La realidad del “Ellos no nos quieren”

La realidad del “Ellos no nos quieren”

Por Raúl R. Vidal

Desde que tengo uso de razón, uno de los argumentos más utilizados por estadolibristas e independentistas es que aunque el pueblo quiera la unión con los Estados Unidos, “ellos” no nos quieren. Muchos de mis compañeros estadistas se han topado con este argumento. Sin duda alguna, se han sentido frustrados ante tal aseveración. Por su beneficio y el de todo aquel interesado, analizaremos el argumento. Éste se divide en tres partes: 1) La aceptación de los opositores de la estadidad de que el pueblo ya no está con ellos; 2) La presunción que nosotros somos diferentes a los llamados “ellos”; y 3) Que nuestros conciudadanos no nos quieren.

El creciente uso de este argumento es significativo, ya que indica que los enemigos de la estadidad han aceptado la opinión del puertorriqueño sobre el tema. Ningún otro movimiento político en Puerto Rico ha crecido tanto en tan poco tiempo. Cierto que no se ha certificado aún en un plebiscito federal o estatal, pero sin duda alguna, la proyección que lleva desde 1967 indica que la estadidad será la preferencia mayoritaria permanente. La oposición concede este punto al usar su argumento preferido – y aunque no lo admita, su argumento le traiciona.

La segunda premisa del argumento es la distinción entre nosotros y “ellos.” Ahora bien, ¿a quién se refieren al decir “ellos”? Claro, dirían, a los americanos, pero ¿a cuáles americanos se refieren? No es posible que se basen en ciudadanía, ya que nosotros, desde Luis Fortuño Burset hasta Filiberto Ojeda Ríos, somos ciudadanos Americanos. Hasta ese punto, el “ellos” no tiene mucho sentido. Tal vez se refieren a los ciudadanos que viven en los estados de la Unión. De referirse a éstos, estarían incluyendo a todos nuestros hermanos hispanos de la nación, esos 45.5 millones. Los hispanos componemos un 15% de la población (un 44% de la población de Nuevo México, y un 35% de la población en California y Tejas). Por definición, también incluyen a los más de 4.5 millones de puertorriqueños que viven en el resto de la nación. Dudo mucho que éstos estén en contra de nuestra estadidad de nosotros optar por ella, y mucho menos creo que esos 45.5 millones de hispanos se distingan tanto de nosotros como la oposición nos distingue de los misteriosos “ellos.” Siendo justos, tal vez la oposición se refiere a esos “anglos,” esos “blanquitos” del norte, pero hasta eso es insensato por dos razones. Primero, los ciudadanos de la mayoría racial no están en su mayoría en contra de nuestra estadidad (cosa en la que elaboraré más adelante). Segundo, ninguna medida en nuestra nación es decidida por un solo sector. Todas las medidas son discutidas y decididas por el entero de nuestra nación, esto incluye a todas las razas y todas las tradiciones culturales que habitan en el país. En fin, si bien es cierto que no podemos distinguirnos del resto de la ciudadanía, el “ellos” no existe. De hecho, al decir “ellos,” también nos estamos incluyendo.

La tercera premisa se basa en que, sea quien sea que tenga que tomar el último paso de nuestra estadidad, no nos querrá como estado. Esto no es cierto, y de hecho solo existe evidencia de lo contrario. Sería fácil descartar este argumento citando el abrumador apoyo – 185 coauspiciadores – que el más reciente proyecto de status (Puerto Rico Democracy Act ó HR 2499) disfruta en la Cámara de Representantes federal, pero prefiero indagar un poco más profundamente citando datos y experiencias que he tenido en la capital, Washington, DC.[1] Cuando el pueblo de Puerto Rico vote en su mayoría por la estadidad, el Congreso federal (quienes tal vez son los “ellos”) tendrá la responsabilidad de decidir el asunto a través de legislación. De inmediato, y sin contar doble, uno puede estar seguro del apoyo de todos los congresistas hispanos (25), más los congresistas no hispanos con distritos nutridos de hispanos (70), más los congresistas no-hispanos que han apoyado tradicionalmente nuestra integración (30), más sus aliados y miembros del Congreso que ya se han comprometido a respetar la decisión del pueblo (90), más uno que otro congresista en la periferia (20+/-), nos da un total de 235 +/-. Una pieza de legislación se aprueba con 218. En el Senado podríamos contar con alrededor de 55 votos al momento – teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en la Cámara baja.

Algunos dirían que estas son cifras altamente optimistas, pero al aplicar un carácter humano, uno se da cuenta de su veracidad. Por ejemplo, uno de los detractores más grandes del proyecto HR2499 es el Representante Broun de Georgia, aun así, el congresista ha dicho en el record que si un 56% del pueblo de Puerto Rico apoya la estadidad, el también la apoyará. Lo mismo han dicho varios otros congresistas con cuyo apoyo típicamente no contamos los estadistas. Es importante notar que la falta de apoyo por un referéndum que requiere mayoría simple, no es sinónimo a que no nos quieren como Estado. De la misma forma, ser republicano o conservador en los Estados Unidos no es sinónimo de ser anti-estadista – contrario al argumento de los independentistas y estadolibristas sobre los “ellos.” Como ejemplo, comparto esta anécdota: Durante una cena con el conocido congresista conservador, Joe Wilson – a quien recordarán por ser el congresista que le gritó al Presidente Obama “¡Mientes!” durante un discurso en el Congreso –, el representante compartió con todos en la mesa su adoración por Puerto Rico, añadiendo que no hay un ciudadano más americano que el puertorriqueño. No tengo que mencionar que el congresista Wilson es un fierro partidario de la estadidad. Lo mismo puedo decir de famosos líderes del movimiento conservador con quienes he podido compartir y, para incredulidad de los proponentes del “ellos,” reclutar para nuestra causa. Personalidades como el Gobernador Jeb Bush, Michael Steele (líder del Partido Republicano), David Keene (presidente de la Unión Conservadora), los congresistas Chris Smith, Dan Burton, Rob Bishop, John Mica, Mike Pence, Doc Hastings y muchos más.

