Por Hernán Padilla
El Presupuesto para el año fiscal 2011-12 nos brinda la oportunidad de entender cuán limitados son los recursos de fondos locales para atender las necesidades y las aspiraciones del pueblo puertorriqueño. La situación fiscal es más compleja de lo que se percibe.
El Fondo General recibe $8,650 millones de contribuyentes y negocios en la Isla. De ese total, la contribución sobre ingresos de individuos ascendió a $2.574 millones, solo el 25% de todos los ingresos recibidos.
Ante esa realidad, necesitamos considerar el impacto de los fondos y los programas federales sobre la economía en Puerto Rico.
Los fondos para servicios sociales, protección de la familia y servicios a la niñez merecen escrutinio. La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia recibe $2,090,687,000 en fondos federales, lo que representa el 95.5% de su presupuesto. Sin esa ayuda federal no se recibirían $2,091 millones para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), $87 millones para ayuda temporal para familias necesitadas ni $5.6 millones para la rehabilitación económica de la familia.
Para describir cuán dependientes somos de los contribuyentes del norte, basta con señalar que la Administración de Familias y Niños recibe $54 millones para servicios del bienestar de los niños y el 95.2% del presupuesto de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), $184.5 millones provienen de fondos federales. La Administración para el Sustento de Menores, depende de $41 millones de fondos federales, 74% de su presupuesto total.
Los servicios de salud no se quedan atrás. La Administración de Servicios de Salud recibe $993 millones de Medicaid y Título XIX para los programas de asistencia médica; la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) recibe $35 millones; y el Departamento de Salud $476 millones. Educación va por el mismo camino. El 81% del presupuesto de la Administración de Rehabilitación Vocacional proviene de fondos federales ($72.7 millones), los servicios del Departamento de Educación dependen de $1,404 millones federales y la UPR recibe $305 millones en ayuda federal.
Sin hacer un desglose, es obvio que el gobierno federal subsidia la sociedad puertorriqueña mediante más de 300 programas federales. Los subsidios y donaciones han sido muy buenos para Puerto Rico, especialmente para los ciudadanos más necesitados. Hemos dado la lucha para que nos traten en condición de igualdad con los otros ciudadanos de los Estados Unidos. La realidad es que los contribuyentes de los cincuenta estados subsidian nuestra economía, la infraestructura y la función gubernamental.
Las transferencias federales suman más de $21,000 millones al año, incluyendo $7,500 millones de subsidios al Gobierno central para brindar servicios esenciales a toda la ciudadanía; $4,412 millones en otros pagos directos a los individuos y $1,176 millones en pagos de salarios y contratos de las agencias federales en Puerto Rico. Como ciudadanos americanos, pagamos $3,557 millones anualmente por contribuciones para la red de seguridad social, Seguro Social, Medicare y Seguro por Desempleo al gobierno federal. A cambio, recibimos $7,700 millones en beneficios de seguro social, retiro e incapacidad.
A pesar de las masivas ayudas y transferencias federales, las cifras de abril del 2011 del Departamento del Trabajo confirman que de una población no-institucional de 3,139,000 solo 1,266,000 personas buscan empleo y solo 1,061,000 estaban empleados.
Para complicar más la situación económica, la crisis fiscal que afecta a los Estados Unidos obligará al Congreso a tomar medidas que pueden tener un impacto negativo sobre los fondos federales destinados a Puerto Rico. La ayuda unilateral no va a durar para siempre. Tenemos que cambiar la dirección de nuestra economía. Es necesario buscar nuevas estrategias políticas, fiscales y económicas.
El experimento político y modelo colonial del ELA ha sido un fracaso económico. Urge resolver el estatus de Puerto Rico.
martes, 31 de mayo de 2011
domingo, 29 de mayo de 2011
The vicious circle of tornadoes
By Kenneth D. McClintock
This spring, a record number of tornadoes has killed a record number of victims, not only in the traditional tornado-alley of the midwest, but in the south and eastern seaboard of the United States, as well. As always, the President shows up to view the damage and hug a few victims and FEMA provides not only immediate assistance but billions of dollars to reconstruct that which has been lost.
In Puerto Rico, FEMA doesn't allow flood victims to reconstruct in floodable, low-lying areas. The federal agency also requires that destroyed wooden homes be rebuilt in concrete. However, those common-sensical rules in Puerto Rico are lost when FEMA alllows wooden homes to be reconstructed in wood back in the tornado-alleys of the nation. As a result, property insurance policy-holders throughout the nation pay for that mistake.
This year's record-high toll---in damages and deaths---should lead FEMA and the Federal government to do away with penny-wise, pound-fooloish building codes and start requiring rebuilding in concrete and steel, rather than wood, unsupported brick, cardboard roof shingles, superficial stucco and cardboard.
While it is more costly initially to build in weather-insulated concrete and steel, in the long-run, lower insurance premium rates and lower FEMA expenditures will save money, and the sturdier construction will save lives.
In Puerto Rico, every meteorological disaster has strengthened Puerto Rico against future disasters, and that strengthening is resulting in lower FEMA expenditures, lower insurance premiums and fewer lives lost in hurricanes and other weather-related events. In Puerto Rico, we don't use wood; we use concrete. In Puerto Rico we don't use unsupported brick, but concrete-reinforced walls that may be decorated with brick. In Puerto Rico, we don't use decorative stucco to hide the fact that there's only wood and cardboard behind; we use concrete plaster to hide reinforced concrete bricks or poured concrete walls. In Puerto Rico, we don't replace wooden roofs every ten or twenty years nor replace cardboard shingles every few years; we build concrete roofs that never require replacing.
The richest nation in the world should start investing as much in structurally-sound construction as its poorest territory invests.
This spring, a record number of tornadoes has killed a record number of victims, not only in the traditional tornado-alley of the midwest, but in the south and eastern seaboard of the United States, as well. As always, the President shows up to view the damage and hug a few victims and FEMA provides not only immediate assistance but billions of dollars to reconstruct that which has been lost.
In Puerto Rico, FEMA doesn't allow flood victims to reconstruct in floodable, low-lying areas. The federal agency also requires that destroyed wooden homes be rebuilt in concrete. However, those common-sensical rules in Puerto Rico are lost when FEMA alllows wooden homes to be reconstructed in wood back in the tornado-alleys of the nation. As a result, property insurance policy-holders throughout the nation pay for that mistake.
This year's record-high toll---in damages and deaths---should lead FEMA and the Federal government to do away with penny-wise, pound-fooloish building codes and start requiring rebuilding in concrete and steel, rather than wood, unsupported brick, cardboard roof shingles, superficial stucco and cardboard.
While it is more costly initially to build in weather-insulated concrete and steel, in the long-run, lower insurance premium rates and lower FEMA expenditures will save money, and the sturdier construction will save lives.
In Puerto Rico, every meteorological disaster has strengthened Puerto Rico against future disasters, and that strengthening is resulting in lower FEMA expenditures, lower insurance premiums and fewer lives lost in hurricanes and other weather-related events. In Puerto Rico, we don't use wood; we use concrete. In Puerto Rico we don't use unsupported brick, but concrete-reinforced walls that may be decorated with brick. In Puerto Rico, we don't use decorative stucco to hide the fact that there's only wood and cardboard behind; we use concrete plaster to hide reinforced concrete bricks or poured concrete walls. In Puerto Rico, we don't replace wooden roofs every ten or twenty years nor replace cardboard shingles every few years; we build concrete roofs that never require replacing.
