fiscal de Estados Unidos y que se reactive su economía.