Enumerando todos nuestros partidarios, me vuelvo a preguntar la validez del argumento colonialista – “ellos no nos quieren.” Si los “ellos” no puede ser el pueblo americano, ni puede ser el Congreso de los Estados Unidos, ni tampoco el movimiento conservador, ¿quiénes serán? Tal vez “ellos” son nada más y nada menos que los estadolibristas e independentistas que se oponen recalcitrantemente a la igualdad y pretenden arriesgar la permanencia de nuestra ciudadanía.

————————–

Raúl R. Vidal es el pasado Presidente del Puerto Rico Statehood Students Association y Co-Presidente de los Young Republican of Puerto Rico. PRSSA es una organización sin fines de lucro con la meta de adelantar el debate académico y político sobre la libre determinación de Puerto Rico al igual que su posible admisión como Estado de la Unión.

[1] Para el estudio formal, visite nuestra página Web, www.statehoodpr.org

Cincuenta por ciento más uno

Por Kenneth D. McClintock Hernández

 El Presidente Barack Obama expresó esta semana que una mayoría absoluta mínima de cincuenta por ciento más un voto del electorado puertorriqueño podría no ser suficiente para aprobar un cambio en la relación política con Puerto Rico. Como es de esperarse, sus expresiones, no producto de un discurso escrito detalladamente elaborado, sino de una contestación impromptu en un período libre de preguntas y respuestas, han levantado un avispero, quizás mayor de lo que él pudiera haberse imaginado.

 En el día de ayer ofrecí la siguiente reacción escrita a un medio que me preguntó sobre esas expresiones del Presidente, las cuales entiendo pero no necesariamente comparto en todos sus detalles:

 "Hay estados, como Nebraska, en que una mera pluralidad fue suficiente para ser admitido y otros, como West Virginia, en que ni tan siquiera se pidió la admisión. Personalmente creo que una mayoría en contra del status quo o a favor de una fórmula de cambio será suficiente, no para cambiar de inmediato nuestra relación presente pero sí para iniciar el proceso de negociación legislativa que conduzca a esa descolonización. 

 A Illinois le tomó solo once meses, pero a Nuevo México 65 años obtener la admisión una vez solicitada, por lo que el proceso no necesariamente será rápido. 

 Mi exhortación a los que, como yo, quieren librar a Puerto Rico de los enormes costos del coloniaje y ser admitido como estado federado de nuestra nación, es que emprendamos la tarea de ganar ambas preguntas de la papeleta plebiscitaria por el mayor margen posible de manera que el nuevo Congreso en el 2013 tenga que enfrentarse a un nuevo paradigma de status de un pueblo que contundentemente le haya retirado a los Estados Unidos cualquier reclamo de "consentimiento de los gobernados" que legitime la relación territorial/colonial actual y una petición mayoritaria para iniciar la negociación de una Ley de Admisión que no cobre vigencia hasta ser ratificada por el pueblo. 

 Como ha dicho el gobernador Luis Fortuño al discrepar de las palabras de Obama, hay 37 ejemplos de que todo territorio que quería entrar a la Unión lo logró, no importa cuan grande o pequeña fuera la mayoría inicial que dio inicio al proceso de admisión---y Luis Fortuño ha estudiado mucho más los procesos de admisión que Barack Obama. 

 No dejemos que la opinión del actual Presidente, o cualquiera de sus potenciales contrincantes, nos divida o nos provea una excusa para la inacción, sino que nos inspire a la acción plebiscitaria que torne el escenario que él plantea irrelevante. A un año o menos de una consulta plebiscitaria, ¡construyamos, no con excusas sino con educación y trabajo ideológico, esas mayorías contundentes, en contra del status quo, y a favor de la Estadidad Federada, que obliguen a la Presidencia y al Congreso a actuar a partir del 2013!"

 A medida que se caliente la campaña electoral presidencial, gubernatorial y plebiscitaria del 2012, los líderes pepedés ( a quienes les aterra la posibilidad de que los electores puertorriqueños se expresen directamente sobre su futuro) tratarán de agarrarse hasta de un clavo caliente, sean con expresiones como la del Presidente, posturas de sus potenciales contrincantes republicanos, palabras de un congresista, un senador, un libro o un informe congresional, para lograr uno o varios objetivos. Entre estos, tratar de dividir a los Estadistas, desanimar a los Estadistas, restarle credibilidad a los Estadistas, o varias o todas las anteriores.

 La realidad es que en apenas un año o menos, los Estadistas tenemos la oportunidad de relegar a la irrelevancia el escenario plebiscitario que plantea el Presidente Obama---que una fórmula de status gane con una mayoría absoluta mínima de poco más del 50% de los votos. Un resultado sólido a favor del cambio, en contra de la relación actual, en la primera pregunta de la papeleta plebiscitaria le negaría a los Estados Unidos la cómoda postura de reclamar que la mayoría de los gobernados ha consentido a la relación actual, postura que ha justificado su inacción en el Congreso (no así en las Casa Blancas de Bush, Clinton, Bush y Obama) y en las Naciones Unidas. De igual forma, un apoyo mayoritario por encima del 50 por ciento a la Estadidad Federada podrá no ser suficiente para que se nos conceda automáticamente, pero sería suficiene para obligar al Gobierno Federal a iniciar el proceso de negociar una Ley Habilitadora que, una vez ratificada por el pueblo de Puerto Rico de la manera que el Congreso disponga, conduzca a nuestra admisión.