The richest nation in the world should start investing as much in structurally-sound construction as its poorest territory invests.
viernes, 13 de mayo de 2011
Por un trato justo en Washington
Pedro R. Pierluisi - Comisionado Residente
Representar a Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos es una responsabilidad muy importante. Los intereses de nuestra isla en Washington tienen que ser velados a diario ya que el trabajo congresional impacta a los puertorriqueños en todos los frentes.
Desde el primer día de mi gestión en la capital federal comencé a luchar por la inclusión de Puerto Rico en el histórico Plan de Estímulo del Presidente Obama. Los logros obtenidos bajo la ley ARRA todavía están haciéndose sentir en nuestra isla con una inversión federal asignada de sobre $7 mil millones a todas las dependencias gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y pagos a individuos. En el año fiscal 2009-2010 Puerto Rico recibió sobre $2,800 millones en fondos federales nuevos y en el año fiscal actual ya se han gastado más de $2,000 millones más. Este dinero ha generado sobre 48,000 empleos en los pasados dos años y ha logrado proteger los trabajos de decenas de miles de puertorriqueños. Y el estímulo federal continuará fortaleciendo nuestra economía por varios años hasta que concluyan los desembolsos pendientes.
La salud pública es otra área en la que hemos tenido grandes logros. La reforma de salud federal aprobada el año pasado triplicará los fondos federales para la salud en Puerto Rico durante los próximos ocho años. La ardua batalla para ese aumento incluyó llevar el reclamo de nuestro pueblo directamente al Presidente Obama. Este histórico incremento en fondos ha permitido a nuestro gobierno ampliar y mejorar la cubierta bajo el nuevo programa MiSalud, añadiendo a más de 100,000 beneficiarios e incluyendo nuevos servicios y tratamientos. Esto nos encamina a nuestra meta de que en Puerto Rico todos tengan un seguro de salud adecuado.
En el tema del estatus hemos visto grandes avances que adelantan la resolución de este centenario problema. La aprobación del H.R. 2499 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el margen sin precedente de 54 votos, la carta de los líderes de la Comisión de Energía y Recursos del Senado federal, los Senadores Bingaman y Murkowski, confirmando que debemos expresarnos en un plebiscito y que sólo existen las opciones identificadas en el H.R. 2499, y el Informe de Casa Blanca avalando un proceso plebiscitario en Puerto Rico y reconociendo esas mismas opciones enmarcaron los eventos que nos llevarán a que Puerto Rico vuelva a expresarse sobre este tema de la forma más democrática: en las urnas.
El Informe de la Casa Blanca también respondió a nuestros reclamos de mayor apoyo del gobierno federal a nuestra lucha contra el crimen, la aplicación completa del "child tax credit" en la isla, mayor acceso a fondos federales y un plan verde para Vieques, entre otras recomendaciones.
Y es que en Washington y en Puerto Rico hemos trabajado todos los temas que atañen a la calidad de vida de los puertorriqueños. Por ejemplo, la agresiva defensa del programa federal de devolución de arbitrios del ron, luego del acuerdo entre las Islas Vírgenes y la empresa DIAGEO a mediados del 2008, nos ha llevado a presentar legislación que protegerá los fondos que recibe nuestra isla, limitando razonablemente los incentivos que puedan recibir los productores del ron.
La lucha a favor de nuestros veteranos incluye haber logrado una directriz congresional para que el Departamento de la Defensa ofrezca el programa TRICARE Prime a los veteranos puertorriqueños, asignaciones extraordinarias para las mejoras en curso al Hospital de Veteranos en San Juan, la apertura o expansión de las clínicas regionales de la Administración de Veteranos en la isla, el futuro establecimiento de un Centro de Salud para nuestros veteranos del área sur y la ampliación del Cementerio Nacional, entre muchas otras medidas.
Por otro lado, hemos conseguido grandes asignaciones para proyectos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en Puerto Rico, hemos logrado incluir una disposición en la Ley de Reautorización de la Defensa a favor de la limpieza de la Playa Flamenco en Culebra, y hemos tenido una altísima productividad legislativa con 21 proyectos de ley presentados y 388 co-auspiciados, con varias medidas que tienen buena probabilidad de ser aprobadas, tales como el programa de intercambio de maestros, el aumento en el número de nominaciones para Academias Militares, y el programa de reclutamiento y retención de oficiales de ley y orden en áreas de alta incidencia criminal.
Asimismo, hemos visitado y atendido a la gran mayoría de los municipios de la isla, realizado foros para los alcaldes con agencias federales como el Cuerpo de Ingenieros y la USDA Rural Development, efectuado foros para empresarios con miras a que aumente su participación en contrataciones federales, creado un Comité Asesor Agrícola y auspiciado actividades con la USDA Farm Service Agency a favor de esa industria.
En fin, el cargo de Comisionado Residente es muy importante para el bienestar de los puertorriqueños porque todos los días hay que abogar por un trato justo en Washington.
Representar a Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos es una responsabilidad muy importante. Los intereses de nuestra isla en Washington tienen que ser velados a diario ya que el trabajo congresional impacta a los puertorriqueños en todos los frentes.
Desde el primer día de mi gestión en la capital federal comencé a luchar por la inclusión de Puerto Rico en el histórico Plan de Estímulo del Presidente Obama. Los logros obtenidos bajo la ley ARRA todavía están haciéndose sentir en nuestra isla con una inversión federal asignada de sobre $7 mil millones a todas las dependencias gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y pagos a individuos. En el año fiscal 2009-2010 Puerto Rico recibió sobre $2,800 millones en fondos federales nuevos y en el año fiscal actual ya se han gastado más de $2,000 millones más. Este dinero ha generado sobre 48,000 empleos en los pasados dos años y ha logrado proteger los trabajos de decenas de miles de puertorriqueños. Y el estímulo federal continuará fortaleciendo nuestra economía por varios años hasta que concluyan los desembolsos pendientes.
La salud pública es otra área en la que hemos tenido grandes logros. La reforma de salud federal aprobada el año pasado triplicará los fondos federales para la salud en Puerto Rico durante los próximos ocho años. La ardua batalla para ese aumento incluyó llevar el reclamo de nuestro pueblo directamente al Presidente Obama. Este histórico incremento en fondos ha permitido a nuestro gobierno ampliar y mejorar la cubierta bajo el nuevo programa MiSalud, añadiendo a más de 100,000 beneficiarios e incluyendo nuevos servicios y tratamientos. Esto nos encamina a nuestra meta de que en Puerto Rico todos tengan un seguro de salud adecuado.
En el tema del estatus hemos visto grandes avances que adelantan la resolución de este centenario problema. La aprobación del H.R. 2499 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el margen sin precedente de 54 votos, la carta de los líderes de la Comisión de Energía y Recursos del Senado federal, los Senadores Bingaman y Murkowski, confirmando que debemos expresarnos en un plebiscito y que sólo existen las opciones identificadas en el H.R. 2499, y el Informe de Casa Blanca avalando un proceso plebiscitario en Puerto Rico y reconociendo esas mismas opciones enmarcaron los eventos que nos llevarán a que Puerto Rico vuelva a expresarse sobre este tema de la forma más democrática: en las urnas.
El Informe de la Casa Blanca también respondió a nuestros reclamos de mayor apoyo del gobierno federal a nuestra lucha contra el crimen, la aplicación completa del "child tax credit" en la isla, mayor acceso a fondos federales y un plan verde para Vieques, entre otras recomendaciones.
