Por Ricardo Roselló Nevares
En nuestra última columna, establecimos la importancia de que el gobierno tenga una filosofía y visión clara de los servicios de salud que recibe la ciudadanía. Vimos igualmente cómo se desarrollaron en Puerto Rico dos sistemas paralelos de prestación de servicios médicos: uno privado, con las mejores instalaciones para las personas pudientes; y otro público, pagado enteramente por el gobierno, con servicios deficientes, para la población médico indigente. El sistema público creaba dependencia, pues el gobierno tenía dominio sobre la población necesitada. También se prestaba para la manipulación política, y llegó a tal punto ¡que hasta los alcaldes dispensaban recetas!
Debido a esta condición dual, ineficiente y costosa, se dio un cambio radical de paradigma durante los años 90, cuando el gobierno deja atrás su rol de proveedor directo de servicios y se convierte en un comprador de seguros de salud para la población. Esta nueva visión logró mejorías significativas en los servicios médicos para la población médico indigente. De hecho, para el año 2000, Puerto Rico llegó a ser una de las pocas jurisdicciones en el mundo, y la única en todo Estados Unidos, donde el virtualmente el 100 por ciento de la población contaba con cobertura médica. El nuevo paradigma creó asimismo una tendencia de ahorros para el fisco, ya que adquirir seguros médicos para la población resultaba significativamente más económico que mantener hospitales y centros de tratamiento.
Pero, ¿qué ha pasado desde entonces para que nuestro sistema de salud se encuentre nuevamente en una situación precaria?
Luego del 2000, dos administraciones de gobierno subsiguientes, que esbozaban una filosofía de dependencia del pueblo en el gobierno, decidieron dar marcha atrás a los logros alcanzados. Se mantiene, en parte, la tarjeta de salud el gobierno, pero se regresa nuevamente la inversión pública (a menor escala) en proveer servicios directos al pueblo. Para sufragar esos costos, se decide recortar la cantidad de personas en el plan médico, y como resultado, sobre 400 mil puertorriqueños se quedaron sin tarjeta de salud.
Para el 2009, se implementa el plan ‘Mi Salud’, cuya filosofía es la misma que la de los años 90. No obstante, el plan está enfrentando dificultades que no había tenido antes. ¿Por qué? La debacle actual se puede resumir en tres puntos:
Presupuesto de los años 90: Se estableció el sistema con un presupuesto que no tomó en consideración el valor del dólar (ha bajado 30 por ciento) y los costos de las medicinas y tratamientos médicos (han subido 50 por ciento). (Fuente: Bureau of Labor Statistics, Congressional Budget Office)Tres aseguradoras vs. ocho en los 90: Tener varias aseguradoras crea diversificación y competencia, lo que ayuda a mantener costos bajos y servicios eficientes. Si sólo tres aseguradoras se encargan de 1.3 millones de beneficiarios, se le da demasiado poder a estas tres empresas, y se corre el riesgo de que si una cae (como sucedió), entonces queda un tercio de los beneficiarios sin cubierta médica.
Eliminación de médicos primarios como ‘gate keepers’ (porteros) del sistema: Muchas aseguradoras usan a los médicos primarios como un ‘control’ para evitar el uso abusivo de sus planes. Luego de examinar al paciente, el médico primario indica si ese paciente necesita verse con un especialista. Al eliminar el ‘gate keeper’ del plan del gobierno, se agiliza el proceso, pues el paciente va al especialista directamente. Eso en principio es bueno, pero también los especialistas son muchísimo más caros que los médicos primarios. Por ende, el costo para el sistema será mucho más alto.
Por estas razones, el plan Mi Salud, de seguir como está diseñado ahora, está destinado a fracasar. Entonces, ¿cómo evitamos que fracase?
Algunos han sugerido un modelo de ‘single payer’ o pagador único, donde el gobierno, en vez de ser comprador de un seguro médico, se convertiría en asegurador. Esto crea nuevas realidades: (1) como asegurador, el gobierno será el que carga con el riesgo total del sistema; (2) tendrá que desarrollar un aparato burocrático para substituir las aseguradoras, el cual no existe; (3) el gobierno carece de peritaje en este área; (4) se eliminaría el sector privado de seguros de salud en Puerto Rico (el sector más grande en la industria de seguros en PR), lo que significaría eliminar la competencia, junto a miles de trabajos (el sector médico completo, representa 6% de nuestra fuerza laboral); (5) el gobierno ha tenido un historial negativo manejando servicios de salud, como fue evidenciado durante los 70 y 80; (6) se le vuelve a dar demasiado poder al gobierno y se le quita al ciudadano. ¡Imagínate que no te cubran no por ser de un partido u otro!
La sugerencia del pagador único crea el mismo problema que teníamos hace 25 a 30 años: un sistema ineficiente, inefectivo, controlador y politizado.
En vez, la sugerencia es mantener la estrategia de comprador de un seguro, donde el gobierno hace lo que sabe hacer (pagar, fiscalizar), y deja el mercado privado, especializado y ágil que provea mejores servicios. También restituir al médico primario como ‘gate keeper’ para mantener los costos del sistema mucho más bajos. Y por último, inducir la participación de más aseguradoras para ampliar las redes y la competencia.
En términos del financiamiento del sistema sugerido, se requiere que todos compartamos las responsabilidades. Que el gobierno (estatal, federal) se encargue de proveer seguros a las poblaciones con menos recursos económicos y más vulnerables (ej. envejecientes). A la clase media trabajadora, que se le dé un subsidio significativo mediante mecanismos ofrecidos en la reforma nacional de Obama (Centro de Intercambio de Seguros). La empresa privada, que tenga la responsabilidad de proveer seguros para sus empleados con cierto nivel de ingreso, a cambio de incentivos contributivos. Y los individuos, tendrán que participar en los gastos, como deducibles y copagos.
Este modelo se puede implementar ya. Se necesita legislación. Y si queremos ir más lejos, se puede enmendar la Constitución a fin de proveerle el derecho a la salud a todos los puertorriqueños.
Como podemos ver, tanto la visión como el diseño integral del sistema son fundamentales para una ejecución efectiva. Los modelos donde el gobierno juega un rol que sobrepasa su capacidad de peritaje con el propósito de obtener más control sobre el pueblo reducen la calidad y eficiencia del servicio, y aumentan la dependencia del individuo. Este tipo de modelo es un microcosmo del sistema sociopolítico del ELA, y mientras sigamos con este sistema sociopolítico, tendremos terreno fértil para fomentar modelos similares de ineficiencia, control gubernamental y dependencia del pueblo, no sólo en la salud, sino en otros renglones como la economía, la educación, y demás.
Está en nosotros reconocer esta tendencia y requerir un cambio a un modelo sociopolítico que ponga el poder nuevamente en manos del pueblo.
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