 Sin embargo, para que ese escenario se dé, tenemos que aprovechar cada día, cada hora, cada minuto libre que dispongamos para educar, aclarar dudas, motivar a los puertorriqueños que han visto la Estadidad como una opción a largo plazo que lo largo se hizo corto y que el momento es ya, para construir una mayoría contundente, en la primera pregunta de la papeleta a favor del cambio y en contra del status quo, y en la segunda pregunta a favor de la Estadidad.

 Como Adán y Eva, los estadistas tenemos que evadir las tentaciones que como manzana en el paraíso nos ofrecen los líderes pepedés...la tentación de no hacer campaña ideológica hasta tanto se apruebe un proyecto plebiscitario... la tentación de dejar que los líderes pepedés nos motiven a la inacción por lo que diga a deje de decir Obama, o Perry, o Romney, o Christie, o Palin... la tentación de echar a un lado la educación ideológica para enfocarnos exclusivamente en las peleas primaristas... o la tentación de dejar que nuestras funciones oficiales de gobierno monopolicen todo el tiempo libre que deberíamos dedicar a asuntos plebiscitarios.

 Obama expresa una opinión, con la que no necesariamente todos estemos de acuerdo y que otros, como papagallos repiten, sobre un escenario específico en que una opción plebiscitaria gane por apenas el 50%. Elevemos ese resultado lo más alto por encima del 50% (como logró Pierluisi crear una supermayoría en la Cámara a favor del HR2499) con nuestro esfuerzo unido de campaña plebiscitaria y haremos innecesario experimentar si tenía o no razón el Presidente.

 Me recuerda Phillip Arroyo, mi experto en asuntos congresionales y federales en la oficina y presidente del capítulo boricua de Young Democrats of America que, al considerarse el proyecto Pierluisi en la Comisión de Recursos, el congresista republicano Jason Chaffetz propuso una enmienda para requerir más del 50% más uno de mayoría para que una opción prevaleciera y fue derrotada ampliamente en comisión.

Puerto Rico's Unemployment Rate Plummeting: Proof that Conservative Fiscal Policy Can Quickly Turn an Economy Around?

By Justin Vélez-Hagan
Published August 14, 2011
| Fox News Latino

Whether discussing debt, downgrades, spending, taxes, regulation, or any number of other topics related to the country’s fiscal standing, Americans’ concerns can be summed up in one demonstrative measure: job growth.

Jobs are what give people the income they need to take care of themselves and their families, the ability to buy goods and services that others produce, and the morale booster that comes with knowing that their lives have meaning and purpose. With an unemployment rate that has dropped nearly two percentage points - from 16.9% to 14.9% - since March of this year, Puerto Rico, a tiny island with a population greater than 22 U.S. states, may just have the formula for substantial job growth.

Pundits, editorialists, and policy makers alike have all made their opinions known about the fiercely controversial and radical conservative fiscal policies that the current Governor of Puerto Rico, Luis Fortuño, and his administration have proposed. Governor Fortuño started by laying off tens of thousands of government employees in order to make the government’s first payroll, formulating policies that ensured the government’s first credit rating upgrade by Moody’s and S&P in three decades, cutting taxes across the board for both small and large businesses, reducing the bureaucratic “red tape” necessary to start a small business, and establishing programs to boost housing sales as well as to decrease energy costs.

Despite the naysayers, protestors, and congressional opponents who doubt the predicted effects, few can argue the current successes of these policies. Since 2008, Puerto Rico’s deficit has dropped by nearly 70%, credit rating upgrades have allowed for increased bond sales and a reduction in interest payments, and new and existing businesses are taking advantage of lower tax rates and a decreased bureaucracy. Notwithstanding these immense improvements that have come as a result of Governor Fortuño’s admittedly conservative philosophies, in order to convince the public that the economy has improved, jobs need to be created.

Puerto Rico may have just provided the political evidence that effectively sways the minds of the public, finalizing the debate surrounding conservative fiscal policy. Since March of this year, Puerto Rico has exhibited the greatest decline in unemployment numbers anywhere in the country, allowing for the creation of more jobs at a faster pace than most of the states. Although Puerto Rico still has the country’s highest employment rate at 14.9% (latest, unrevised June figures), if the trend continues it will be one of the biggest turnarounds in recent economic history.

After only a few months of positive numbers, the magical formula for fiscal recovery has yet to be confirmed. Nonetheless, if the trend continues, even in a more trivial fashion, the employment outlook in Puerto Rico will be far healthier than that of the rest of the country.

Given that unemployment in the U.S. has been stagnant, at best, over the last two years, perhaps policymakers should take another look at a fiscal policy that we know works, and consider the island of Puerto Rico’s model. After all, if our national unemployment was predicted to be as encouraging as on the island, there would be fewer doubts cast upon policymakers’ re-election prospects.

Justin Vélez-Hagan is the National Executive Director of The National Puerto Rican Chamber of Commerce, Publisher of MinorityEconomicReport.com, an international developer of senior living facilities, a member of the U.S. Air Force Reserve, and a member of several national non-profit advisory councils. He can be reached at JustinV@NPRChamber.org.

Read more: http://latino.foxnews.com/latino/politics/2011/08/14/puerto-rico-unemployment-rate-plummeting-proof-that-conservative-fiscal-policy/#ixzz1V6Zv3xju

Economic Impact of a U.S. Default

By Julio A. Cabral Corrada
Cornell '13 - PRSSA

"Pathetic”. This is the word James Gorman, CEO of Morgan Stanley, used yesterday during his remarks at a firmwide forum to describe the lack of common sense in Washington. As one of the World’s best financial minds, Mr. Gorman questioned with disappointment the capacity of our “leaders” to truly understand the economic consequences of their inability to compromise. Following the conference meeting, I went straight to my desk in the trading floor.