Y es que en Washington y en Puerto Rico hemos trabajado todos los temas que atañen a la calidad de vida de los puertorriqueños. Por ejemplo, la agresiva defensa del programa federal de devolución de arbitrios del ron, luego del acuerdo entre las Islas Vírgenes y la empresa DIAGEO a mediados del 2008, nos ha llevado a presentar legislación que protegerá los fondos que recibe nuestra isla, limitando razonablemente los incentivos que puedan recibir los productores del ron.
La lucha a favor de nuestros veteranos incluye haber logrado una directriz congresional para que el Departamento de la Defensa ofrezca el programa TRICARE Prime a los veteranos puertorriqueños, asignaciones extraordinarias para las mejoras en curso al Hospital de Veteranos en San Juan, la apertura o expansión de las clínicas regionales de la Administración de Veteranos en la isla, el futuro establecimiento de un Centro de Salud para nuestros veteranos del área sur y la ampliación del Cementerio Nacional, entre muchas otras medidas.
Por otro lado, hemos conseguido grandes asignaciones para proyectos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en Puerto Rico, hemos logrado incluir una disposición en la Ley de Reautorización de la Defensa a favor de la limpieza de la Playa Flamenco en Culebra, y hemos tenido una altísima productividad legislativa con 21 proyectos de ley presentados y 388 co-auspiciados, con varias medidas que tienen buena probabilidad de ser aprobadas, tales como el programa de intercambio de maestros, el aumento en el número de nominaciones para Academias Militares, y el programa de reclutamiento y retención de oficiales de ley y orden en áreas de alta incidencia criminal.
Asimismo, hemos visitado y atendido a la gran mayoría de los municipios de la isla, realizado foros para los alcaldes con agencias federales como el Cuerpo de Ingenieros y la USDA Rural Development, efectuado foros para empresarios con miras a que aumente su participación en contrataciones federales, creado un Comité Asesor Agrícola y auspiciado actividades con la USDA Farm Service Agency a favor de esa industria.
En fin, el cargo de Comisionado Residente es muy importante para el bienestar de los puertorriqueños porque todos los días hay que abogar por un trato justo en Washington.
jueves, 12 de mayo de 2011
Colegiación como opción
Por José Aponte Hernández
Legislados y ex- Presidente de la Cámara de Representantes
En busca de garantizar el derecho constitucional a la libertad de asociación y respondiendo al reclamo de muchos trabajadores, el pasado 11 de abril, este servidor y la representante Liza Fernández Rodríguez, radicamos un paquete de medidas encaminadas a eliminar la entrada obligatoria a grupos técnicos y profesionales.
Nuestra intención en todo momento ha sido darles opciones a estos profesionales a que sean ellos los que decidan si se quieren unir a sus respectivos colegios y no el Gobierno. Bajo ninguna circunstancia se puede interpretar este paquete de medidas como un intento de eliminar los colegios. Al contrario, estas medidas podrían resultar en un fortalecimiento de los mismos ya que se verían obligados a mejorar sus ofrecimientos para mantener sus respectivas matrículas.
Los proyectos de la Cámara 3316 al 3326 proponen eliminar la colegiación compulsoria a los actores, barberos, contadores públicos, profesionales de la enfermería, farmacéuticos, mecánicos y técnicos automotrices, nutricionistas, electricistas, plomeros y técnicos de refrigeración, cuyas profesiones no son reguladas por sus respectivos colegios, sino por las respectivas juntas examinadoras adscritas a la Rama Ejecutiva, entiéndase el Departamento de Estado o el Departamento de Salud.
De la misma manera que la persona elige libremente pertenecer a un partido político u organización cívica, o escoge profesar una religión, también debe tener la libertad de pertenecer a la asociación u organización profesional que prefiera. Entendemos que los colegios deben servir como órganos para defender los intereses de la profesión y a la vez ofrecer mecanismos y programas para mejorar la profesión y las condiciones de trabajo de sus miembros.
Nosotros apoyamos los colegios profesionales, pero bajo la premisa de que los profesionales tengan la libertad de decidir si quieren unirse a ellos, como es garantizado por las cláusulas de libertad de asociación en la Primera Enmienda de Constitución de Estados Unidos y en el Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. La colegiación debe ser una opción, no una imposición.
Legislados y ex- Presidente de la Cámara de Representantes
En busca de garantizar el derecho constitucional a la libertad de asociación y respondiendo al reclamo de muchos trabajadores, el pasado 11 de abril, este servidor y la representante Liza Fernández Rodríguez, radicamos un paquete de medidas encaminadas a eliminar la entrada obligatoria a grupos técnicos y profesionales.
Nuestra intención en todo momento ha sido darles opciones a estos profesionales a que sean ellos los que decidan si se quieren unir a sus respectivos colegios y no el Gobierno. Bajo ninguna circunstancia se puede interpretar este paquete de medidas como un intento de eliminar los colegios. Al contrario, estas medidas podrían resultar en un fortalecimiento de los mismos ya que se verían obligados a mejorar sus ofrecimientos para mantener sus respectivas matrículas.
Los proyectos de la Cámara 3316 al 3326 proponen eliminar la colegiación compulsoria a los actores, barberos, contadores públicos, profesionales de la enfermería, farmacéuticos, mecánicos y técnicos automotrices, nutricionistas, electricistas, plomeros y técnicos de refrigeración, cuyas profesiones no son reguladas por sus respectivos colegios, sino por las respectivas juntas examinadoras adscritas a la Rama Ejecutiva, entiéndase el Departamento de Estado o el Departamento de Salud.
De la misma manera que la persona elige libremente pertenecer a un partido político u organización cívica, o escoge profesar una religión, también debe tener la libertad de pertenecer a la asociación u organización profesional que prefiera. Entendemos que los colegios deben servir como órganos para defender los intereses de la profesión y a la vez ofrecer mecanismos y programas para mejorar la profesión y las condiciones de trabajo de sus miembros.
Nosotros apoyamos los colegios profesionales, pero bajo la premisa de que los profesionales tengan la libertad de decidir si quieren unirse a ellos, como es garantizado por las cláusulas de libertad de asociación en la Primera Enmienda de Constitución de Estados Unidos y en el Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. La colegiación debe ser una opción, no una imposición.
martes, 10 de mayo de 2011
A reconstruir lo destruido por otros
Mensaje del Secretario de Estado de Puerto Rico
Hon. Kenneth McClintock Hernández
Salón de la Fama de la
Agricultura Puertorriqueña
6 de mayo de 2011
Amigas y Amigos…
Agradezco al Gobernador de Puerto Rico, honorable Luis Fortuño, la oportunidad que me ha brindado de, junto a mi amigo, nuestro Secretario de Agricultura Javier Rivera Aquino, representarlo esta noche, en ocasión de inaugurarse el Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña.
En la década de los años '40 y '50 el Gobierno de Puerto Rico adoptó una política pública para desarrollar a la industria de la manufactura como principal fuente de empleo, sustituyendo a la industria agrícola azucarera que hasta entonces lo había sido. El cambio abrupto fue devastador en nuestra zona rural, creándose un agudo desempleo y la desestabilización de la estructura económica industrial de una Isla acostumbrada a ser una de las principales fuentes de producción y exportación de azúcar del mundo entero. Entre 1951 a 1968, 17 centrales azucareras cerraron operaciones en Puerto Rico.