As I watched in my Bloomberg Terminal all the World markets (which are the engine and best indices of our economy) plummet, I acknowledged there were immediate consequences far more pivotal than a default, tax issues, and election concerns (the three topics emphasized by the politicians and the media). Thus, I decided to challenge on the subject one of my bosses and mentor, Matt Berke, who happens to be a Cornell guy and the Global Head of Equity Risk Management. His response was simple: “You do it. Research, Analyze and Facts. It should be by 10:00 pm on the desk.”

Thus, after completing a full detailed report last night by 8:33pm, I thought I could share a brief abstract of my analysis, which delineates the economic impact a default on our debt could have on our financial system. As many of you have read, President Barack Obama’s administration, Democrats and Republicans in Congress have been locked in a standoff for months over what kind of deficit-cutting measures should be tied to an increase in the nation’s $14.3 trillion debt ceiling. Tim Geithner, Secretary of the Treasury, has said the U.S. exhausts its borrowing authority on August 2 (which is next Tuesday!) and risks going into default.

This senseless political wrangling may cost the U.S. its AAA rating, adding $100 billion a year to government costs while dragging down our economic growth. A U.S. credit-rating cut would likely raise the nation’s borrowing costs by increasing Treasury yields by 60 to 70 basis points over the medium term. "Standard & Poor’s, which has given the U.S. a solid ranking since 1941, reiterated exactly one week ago that the chance of a downgrade is 50 percent in the next three months and may happen as soon as August", mentioned the credit agency.

If this were to occur, it will have a critical impact on treasury rates. Those $100 billion a year I mentioned before are capital being used for higher interest rates, and that’s money being taken away from other goods and services of the nation. Also,Treasury yields indicate that investors are favoring bank or company debt over treasuries, raising concerns of the credibility of government debt.

The short-term effect on treasuries of a downgrade would be about 5 to 10 basis points, because few asset managers would be forced to sell these treasuries. "Yields on benchmark 10-year notes fell five basis points, or 0.05 percentage points, to 2.95 percent today. That compares with an average of 4.03 percent since 2001", according to a Morgan Stanley report. The TED spread, the difference between what lenders and the U.S. government pay to borrow for three months, narrowed to 18.7 basis points yesterday, the least since March.

Therefore, as we make borrowing more expensive we are diverting tax dollars to interest payments. In other words, there is less money out there! Since it is more expensive to borrow money, then our economy does not grow (that is why the Federal Reserve has kept interest so low since the financial crisis using quantitative easing—so people can cheaply borrow money and spend more, ultimately stimulating our economy). THEN, if interest rates pick up too much then everyone will suffer. From the homeowner with a mortgage to the student with a college loan, interest rates will rise for everyone. This will hurt the pocket of all families!

Furthermore, and to top it off, I should state that the U.S. unemployment rate rose for a third straight month in June to 9.2 percent, pointing to an economy lacking momentum entering the second half of the year. Employers added 18,000 workers to payrolls, the fewest in nine months.

This is the picture which politicians, the media, and many across America are missing. I hope this helps clarify some doubts about the impact a default will have on our economy. Hopefully, in a near future we will have more intellectually prepared public servers that can make responsible legislation and public policy. This nation needs people with a common sense, not those who want to play partisan politics. The people deserve better. Tomorrow (Thursday) will shall see if a bill is passed.
Have a good one!

Un análisis económico impactante

Por Kenneth D. McClintock Hernández
Secretario de Estado de Puerto Rico

Durante los pasados 40 años, desde que tenía 13 años de edad, he participado en literalmente centenares de foros y conferencias relacionados con el status politico de Puerto Rico, inicialmente como miembro de la audiencia y, en la mayor parte de las ocasiones, como orador o panelista. En la mayor parte de las ocasiones, el contenido es repetitivo o una versión mejorada de esencialmente la misma información o argumentación. La ponencia del doctor Carlos Colón De Armas, “The Economic Aspects of the Political Status of Puerto Rico and other Fallacies”, como panelista junto a mí y otros en un evento en el Congreso auspiciado por el Center for Puerto Rican Equality Advancement (CPREA) fue la excepción a la regla, al presentar datos y análisis que nunca había visto antes.

Aunque la discusión de aspectos económicos tiende a ser árida, compleja y complicada, el profesor Colón De Armas presentó un análisis novel que resultó entendible a más de un centenar de asesores congresionales, puertorriqueños residentes en la Capital federal y otras personas interesadas en el status de Puerto Rico que asistieron al foro.

El análisis prueba, sin lugar a dudas que la Sección 936, lejos de ayudar a Puerto Rico, le hizo un daño severo a nuestra economía que ha frenado el crecimiento económico desde entonces.

Como sabemos, la sección 936 del Código de Rentas Internas federal fue legislada en 1976 para proveer un extraordinario trato contributivo a las ganancias de corporaciones que tenían operaciones de manufactura en Puerto Rico.

Cuando se legisló en 1996 para su gradual eliminación entre 1996 y 2005, el entonces gobernador Pedro Rosselló, el Comisionado Residente y ex-gobernador Carlos Romero Barceló y el Partido Nuevo Progresista fueron acusados de destruir el futuro económico de Puerto Rico por provocar o permitir la eliminación de la Sección 936.

El 3 de mayo, en la Capital federal, el doctor Colón De Armas, con hechos y datos irrefutables probó lo contrario.

PIB/GDP versus PNB/GNP

En español, el Gross Domestic Product (GDP) se traduce a Producto Interno Bruto (PIB) mientras que el Gross National Product (GNP) se traduce a Producto Nacional Bruto (PNB) (no teniendo la palabra “nacional” nada que ver con el status político).

A continuación las definiciones:

Ü El PIB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos y vendidos dentro de las fronteras de un país durante un período de tiempo dado.

Ü El PNB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos y vendidos por los residentes de un país durante un período de tiempo dado, independientemente de dónde ocurrió la producción.

En otras palabras, el PIB tiene un enfoque geográfico (lo que se produce dentro de las fronteras) y el PNB tiene un enfoque de domicilio (lo que producen los residentes permanentes del país). En Puerto Rico, la gran diferencia es que en el PIB/GDP se incluye lo que producían las llamadas empresas 936, pero en el PNB/GNP no.

Seis años antes de aprobarse la Sección 936, el producto nacional (en este caso “nacional” no tiene nada que ver con el status politico) bruto (PNB/GNP) de Puerto Rico era un saludable 93% del producto interno bruto (PIB/GDP). O sea, el GNP y el GDP de Puerto Rico estaban casi a la par.

Tan pronto se aprobó la Sección 936, el pequeño diferencial de 7% entre uno y otro se fue separando y para el 2010, la diferencia entre el PNB/GNP y el PIB/GDP se había deteriorado de 7% a 35% de diferencia. O sea, se quintuplicó en 40 años. En términos económicos, eso es terrible.

Visto de otra manera, en las tres décadas antes de aprobarse la sección 936, la relación entre el GNP y el GDP fue de 104%, 99% y 93%, un promedio de 99%. Durante las tres décadas siguientes, fue de 76%, 70% y 67%, un promedio de 71%. Noventinueve por ciento versus setentiun porciento, un deterioro de casi 30% entre las 3 décadas antes y las 3 décadas después de aprobarse la Sección 936.

La economía puertorriqueña comenzó a desplomarse con la estrategia económica equivocada de la Sección 936.

¿Creció la economía con la 936?

Numéricamente, nuestro producto bruto nacional per cápita (por persona) creció dramáticamente entre 1970 y el 2010, de $1,729 a $15,930. “¡Wow!”, podría ser la reacción inicial natural. Esa sería la respuesta natural y superficial que promueven los partidarios del status politico actual.

PERO… en 1970 el GNP per cápita para todos los estados de EE.UU. era de tan solo $5,094 y creció a $47,883 en el 2010. En otras palabras, nuestro GNP por persona era un 33.9% del nacional en 1970 ($1,729 aquí versus $5,094 allá) y en el 2010 era un 33.3% del nacional ($15,930 aquí versus $47,883 allá). La Sección 936 que estuvo vigente durante 30 de esos 40 años no hizo absolutamente nada para cerrar la brecha económica entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos.

El crecimiento económico y la Sección 936

Entre 1948 y 1979, el crecimiento económico promedio del producto bruto nacional de Puerto Rico fue de casi 6% anual.

Tan pronto se aprobó la Sección 936 a finales de 1976 se notó una diferencia, pero fue una diferencia desastrosa. De 1980 al 2010, el crecimiento anual bajó de casi 6% a apenas 1.5% anual. O sea, bajo tres cuartas partes, ya que 1.5% es una cuarta parte de 6%.

“¡Ah, pero el crecimiento de la economía de los Estados Unidos también bajó!” podrían argumentar los partidarios de la colonia.

Es cierto, la economía nacional también bajó, de 3.84% a 2.68%, una reducción de 30 por ciento. Pero una reducción de 30% es mucho menos que una reducción de casi 75%.

Mientras la economía puertorriqueña creció más aceleradamente que la estadounidense en los 30 años antes de entrar en vigor la Sección 936 (5.56% versus 3.84%), fue la economía estadounidense la que creció más aceleradamente que la puertorriqueña durante los 30 años después de aprobarse la Sección 936 (3.68% vs. 1.52%). La Sección 936 frenó el crecimiento económico de Puerto Rico.

¿Puede Puerto Rico cerrar la brecha?

Si Puerto Rico pudiera reestablecer una tasa de crecimiento mayor a la tasa de crecimiento económico del resto de la nación, podemos establecernos como meta igualar el Producto Nacional Bruto (PNB/GNP) per cápita al PNB/GNP per cápita de todos los Estados Unidos.

Por ejemplo, si nuestra tasa de crecimiento fuera de 1.7 puntos porcentuales mayor a la nacional, como lo fue por 30 años hasta que fue alterada por la imposición de la Sección 936, la economía boricua alcanzaría, proporcional a su población, por supuesto, a la estadounidense, en unos 65 años.

Sin embargo, al paso que vamos bajo la relación política actual, en vez de cerrarse la brecha, la economía puertorriqueña se estará alejando más a la de los Estados Unidos.

* * * * * * * * * * * * *

Todos los que creemos en la descolonización debemos agradecer a la CPREA y su presidente, Rafael Rodríguez, el auspicio de paneles como el celebrado en el Congreso el 3 de mayo que, lejos de convertirse en un repetitivo chijí-chijá, ofrece información, data y argumentación de gran valor para Puerto Rico. - KDM

Declaraciones de Pedro Pierluisi ante el posible cierre del gobierno federal

WASHINGTON, DC- “Desafortunadamente continúa la incertidumbre en Washington en cuanto al posible cierre del gobierno federal. Aunque la Cámara federal acaba de aprobar un proyecto de resolución que permitiría que el gobierno federal permanezca abierto una semana adicional con el fin de tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a las asignaciones presupuestarias pendientes para este año fiscal, queda por verse si el Senado le dará paso a la misma y si el Presidente le imparte su firma.

No es probable que el Senado le dé paso a la medida y menos aún que el Presidente le imparta su firma. Y la razón principal para el tranque es que el liderato en la Cámara no sólo ha incluido unos nuevos recortes de $12,000 millones de dólares en el proyecto, sino también ha entrado en materia que no tiene que ver con el presupuesto.

Parece mentira que veamos seriamente afectados el buen nombre del gobierno de los Estados Unidos, los servicios que le ofrece al pueblo y el bienestar de cientos de miles de sus empleados, incluyendo los que laboran en Puerto Rico.

Esperemos que el sentido de responsabilidad y la sensibilidad predominen en las negociaciones que se llevarán a cabo en las próximas horas.