El "tiempo muerto" de inactividad laboral que se daba entre zafras, se hizo eterno, y ante la ausencia de una estrategia agrícola con la que enfrentar aquella debacle, el gobierno se inventó una solución dramática y traumática. Decenas de miles de trabajadores de la caña —sin otra destreza que la de la siembra, la zafra y la molienda— fueron empaquetados en masa, emigrados por el gobierno hacia las fincas de tomate y remolachas de los Estados Unidos Continentales, desarraigados de sus familias y comunidades, sin que siquiera se les diera un cursito elemental de Inglés conversacional.
En Puerto Rico padecemos de memoria histórica deficiente. En los últimos dos años se repite al cansancio que las reducciones de personal gubernamental provocados por el menoscabo presupuestario del gobierno, se constituye en el peor momento de crisis laboral de nuestra historia. Los que así lo expresan hábilmente olvidaron sus raíces, de cuando el gobierno creó a la diáspora puertorriqueña en el Norte, .degradando la industria agrícola boricua y exportando a la mano de obra recién desempleada, sin preparación, al continente
Lo trágico de las decisiones de aquel tiempo es que la industrialización de Puerto Rico pudo haberse dado sin el alto precio de abandonar nuestra industria agrícola… de aquello, la agricultura puertorriqueña jamás ha podido recuperarse.
De entonces a hoy, hemos ensayado múltiples estrategias con las que revivirla; reformas agrarias, programas pilotos, métodos experimentales; hmos importado buenas ideas hasta de Israel; tenemos una reserva agrícola en el Valle de Lajas donde apenas se siembra; tuvimos grandes sembradíos de piña pero ahora importamos el jugo o lo elaboramos con materia prima foránea; sembramos camarones en charcas artificiales, las abandonamos, y seguimos consumiendo camarones asiáticos.
Lo único alentador en este panorama, es la experiencia de los últimos años. Los tiempos malos invitan a la reflexión y a la enmienda. En España, como sucedió en Puerto Rico, los trabajadores abandonaron los campos, se mudaron a la ciudad y dejaron el sudor agrícola a los trabajadores inmigrantes. Ahora hay más de cuatro millones de "parados" en España… muchos están regresando a los campos, a reclamar sus antiguos empleos.
La buena noticia es que en Puerto Rico se ha visto surgir una nueva generación de agricultores encabezados por un joven pero conocedor agrónomo, Javier Rivera Aquino, dispuestos a rescatar terrenos fértiles en desuso y ampliar nuestra oferta de productos agrícolas. Lo que ha sucedido en la región sureste es un buen ejemplo del éxito que podemos alcanzar, desarrollando una política pública sensata que dé nueva vida a la agricultura puertorriqueña. La industria cafetalera sigue teniendo problemas serios en su etapa de recogido del grano pero la sapiencia y destreza de los viejos caficultores puertorriqueños ha sido buena herencia para una nueva generación que ha comprobado que, a base de calidad, se compite y se gana dinero.
Nuestra Administración ha tenido las manos llenas enderezando las finanzas del gobierno, superando el déficit presupuestario que amenazó reducirnos a la quiebra colectiva y creando conciencia de que el gobierno no puede seguir gastando más de lo que recibe. Esta agenda de esfuerzo para enderezar a Puerto Rico no excluye sino que, por lo contrario, incluye el fortalecimiento de la agricultura puertorriqueña.
Como adelantó el gobernador Fortuño en su mensaje sobre la situación del Estado recientemente, nuestro joven Secretario de Agricultura tiene el total y absoluto respaldo de su Administración en la implantación de un agresivo programa de fomento agrícola. Parafraseando una conocida sentencia bíblica y anticipando la suspicacia que por la experiencia pasada provoca el anuncio de otra iniciativa agrícola, yo hoy les digo: "Por sus frutos los conoceréis".
Apenas esta mañana, me reuní con una emprea local que quiere ayudar a fincas agrícolas pequeñas a sobrevivir, para lo cual ha completado un proyecto piloto que confirma que se pueden dar un sinnúmero de cosechas hidropónicas que incluyen frutas y vegetales todo el año en torres verticales.
Estas torres hidropónicas de siembras orgánicas pueden ser manufacturadas en fábricas puertorriqueñas, con mano de obra puertorriqueña. Usando energía solar renovable, eliminando el uso costoso del petróleo, le dan uso a agua reciclada.
Nuevas tecnologías como éstas y otras pueden crear un sector agrícola cada vez más competitivo. Esta tecnología fue producto de jóvenes de la Universidad del Turabo, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Illinois. Esto es otra muestra de cómo podemos cultivar una parte importante del futuro, al exportar maquinaria, tecnología y alimentos a otros, espeialmente al Caribe. Iniciativas como éstas pronto estarán levantando capital privado para expandirse.
Nuestra administración apoya iniciativas,innovadoras y costo-efectivas, no solo por el gran potencial que representa para nuestra agricultura sino porque puede representar la creación de miles de empleos en Puerto Rico.
Finalmente, por todo lo anteriormente dicho, lo que hoy aquí sucede es un acto de justicia. Los agricultores puertorriqueños que hoy son exaltados al Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña fueron héroes que enfrentaron la adversidad de la mala política gubernamental, que sobrevivieron al tiempo malo y convirtieron el fracaso en éxito. A ésos primeros doce familias e individuos, agricultores puertorriqueños, que hoy reciben este honor y reconocimiento de sus pares, a nombre del Gobernador y del Pueblo de Puerto Rico, nuestro respeto, nuestro agradecimiento… nuestra admiración.
Muchas gracias.
Hon. Kenneth McClintock Hernández
Salón de la Fama de la
Agricultura Puertorriqueña
6 de mayo de 2011
Amigas y Amigos…
Agradezco al Gobernador de Puerto Rico, honorable Luis Fortuño, la oportunidad que me ha brindado de, junto a mi amigo, nuestro Secretario de Agricultura Javier Rivera Aquino, representarlo esta noche, en ocasión de inaugurarse el Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña.
En la década de los años '40 y '50 el Gobierno de Puerto Rico adoptó una política pública para desarrollar a la industria de la manufactura como principal fuente de empleo, sustituyendo a la industria agrícola azucarera que hasta entonces lo había sido. El cambio abrupto fue devastador en nuestra zona rural, creándose un agudo desempleo y la desestabilización de la estructura económica industrial de una Isla acostumbrada a ser una de las principales fuentes de producción y exportación de azúcar del mundo entero. Entre 1951 a 1968, 17 centrales azucareras cerraron operaciones en Puerto Rico.
El "tiempo muerto" de inactividad laboral que se daba entre zafras, se hizo eterno, y ante la ausencia de una estrategia agrícola con la que enfrentar aquella debacle, el gobierno se inventó una solución dramática y traumática. Decenas de miles de trabajadores de la caña —sin otra destreza que la de la siembra, la zafra y la molienda— fueron empaquetados en masa, emigrados por el gobierno hacia las fincas de tomate y remolachas de los Estados Unidos Continentales, desarraigados de sus familias y comunidades, sin que siquiera se les diera un cursito elemental de Inglés conversacional.
En Puerto Rico padecemos de memoria histórica deficiente. En los últimos dos años se repite al cansancio que las reducciones de personal gubernamental provocados por el menoscabo presupuestario del gobierno, se constituye en el peor momento de crisis laboral de nuestra historia. Los que así lo expresan hábilmente olvidaron sus raíces, de cuando el gobierno creó a la diáspora puertorriqueña en el Norte, .degradando la industria agrícola boricua y exportando a la mano de obra recién desempleada, sin preparación, al continente
Lo trágico de las decisiones de aquel tiempo es que la industrialización de Puerto Rico pudo haberse dado sin el alto precio de abandonar nuestra industria agrícola… de aquello, la agricultura puertorriqueña jamás ha podido recuperarse.