En lo que respecta a mi oficina, al igual que en la de la gran mayoría de mis colegas demócratas, todo el personal se mantendrá cumpliendo su misión en los próximos días".

Ahead of the curve: Puerto Rico’s successful implementation of its Fiscal and Economic Reconstruction Plan

Remarks by Luis G. Fortuño, Governor of Puerto Rico

To the Strategas 5th Annual Global Macro Conference

New York, NY

March 24, 2011



Good evening. It is great to be with you all, and to have the opportunity to share the story of the fiscal and economic reconstruction process we have underway in Puerto Rico.

Ohio…Wisconsin…New York… New Jersey, and the list goes on.

These states have seized headlines of late as they grapple with the fiscal and economic challenges of our time – those facing our federal government and governments throughout the world.

Puerto Rico has a unique story to tell in this global narrative. Because our tough work on these issues began over two years ago, Puerto Rico is now ahead of the curve and is increasingly seen in policy and economic circles as a model case for the rest of the country to follow.

Through the tough decisions we made early in my Administration, we are addressing an inherited fiscal crisis that was the worst in the nation.

Tonight I want to share with you how we changed our fiscal course in Puerto Rico – from inheriting a government near bankruptcy just over two years ago, to today, when the rating agencies are responding to our reforms with positive actions on our credit.

When I took office two years ago, we had been experiencing the deepest recession since the 1930s, a recession that began two full years before it began in the rest of the country.

Puerto Rico’s economy wasn’t particularly healthy even before the official onset of the recession.

However, this economic slump was never acknowledged by the previous government, which consistently over-estimated economic growth and tax receipts -- with the gap growing over time.

Predicting economic growth despite contrary evidence was one of many ways the government avoided confronting the growing structural deficit.

The details are grim. During this “overheating” period, which were the years prior to the outbreak of the recession in Puerto Rico in 2006, government expenses had been increasing 8 percent annually, while revenues increased only 2 percent.

One group that definitely became leery of lending to the government was the bondholders. Both Moody’s and S&P downgraded Puerto Rico’s bond ratings to one step above junk.

After I was elected in November of 2008 and before I was sworn in, it was actually during the transition that my team and I discovered the true extent of the fiscal abyss we faced.

And it was far worse than anything that had been disclosed to the public by my predecessors.

As Governor-elect, I flew here to New York to meet with the rating agencies to avoid a downgrade of our bonds to junk and to ask for time for us to act.

When I took the oath of office, our deficit stood at $3.3 billion. Proportionally speaking, it was the largest state budget deficit in the country, representing 44 percent of revenues.

My team discovered that we didn’t have the money to meet our first payroll. We had to take out a loan to pay it.

We immediately enacted fiscal emergency legislation, with the support of our Legislature, requiring serious spending cuts. And we established a Fiscal Restructuring and Stabilization Board to help lead the effort.

In just two years, we have cut government expenses by almost 20 percent.

I started with my own salary. I took a 10 percent pay cut and my agency heads took a 5 percent cut.

We froze all salaries for two fiscal years, and reduced political appointments by 30 percent.

We cut government operating expenses 10 percent, including official vehicles, cell phones, and credit cards. I pay for my own cell phone.

We reduced the number of government agencies through consolidation and dramatically increased the number of services that could be provided online.

Because payroll expenses were dominating 70 percent of our budget, we had no choice but to shrink the government employee ranks by 23,000 through a combination of voluntary and mandatory measures.

Our over bloated and costly government payroll was the result of the irresponsible hiring and unchecked benefit increases approved by past administrations while the fiscal situation was deteriorating.

In addition to payroll, like many states, we’re also tackling the challenge of funding our retirement system.

On the positive side, we are among the few jurisdictions that eliminated defined benefit plans, instead moving all future employees to a performance-based defined contribution plan. So we have eliminated the risk of widening actuarial deficits.

We are now working to achieve a permanent solution to the unfunded liability challenge presented by our pension system.

We didn’t shy away from the tough decisions. In just two years, our progress is clear and compelling on both the fiscal and economic side.

We have cut expenses and brought down the budget deficit from 44 percent to 11 percent of revenues. That includes reducing payroll expenses by $935 million or 17 percent of total government payroll. We are now on course to balance our budget before the end of my first term.

We’ve reduced our deficit proportionally more than any other state or territory. In a ranking of all the states by budget deficit, as a percentage of revenues, we started off dead last. Now, we are ranked 20th in the country and closing in.

The rating agencies have noticed.

Last April, Moody’s increased Puerto Rico general obligation bond ratings by three notches to A3 from Baa3, the highest improvement given to any of the 34 states whose ratings it upgraded, and the highest for Puerto Rico in 35 years.

In November, Standard & Poor’s raised from “stable” to “positive” its outlook on Puerto Rico’s credit - the first positive credit review on record since 1983.

Fitch Ratings recently assigned a BBB + rating with a stable outlook to the general obligations of the Government of Puerto Rico.

And earlier this month, Standard & Poor again looked at Puerto Rico and upgraded its rating for Puerto Rico’s general obligation debt improving it from BBB- to BBB, the first upgrade S&P has given Puerto Rico’s credit in 28 years.

These positive actions not only take into account fiscal progress, but also the new direction we’re taking on our overall economic front.

Because while we’ve been putting our fiscal house in order, we’ve also been changing the course of Puerto Rico’s economic future.

Through our Strategic Model for a New Economy, the government has formulated a vision for Puerto Rico and specific actions to achieve it. It is the most comprehensive economic development program Puerto Rico has had in decades, and details specific actions in the short and long term to grow the economy.

It is based on performance metrics that measure growth in the economy, competitiveness and job creation.

Through this framework, we have been implementing a pro-growth reform agenda supported by a series of key public policy reforms.

We addressed a tax code that was putting our businesses at a competitive disadvantage.

Puerto Rico, as a U.S. territory, has a code that is close to a mirror image of the Internal Revenue Code. We faced the same challenge presented by the federal code in that high taxes – especially on the corporate side –hindered our competitiveness.

So we exacted the largest across-the-board tax cuts at the individual and corporate level in Puerto Rico history.

Starting January 1 of this year, we cut the top corporate rate from 41 percent to 30 percent. In 2014, that top rate will drop further to 25 percent. The previous seven-tier corporate bracket has been flattened, into first three, and then two lowered rates.

For individuals, tax rates are dropping an average of 25 percent this year, increasing to a nearly 50 percent reduction over six years.

To ensure that we sustain fiscal responsibility, individual tax reductions for years 2014 through 2016 will be contingent on the government meeting targeted goals to guarantee that we continue to balance our budget.

Thus, we are making the taxpayer the watchdog for fiscal discipline, and ensuring government keeps that discipline.

In addition, 1 percent of the budget in 2014, and 1.5 percent in 2015 and 2016 will be deposited into a fiscal reserve fund, providing a “rainy day” fund to make sure we never again sink into the financial hole from which we’ve managed to emerge.

In addition to tax reform, we have instituted other significant planks in our economic reform agenda to promote growth and create jobs.

We enacted one of the most advanced and aggressive Public-Private Partnership law in the country to encourage greater private investment and bring competition and efficiencies to schools, roads, airports, energy, water facilities and other public infrastructure.

This has been the model for much new infrastructure around the world, with the conspicuous exception of the United States.

Through our P3 program, we’re currently in the process of moving forward $3.5 billion in infrastructure projects.

That includes the full concession of major toll roads and of our main airport, and the modernization of 100 public schools throughout the Island, among other major infrastructure projects.

We have some of the highest energy costs in the nation and rely on imported oil for almost 70 percent of our power generation. So we have begun a comprehensive energy program to dramatically reduce our dependence on oil, in favor of natural gas and renewable energy.

By 2012, we are working to shift Puerto Rico’s fuel mix from 69 percent petroleum to 72 percent natural gas. Vía Verde, or “Green Way,” as our natural gas project is known, will reduce fuel costs by double digit percentages.

We are further diversifying our fuel mix to include renewable sources such as solar, wind and waste-to-energy. Renewable energy projects are bringing with them hundreds of millions of dollars in new investment in Puerto Rico and the creation of thousands of new jobs in our economy.

We launched the best housing market incentives in the country – available to residents and non-residents through June of this year.

We’re seeing a double digit spike in housing sales in Puerto Rico, because these incentives include:

-ZERO property taxes for five years for new residential properties purchased during this special window

-ZERO recording fees and

-ZERO capital gains tax obligation, with no expiration date.

Purchases of existing properties benefit from 50 percent exemption on recording fees and a 50 percent exemption on capital gains.

People who buy either a new or existing property to rent during this time frame, are also eligible for ZERO tax obligation for 10 years on net rental income.

To all of you, let me say this: this is the best time to buy a second home or investment property in Puerto Rico.

We are also merging government agencies to cut duplications, and streamlining operations to be quick, agile and efficient so that government red tape doesn’t get in the way of entrepreneurship and job creation.

A perfect example is the government permitting process. We had government agencies issuing 28 different permits. Now we have 1 permit to do business.

In cases not requiring detailed evaluations, the new system has resulted in an 85 percent reduction in the permit granting and approval process. And for major projects involving site and land use consultations, a process that could take three to five years is now down to a maximum of 180 days.

On the tourism front, we enacted a comprehensive incentives package to attract the development of world-class tourism projects, and that strategy is already bearing fruit.

New luxury resorts such as the St. Regis Bahia Beach Resort in Río Grande and the W Resort in Vieques are important new additions to our portfolio.

Construction is currently underway for the six-star Dorado Beach Ritz Reserve. We currently have 11 projects under evaluation with more than 1,300 additional rooms and a total investment of almost $900 million.

Earlier this month, I signed into law a new Film Incentives Law designed to make Puerto Rico’s current production incentives among the most attractive in the industry, as well as promote the development of state-of-the-art media infrastructure, including high-capacity studios.

Over 60 productions have taken advantage of Puerto Rico’s current incentive program, including Disney’s “Pirates of the Caribbean 4,” Universal Picture’s “Fast 5” and Warner Brothers’ “The Losers,” and we’re expanding our ability to attract both Hollywood and international productions.

We are also positioning ourselves to make Puerto Rico a hub for global shipping. The expansion of and our proximity to the Panama Canal provides us a unique opportunity, so we are readying our Port of the Americas to be a world class international trans-shipment port.

We have installed super Post-Panamax cranes and dredged a shipping channel that can handle the world’s largest cargo freighters.

In the future, cargo ships leaving from Singapore could head east instead of west, passing through the Panama Canal on to Puerto Rico, with goods destined for both the Eastern Seaboard and Latin American markets – and even Europe by way of Rotterdam.

This route would allow freight from Asia to bypass chokepoints along the western route, made more volatile by piracy off the Somali coast and unrest in North Africa.

Today, the government of Puerto Rico is fully engaged in serious economic reform. We have reduced government payroll, slashed bloated budgets, and introduced bold reforms of entrenched government programs that promise to re-ignite economic growth.

My advice to other Governors facing the same challenges has been: Don’t wait and don’t blink. Make the tough decisions early and stick to them with courage, because at the end of the day, people are expecting leadership.

In my case, I have found that some may not like every decision, but they will respect you for doing what is right and what you said you would do.

And by pursuing long-term reforms that hold the promise of dramatically improving the island’s economic position in the coming decades, Puerto Rico is sending an unmistakable message to companies and investors that the island is permanently changing its business environment for the better.