De entonces a hoy, hemos ensayado múltiples estrategias con las que revivirla; reformas agrarias, programas pilotos, métodos experimentales; hmos importado buenas ideas hasta de Israel; tenemos una reserva agrícola en el Valle de Lajas donde apenas se siembra; tuvimos grandes sembradíos de piña pero ahora importamos el jugo o lo elaboramos con materia prima foránea; sembramos camarones en charcas artificiales, las abandonamos, y seguimos consumiendo camarones asiáticos.
Lo único alentador en este panorama, es la experiencia de los últimos años. Los tiempos malos invitan a la reflexión y a la enmienda. En España, como sucedió en Puerto Rico, los trabajadores abandonaron los campos, se mudaron a la ciudad y dejaron el sudor agrícola a los trabajadores inmigrantes. Ahora hay más de cuatro millones de "parados" en España… muchos están regresando a los campos, a reclamar sus antiguos empleos.
La buena noticia es que en Puerto Rico se ha visto surgir una nueva generación de agricultores encabezados por un joven pero conocedor agrónomo, Javier Rivera Aquino, dispuestos a rescatar terrenos fértiles en desuso y ampliar nuestra oferta de productos agrícolas. Lo que ha sucedido en la región sureste es un buen ejemplo del éxito que podemos alcanzar, desarrollando una política pública sensata que dé nueva vida a la agricultura puertorriqueña. La industria cafetalera sigue teniendo problemas serios en su etapa de recogido del grano pero la sapiencia y destreza de los viejos caficultores puertorriqueños ha sido buena herencia para una nueva generación que ha comprobado que, a base de calidad, se compite y se gana dinero.
Nuestra Administración ha tenido las manos llenas enderezando las finanzas del gobierno, superando el déficit presupuestario que amenazó reducirnos a la quiebra colectiva y creando conciencia de que el gobierno no puede seguir gastando más de lo que recibe. Esta agenda de esfuerzo para enderezar a Puerto Rico no excluye sino que, por lo contrario, incluye el fortalecimiento de la agricultura puertorriqueña.
Como adelantó el gobernador Fortuño en su mensaje sobre la situación del Estado recientemente, nuestro joven Secretario de Agricultura tiene el total y absoluto respaldo de su Administración en la implantación de un agresivo programa de fomento agrícola. Parafraseando una conocida sentencia bíblica y anticipando la suspicacia que por la experiencia pasada provoca el anuncio de otra iniciativa agrícola, yo hoy les digo: "Por sus frutos los conoceréis".
Apenas esta mañana, me reuní con una emprea local que quiere ayudar a fincas agrícolas pequeñas a sobrevivir, para lo cual ha completado un proyecto piloto que confirma que se pueden dar un sinnúmero de cosechas hidropónicas que incluyen frutas y vegetales todo el año en torres verticales.
Estas torres hidropónicas de siembras orgánicas pueden ser manufacturadas en fábricas puertorriqueñas, con mano de obra puertorriqueña. Usando energía solar renovable, eliminando el uso costoso del petróleo, le dan uso a agua reciclada.
Nuevas tecnologías como éstas y otras pueden crear un sector agrícola cada vez más competitivo. Esta tecnología fue producto de jóvenes de la Universidad del Turabo, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Illinois. Esto es otra muestra de cómo podemos cultivar una parte importante del futuro, al exportar maquinaria, tecnología y alimentos a otros, espeialmente al Caribe. Iniciativas como éstas pronto estarán levantando capital privado para expandirse.
Nuestra administración apoya iniciativas,innovadoras y costo-efectivas, no solo por el gran potencial que representa para nuestra agricultura sino porque puede representar la creación de miles de empleos en Puerto Rico.
Finalmente, por todo lo anteriormente dicho, lo que hoy aquí sucede es un acto de justicia. Los agricultores puertorriqueños que hoy son exaltados al Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña fueron héroes que enfrentaron la adversidad de la mala política gubernamental, que sobrevivieron al tiempo malo y convirtieron el fracaso en éxito. A ésos primeros doce familias e individuos, agricultores puertorriqueños, que hoy reciben este honor y reconocimiento de sus pares, a nombre del Gobernador y del Pueblo de Puerto Rico, nuestro respeto, nuestro agradecimiento… nuestra admiración.
Muchas gracias.
Business Monitor International on Puerto Rico - May 2011
POLITICAL RISK - Budget Increase On Fiscal Health
Puerto Rican Governor Luis Fortuño has announced a US$110mn boost to spending in the budget for GY2012 (beginning in July 2011), the first expenditure increase in over two years. The higher spending is predicated on a rise in projected revenues, based on improving economic conditions as the island emerges from five years of recession. The areas set to benefit from increase expenditure are public security, health and education, and could in our view mitigate some of the anger over aggressive fiscal austerity measures introduced by the Fortuño administration.
Puerto Rico scores 64.0 in our short-term political risk ratings.
ECONOMIC RISK - Sales Taxes Indicate Consumer Strength
Sales tax revenue in March was 8.8% higher than in the same period in 2011, following 4.5% and 3.1% y-o-y increases in January and February, respectively. In our view this indicates that the economic recovery in Puerto Rico is finally gaining traction as unemployment comes down and consumer purchasing power increases. Moreover, we believe these positive readings reflect the boost to private spending generated by Fortuño's cuts to personal taxation levels in late 2010, suggesting that both private consumption and sales tax revenues should continue to tick up through 2011.
Puerto Rico scores 59.4 in our short-term economic risk ratings.
BUSINESS ENVIRONMENT - EPA Tourism Agreement
The US Environmental Protection Agency (EPA) has signed a memorandum of understanding with the Puerto Rican Tourism Agency to promote sustainable tourism practices. The EPA agreement is the first of its kind, and in our view should enhance Puerto Rico's green credentials, boosting its nascent eco-tourism industry. Expanding and diversifying the industry is a key facet of the administration's structural economic reforms. As such, a number of ongoing infrastructure upgrades - including a planned new airport - combined with the EPA agreement should allow the sector to contribute positively to the island's economic recovery in the coming years.
For read the Original article: click here.
Puerto Rican Governor Luis Fortuño has announced a US$110mn boost to spending in the budget for GY2012 (beginning in July 2011), the first expenditure increase in over two years. The higher spending is predicated on a rise in projected revenues, based on improving economic conditions as the island emerges from five years of recession. The areas set to benefit from increase expenditure are public security, health and education, and could in our view mitigate some of the anger over aggressive fiscal austerity measures introduced by the Fortuño administration.
Puerto Rico scores 64.0 in our short-term political risk ratings.
ECONOMIC RISK - Sales Taxes Indicate Consumer Strength
Sales tax revenue in March was 8.8% higher than in the same period in 2011, following 4.5% and 3.1% y-o-y increases in January and February, respectively. In our view this indicates that the economic recovery in Puerto Rico is finally gaining traction as unemployment comes down and consumer purchasing power increases. Moreover, we believe these positive readings reflect the boost to private spending generated by Fortuño's cuts to personal taxation levels in late 2010, suggesting that both private consumption and sales tax revenues should continue to tick up through 2011.
Puerto Rico scores 59.4 in our short-term economic risk ratings.
BUSINESS ENVIRONMENT - EPA Tourism Agreement
The US Environmental Protection Agency (EPA) has signed a memorandum of understanding with the Puerto Rican Tourism Agency to promote sustainable tourism practices. The EPA agreement is the first of its kind, and in our view should enhance Puerto Rico's green credentials, boosting its nascent eco-tourism industry. Expanding and diversifying the industry is a key facet of the administration's structural economic reforms. As such, a number of ongoing infrastructure upgrades - including a planned new airport - combined with the EPA agreement should allow the sector to contribute positively to the island's economic recovery in the coming years.
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lunes, 9 de mayo de 2011
El ELA No Tiene Zapata Jurídica
Por Hernan Padilla, MD.
El Informe aprobado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso sobre el status de Puerto Rico llega a la conclusión inescapable, el ELA carece de zapata jurídica constitucional. Así lo entiende el Congresista Serrano, puertorriqueño serio y valiente.
Aquellos que creen en la mentira del “pacto bilateral”, entiendan que un plebiscito ordenado por el Congreso seria regido por las Leyes Federales. Los Tribunales Federales tendrán jurisdicción exclusiva para resolver controversias. Cual “pacto bilateral”?
La Constitución de Los Estados Unidos define solo cuatro formas de status políticos: Estados, el Distrito Federal, las Tribus Indígenas, y los Territorios.
La Cláusula Territorial cede al Congreso el poder de gobernar los territorios, como Puerto Rico, en asuntos locales y Nacionales. El Tribunal Supremo decidió que los Estados Unidos pueden ejercer soberanía y gobernar los territorios no incorporados, como Puerto Rico. Los derechos Constitucionales no aplican automáticamente a los Territorios.
La Ciudadanía Americana, que apreciamos los puertorriqueños, la concedió el Congreso mediante una ley, no la Constitución. La Ciudadanía Americana la cobija la “soberanía” del la Nación Americana.
La Ley 600 autorizo a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La relación Territorial continua bajo el “Puerto Rican Federal Relations Act”. El alegado “pacto” nunca existió.
Muñoz Marín acepto públicamente que la Ley 600 no elimino el poder plenario y exclusivo del Congreso sobre Puerto Rico. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El Congreso administra la Cláusula Territorial y provee las condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado.
La Constitución de Puerto Rico no define un cambio político. Las Leyes del 1950 y 1952 no autorizaron “libre asociación” con los Estados Unidos. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico. Esta es la cruda realidad de la colonia.
El “Commonwealth” no es un “status político y no implica un status diferente. Puerto Rico es un Territorio; no es una Nación soberana en libre asociación con los Estados Unidos. Esta es la gran mentira. Su nombre es ELA, su apellido colonia.
El Tribunal Supremo Federal dictamino que la Cláusula Territorial opera en PR. El Congreso tiene el poder para aprobar todas las reglas y reglamentos sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en Puerto Rico (Rodríguez vs. PPD, 1982).
La nueva propuesta del ELA culminado contiene principios que fueron “rechazados” y no aceptables para al Congreso.
La Administración del Presidente Clinton determino que la propuesta del PPD de un ELA culminado (Enhanced Commonwealth) viola la Constitución y no es aceptable. La propuesta de “consentimiento mutuo” (pacto bilateral) no es aceptable. El Congreso no puede obligar a futuros Congresos. La soberanía que ellos reclaman convertiría a Puerto Rico en una Nación Independiente. La Nación de Puerto Rico no puede ser parte de los Estados Unidos.
Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano.
Un futuro plebiscito o Convención Constituyente solo puede considerar y escoger entre Independencia, Estadidad, y una Nación Independiente asociada con los Estados Unidos. En otras palabras, Puerto Rico tiene que pedir la Independencia y luego solicitar un acuerdo con los Estados Unidos. Acuerdo que es revocable unilateralmente.
Amigo lector, la Republica Asociada es una de las únicas tres alternativas aceptables bajo la Constitución Americana y el derecho Internacional. Puerto Rico solo puede considerar un status que sea compatible con la Constitución, las leyes básicas y la política publica de los Estados Unidos.
El ELA Culminado (enhanced Commonwealth) no es un status viable y no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia.
Bajo la “soberanía” que reclaman los lideres de la colonia, crearían una Nación Independiente sin votar por la independencia, y asociarla a Estados Unidos antes de ser una Republica, como en “Republica Asociada”. Las nuevas generaciones no serian Ciudadanos Americanos.
El ELA no tiene zapata. No existen cimientos para sostenerla. La solución final es inaplazable. El Congreso Americano tiene que actuar AHORA.
El Informe aprobado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso sobre el status de Puerto Rico llega a la conclusión inescapable, el ELA carece de zapata jurídica constitucional. Así lo entiende el Congresista Serrano, puertorriqueño serio y valiente.
Aquellos que creen en la mentira del “pacto bilateral”, entiendan que un plebiscito ordenado por el Congreso seria regido por las Leyes Federales. Los Tribunales Federales tendrán jurisdicción exclusiva para resolver controversias. Cual “pacto bilateral”?
La Constitución de Los Estados Unidos define solo cuatro formas de status políticos: Estados, el Distrito Federal, las Tribus Indígenas, y los Territorios.
La Cláusula Territorial cede al Congreso el poder de gobernar los territorios, como Puerto Rico, en asuntos locales y Nacionales. El Tribunal Supremo decidió que los Estados Unidos pueden ejercer soberanía y gobernar los territorios no incorporados, como Puerto Rico. Los derechos Constitucionales no aplican automáticamente a los Territorios.
La Ciudadanía Americana, que apreciamos los puertorriqueños, la concedió el Congreso mediante una ley, no la Constitución. La Ciudadanía Americana la cobija la “soberanía” del la Nación Americana.
La Ley 600 autorizo a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La relación Territorial continua bajo el “Puerto Rican Federal Relations Act”. El alegado “pacto” nunca existió.
Muñoz Marín acepto públicamente que la Ley 600 no elimino el poder plenario y exclusivo del Congreso sobre Puerto Rico. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El Congreso administra la Cláusula Territorial y provee las condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado.
La Constitución de Puerto Rico no define un cambio político. Las Leyes del 1950 y 1952 no autorizaron “libre asociación” con los Estados Unidos. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico. Esta es la cruda realidad de la colonia.
El “Commonwealth” no es un “status político y no implica un status diferente. Puerto Rico es un Territorio; no es una Nación soberana en libre asociación con los Estados Unidos. Esta es la gran mentira. Su nombre es ELA, su apellido colonia.
El Tribunal Supremo Federal dictamino que la Cláusula Territorial opera en PR. El Congreso tiene el poder para aprobar todas las reglas y reglamentos sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en Puerto Rico (Rodríguez vs. PPD, 1982).
La nueva propuesta del ELA culminado contiene principios que fueron “rechazados” y no aceptables para al Congreso.
La Administración del Presidente Clinton determino que la propuesta del PPD de un ELA culminado (Enhanced Commonwealth) viola la Constitución y no es aceptable. La propuesta de “consentimiento mutuo” (pacto bilateral) no es aceptable. El Congreso no puede obligar a futuros Congresos. La soberanía que ellos reclaman convertiría a Puerto Rico en una Nación Independiente. La Nación de Puerto Rico no puede ser parte de los Estados Unidos.
Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano.