By scaling back the size of government while at the same time reducing tax rates, simplifying the tax code, increasing private investment in infrastructure, and diversifying our energy sources, I am convinced that we have the right equation for an economic renaissance in Puerto Rico.

Thank you all very much.

Se opone Pierluisi a recortes presupuestarios que afectarían a Puerto Rico

WASHINGTON, DC- El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, se opuso hoy a los recortes presupuestarios presentados por el liderato de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que afectarían a Puerto Rico, principalmente en los programas de Becas Pell y COPS.

“Reconozco y comparto la necesidad de reducir el déficit de la nación de una manera pensada. Pero como se estableció recientemente en un editorial, estos recortes son los incorrectos, a los programas incorrectos y en el momento incorrecto”, expresó el Comisionado Residente en un mensaje sometido para el récord congresional.

Pierluisi mencionó específicamente los recortes propuestos a los programas de Becas Pell, COPS y a los fondos que reciben los estados para garantizar la calidad y potabilidad del agua.

“Las becas Pell son de ayuda para más de 10 millones de estudiantes en desventaja económica, muchos de los cuales no podrían recibir una educación universitaria si no fuera por este beneficio… Esta legislación reduce el dinero que reciben los estudiantes en aproximadamente $690. En mi distrito el recorte es de aproximadamente $720 por estudiantes”, dijo Pierluisi.

De acuerdo al Comisionado Residente, debe quedar claro que el recorte en los fondos a este programa de becas atenta contra una nación más educada, una economía más próspera y un país más competitivo.

Asimismo, Pierluisi hizo un llamado a reconsiderar la eliminación del programa COPS, para el reclutamiento de policías.

“Este programa pone policías en nuestras calles, protege nuestras comunidades y salva vidas… Como Secretario de Justicia de Puerto Rico durante los años ’90, trabajé con la Administración Clinton para asegurar la creación de este programa mediante legislación. Desde mediados de los ’90, Puerto Rico ha recibido más de $160 millones de estos fondos, lo que ha significado el reclutamiento de más de 3,500 nuevos policías en nuestras comunidades y puedo dar fe de que han representado un ingrediente importante en la lucha contra el crimen… Proponer la eliminación de este programa es profundamente irresponsable”, indicó el Comisionado Residente.

Por último, Pierluisi expresó preocupación ante los propuestos recortes a los fondos que recibe la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), específicamente en el programa de “Agua Limpia y Potable”, así como de los fondos destinados a reducir las emisiones de diesel. En ambos casos, argumentó que los recortes atentarían contra la salud de sus constituyentes.

Unleashing the Freedom to Prosper

FREEDOM WATCH

Unleashing the Freedom to Prosper

By Luis G. Fortuño from the February 2011 issue

The glory and genius of our nation -- one, under God -- is that our Founding Fathers devised just the right formula for a system of government that would allow the newly born society to attain some of the greatest advances not just in individual freedoms, democracy, and human rights, but in economic prosperity, scientific and technical innovation, and progress for itself and for all mankind.

From Puerto Rico, where Old Glory flies high atop La Fortaleza, the oldest working Executive Mansion in the entire Western Hemisphere, both the value and fragility of the fundamental free-doms that sustain the American experiment are plain to see. Not far from our shores, two well-known despots continue to espouse and attempt to export ruinous ideologies that stifle individual freedoms and enslave people to the state. Other neighbors, although democratic, have economic systems that thwart their citizens' ability to reach their full potential.

This is the country that the world still turns to and emulates as the greatest force for freedom, progress, and prosperity in history. But the truth is that not all threats to the political and economic freedoms that undergird the United States are external. It is from within, in fact, that we face the threat of government encroachment and irresponsible fiscal policies that undermine the very foundations of our nation's success and imperil the future of the rising generations of the 21st century.

At the state and territorial level, many of my fellow like-minded governors are striving to do everything within our power to stem the tide of red ink. When I took the oath of office in January 2009, our administration inherited a budget deficit of $3.3 billion, the highest deficit, proportionally speaking, in the country. Following the better part of a decade of reckless spending and bloated government, Puerto Rico's credit teetered on the brink of being downgraded on Wall Street to junk status.

I went to work to fulfill our voters' mandate to restore fiscal responsibility and align public policy with proven pro-growth strategies that would help Puerto Rico reach its full potential for economic growth and a better quality of life for all our citizens. Now just past the midway mark of my current term in office, I am pleased to report that my constituents are beginning to reap the benefits of the tough decisions we made and the wise course of action that we have relentlessly pursued.

In just two years, we have shrunk our budget gap from 44 percent to 11 percent -- now, 31 states of the Union have higher deficits, proportionally, than Puerto Rico -- and we will achieve a balanced budget in fiscal year 2013. Last year, Puerto Rico received the highest credit rating increase of any other state or territory in the nation, as well as its first positive credit outlook in nearly three decades.

Most importantly, as a result of the tough but necessary action we took to right our course, we're now in a position to truly unleash our people's freedom to prosper, by implementing the biggest tax cuts in Puerto Rico's history. Thanks to these tax cuts, the tax burden on individuals will be reduced by an average of 50 percent, and the tax burden on businesses by 30 percent.

The benefits of tax reform are central to a new era of economic vitality on the island, and they go hand in hand with the implementation of state-of-the-art public-private partnership investment legislation, reform of permitting, and energy reform, among other pro-growth initiatives.

Our experience in Puerto Rico, as well as those of other states and territories that are also grappling with equally formidable fiscal panoramas, can provide a lesson for Washington. As we rise together to meet the perilous challenges of fiscal irresponsibility and government encroach-ment that face us as a nation, we all have a responsibility to lead and keep the United States the number-one driver of peace, progress, and prosperity for generations to come.

Luis G. Fortuño is the governor of Puerto Rico, president-elect of the Council of State Governments, second vice president of the Southern Governors Association, and a member of the Board of Directors of the National Governors' Association Center for Best Practices.