Un futuro plebiscito o Convención Constituyente solo puede considerar y escoger entre Independencia, Estadidad, y una Nación Independiente asociada con los Estados Unidos. En otras palabras, Puerto Rico tiene que pedir la Independencia y luego solicitar un acuerdo con los Estados Unidos. Acuerdo que es revocable unilateralmente.
Amigo lector, la Republica Asociada es una de las únicas tres alternativas aceptables bajo la Constitución Americana y el derecho Internacional. Puerto Rico solo puede considerar un status que sea compatible con la Constitución, las leyes básicas y la política publica de los Estados Unidos.
El ELA Culminado (enhanced Commonwealth) no es un status viable y no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia.
Bajo la “soberanía” que reclaman los lideres de la colonia, crearían una Nación Independiente sin votar por la independencia, y asociarla a Estados Unidos antes de ser una Republica, como en “Republica Asociada”. Las nuevas generaciones no serian Ciudadanos Americanos.
El ELA no tiene zapata. No existen cimientos para sostenerla. La solución final es inaplazable. El Congreso Americano tiene que actuar AHORA.
domingo, 8 de mayo de 2011
Un análisis económico impactante
Por Kenneth D. McClintock Hernández
Secretario de Estado de Puerto Rico
Durante los pasados 40 años, desde que tenía 13 años de edad, he participado en literalmente centenares de foros y conferencias relacionados con el status politico de Puerto Rico, inicialmente como miembro de la audiencia y, en la mayor parte de las ocasiones, como orador o panelista. En la mayor parte de las ocasiones, el contenido es repetitivo o una versión mejorada de esencialmente la misma información o argumentación. La ponencia del doctor Carlos Colón De Armas, “The Economic Aspects of the Political Status of Puerto Rico and other Fallacies”, como panelista junto a mí y otros en un evento en el Congreso auspiciado por el Center for Puerto Rican Equality Advancement (CPREA) fue la excepción a la regla, al presentar datos y análisis que nunca había visto antes.
Aunque la discusión de aspectos económicos tiende a ser árida, compleja y complicada, el profesor Colón De Armas presentó un análisis novel que resultó entendible a más de un centenar de asesores congresionales, puertorriqueños residentes en la Capital federal y otras personas interesadas en el status de Puerto Rico que asistieron al foro.
El análisis prueba, sin lugar a dudas que la Sección 936, lejos de ayudar a Puerto Rico, le hizo un daño severo a nuestra economía que ha frenado el crecimiento económico desde entonces.
Como sabemos, la sección 936 del Código de Rentas Internas federal fue legislada en 1976 para proveer un extraordinario trato contributivo a las ganancias de corporaciones que tenían operaciones de manufactura en Puerto Rico.
Cuando se legisló en 1996 para su gradual eliminación entre 1996 y 2005, el entonces gobernador Pedro Rosselló, el Comisionado Residente y ex-gobernador Carlos Romero Barceló y el Partido Nuevo Progresista fueron acusados de destruir el futuro económico de Puerto Rico por provocar o permitir la eliminación de la Sección 936.
El 3 de mayo, en la Capital federal, el doctor Colón De Armas, con hechos y datos irrefutables probó lo contrario.
PIB/GDP versus PNB/GNP
En español, el Gross Domestic Product (GDP) se traduce a Producto Interno Bruto (PIB) mientras que el Gross National Product (GNP) se traduce a Producto Nacional Bruto (PNB) (no teniendo la palabra “nacional” nada que ver con el status político).
A continuación las definiciones:
Ü El PIB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos y vendidos dentro de las fronteras de un país durante un período de tiempo dado.
Ü El PNB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos y vendidos por los residentes de un país durante un período de tiempo dado, independientemente de dónde ocurrió la producción.
En otras palabras, el PIB tiene un enfoque geográfico (lo que se produce dentro de las fronteras) y el PNB tiene un enfoque de domicilio (lo que producen los residentes permanentes del país). En Puerto Rico, la gran diferencia es que en el PIB/GDP se incluye lo que producían las llamadas empresas 936, pero en el PNB/GNP no.
Seis años antes de aprobarse la Sección 936, el producto nacional (en este caso “nacional” no tiene nada que ver con el status politico) bruto (PNB/GNP) de Puerto Rico era un saludable 93% del producto interno bruto (PIB/GDP). O sea, el GNP y el GDP de Puerto Rico estaban casi a la par.
Tan pronto se aprobó la Sección 936, el pequeño diferencial de 7% entre uno y otro se fue separando y para el 2010, la diferencia entre el PNB/GNP y el PIB/GDP se había deteriorado de 7% a 35% de diferencia. O sea, se quintuplicó en 40 años. En términos económicos, eso es terrible.
Visto de otra manera, en las tres décadas antes de aprobarse la sección 936, la relación entre el GNP y el GDP fue de 104%, 99% y 93%, un promedio de 99%. Durante las tres décadas siguientes, fue de 76%, 70% y 67%, un promedio de 71%. Noventinueve por ciento versus setentiun porciento, un deterioro de casi 30% entre las 3 décadas antes y las 3 décadas después de aprobarse la Sección 936.
La economía puertorriqueña comenzó a desplomarse con la estrategia económica equivocada de la Sección 936.
¿Creció la economía con la 936?
Numéricamente, nuestro producto bruto nacional per cápita (por persona) creció dramáticamente entre 1970 y el 2010, de $1,729 a $15,930. “¡Wow!”, podría ser la reacción inicial natural. Esa sería la respuesta natural y superficial que promueven los partidarios del status politico actual.
PERO… en 1970 el GNP per cápita para todos los estados de EE.UU. era de tan solo $5,094 y creció a $47,883 en el 2010. En otras palabras, nuestro GNP por persona era un 33.9% del nacional en 1970 ($1,729 aquí versus $5,094 allá) y en el 2010 era un 33.3% del nacional ($15,930 aquí versus $47,883 allá). La Sección 936 que estuvo vigente durante 30 de esos 40 años no hizo absolutamente nada para cerrar la brecha económica entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos.
El crecimiento económico y la Sección 936
Entre 1948 y 1979, el crecimiento económico promedio del producto bruto nacional de Puerto Rico fue de casi 6% anual.
Tan pronto se aprobó la Sección 936 a finales de 1976 se notó una diferencia, pero fue una diferencia desastrosa. De 1980 al 2010, el crecimiento anual bajó de casi 6% a apenas 1.5% anual. O sea, bajo tres cuartas partes, ya que 1.5% es una cuarta parte de 6%.
“¡Ah, pero el crecimiento de la economía de los Estados Unidos también bajó!” podrían argumentar los partidarios de la colonia.
Es cierto, la economía nacional también bajó, de 3.84% a 2.68%, una reducción de 30 por ciento. Pero una reducción de 30% es mucho menos que una reducción de casi 75%.
Mientras la economía puertorriqueña creció más aceleradamente que la estadounidense en los 30 años antes de entrar en vigor la Sección 936 (5.56% versus 3.84%), fue la economía estadounidense la que creció más aceleradamente que la puertorriqueña durante los 30 años después de aprobarse la Sección 936 (3.68% vs. 1.52%). La Sección 936 frenó el crecimiento económico de Puerto Rico.
¿Puede Puerto Rico cerrar la brecha?
Si Puerto Rico pudiera reestablecer una tasa de crecimiento mayor a la tasa de crecimiento económico del resto de la nación, podemos establecernos como meta igualar el Producto Nacional Bruto (PNB/GNP) per cápita al PNB/GNP per cápita de todos los Estados Unidos.
Por ejemplo, si nuestra tasa de crecimiento fuera de 1.7 puntos porcentuales mayor a la nacional, como lo fue por 30 años hasta que fue alterada por la imposición de la Sección 936, la economía boricua alcanzaría, proporcional a su población, por supuesto, a la estadounidense, en unos 65 años.
Sin embargo, al paso que vamos bajo la relación política actual, en vez de cerrarse la brecha, la economía puertorriqueña se estará alejando más a la de los Estados Unidos.
* * * * * * * * * * * * *
Todos los que creemos en la descolonización debemos agradecer a la CPREA y su presidente, Rafael Rodríguez, el auspicio de paneles como el celebrado en el Congreso el 3 de mayo que, lejos de convertirse en un repetitivo chijí-chijá, ofrece información, data y argumentación de gran valor para Puerto Rico. - KDM
Secretario de Estado de Puerto Rico
Durante los pasados 40 años, desde que tenía 13 años de edad, he participado en literalmente centenares de foros y conferencias relacionados con el status politico de Puerto Rico, inicialmente como miembro de la audiencia y, en la mayor parte de las ocasiones, como orador o panelista. En la mayor parte de las ocasiones, el contenido es repetitivo o una versión mejorada de esencialmente la misma información o argumentación. La ponencia del doctor Carlos Colón De Armas, “The Economic Aspects of the Political Status of Puerto Rico and other Fallacies”, como panelista junto a mí y otros en un evento en el Congreso auspiciado por el Center for Puerto Rican Equality Advancement (CPREA) fue la excepción a la regla, al presentar datos y análisis que nunca había visto antes.
Aunque la discusión de aspectos económicos tiende a ser árida, compleja y complicada, el profesor Colón De Armas presentó un análisis novel que resultó entendible a más de un centenar de asesores congresionales, puertorriqueños residentes en la Capital federal y otras personas interesadas en el status de Puerto Rico que asistieron al foro.
El análisis prueba, sin lugar a dudas que la Sección 936, lejos de ayudar a Puerto Rico, le hizo un daño severo a nuestra economía que ha frenado el crecimiento económico desde entonces.
Como sabemos, la sección 936 del Código de Rentas Internas federal fue legislada en 1976 para proveer un extraordinario trato contributivo a las ganancias de corporaciones que tenían operaciones de manufactura en Puerto Rico.
Cuando se legisló en 1996 para su gradual eliminación entre 1996 y 2005, el entonces gobernador Pedro Rosselló, el Comisionado Residente y ex-gobernador Carlos Romero Barceló y el Partido Nuevo Progresista fueron acusados de destruir el futuro económico de Puerto Rico por provocar o permitir la eliminación de la Sección 936.
El 3 de mayo, en la Capital federal, el doctor Colón De Armas, con hechos y datos irrefutables probó lo contrario.
PIB/GDP versus PNB/GNP
En español, el Gross Domestic Product (GDP) se traduce a Producto Interno Bruto (PIB) mientras que el Gross National Product (GNP) se traduce a Producto Nacional Bruto (PNB) (no teniendo la palabra “nacional” nada que ver con el status político).
A continuación las definiciones:
Ü El PIB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos y vendidos dentro de las fronteras de un país durante un período de tiempo dado.
Ü El PNB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos y vendidos por los residentes de un país durante un período de tiempo dado, independientemente de dónde ocurrió la producción.
En otras palabras, el PIB tiene un enfoque geográfico (lo que se produce dentro de las fronteras) y el PNB tiene un enfoque de domicilio (lo que producen los residentes permanentes del país). En Puerto Rico, la gran diferencia es que en el PIB/GDP se incluye lo que producían las llamadas empresas 936, pero en el PNB/GNP no.
Seis años antes de aprobarse la Sección 936, el producto nacional (en este caso “nacional” no tiene nada que ver con el status politico) bruto (PNB/GNP) de Puerto Rico era un saludable 93% del producto interno bruto (PIB/GDP). O sea, el GNP y el GDP de Puerto Rico estaban casi a la par.
Tan pronto se aprobó la Sección 936, el pequeño diferencial de 7% entre uno y otro se fue separando y para el 2010, la diferencia entre el PNB/GNP y el PIB/GDP se había deteriorado de 7% a 35% de diferencia. O sea, se quintuplicó en 40 años. En términos económicos, eso es terrible.
Visto de otra manera, en las tres décadas antes de aprobarse la sección 936, la relación entre el GNP y el GDP fue de 104%, 99% y 93%, un promedio de 99%. Durante las tres décadas siguientes, fue de 76%, 70% y 67%, un promedio de 71%. Noventinueve por ciento versus setentiun porciento, un deterioro de casi 30% entre las 3 décadas antes y las 3 décadas después de aprobarse la Sección 936.
La economía puertorriqueña comenzó a desplomarse con la estrategia económica equivocada de la Sección 936.
¿Creció la economía con la 936?
Numéricamente, nuestro producto bruto nacional per cápita (por persona) creció dramáticamente entre 1970 y el 2010, de $1,729 a $15,930. “¡Wow!”, podría ser la reacción inicial natural. Esa sería la respuesta natural y superficial que promueven los partidarios del status politico actual.
PERO… en 1970 el GNP per cápita para todos los estados de EE.UU. era de tan solo $5,094 y creció a $47,883 en el 2010. En otras palabras, nuestro GNP por persona era un 33.9% del nacional en 1970 ($1,729 aquí versus $5,094 allá) y en el 2010 era un 33.3% del nacional ($15,930 aquí versus $47,883 allá). La Sección 936 que estuvo vigente durante 30 de esos 40 años no hizo absolutamente nada para cerrar la brecha económica entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos.
El crecimiento económico y la Sección 936
Entre 1948 y 1979, el crecimiento económico promedio del producto bruto nacional de Puerto Rico fue de casi 6% anual.
Tan pronto se aprobó la Sección 936 a finales de 1976 se notó una diferencia, pero fue una diferencia desastrosa. De 1980 al 2010, el crecimiento anual bajó de casi 6% a apenas 1.5% anual. O sea, bajo tres cuartas partes, ya que 1.5% es una cuarta parte de 6%.
“¡Ah, pero el crecimiento de la economía de los Estados Unidos también bajó!” podrían argumentar los partidarios de la colonia.
Es cierto, la economía nacional también bajó, de 3.84% a 2.68%, una reducción de 30 por ciento. Pero una reducción de 30% es mucho menos que una reducción de casi 75%.
Mientras la economía puertorriqueña creció más aceleradamente que la estadounidense en los 30 años antes de entrar en vigor la Sección 936 (5.56% versus 3.84%), fue la economía estadounidense la que creció más aceleradamente que la puertorriqueña durante los 30 años después de aprobarse la Sección 936 (3.68% vs. 1.52%). La Sección 936 frenó el crecimiento económico de Puerto Rico.
¿Puede Puerto Rico cerrar la brecha?
Si Puerto Rico pudiera reestablecer una tasa de crecimiento mayor a la tasa de crecimiento económico del resto de la nación, podemos establecernos como meta igualar el Producto Nacional Bruto (PNB/GNP) per cápita al PNB/GNP per cápita de todos los Estados Unidos.
Por ejemplo, si nuestra tasa de crecimiento fuera de 1.7 puntos porcentuales mayor a la nacional, como lo fue por 30 años hasta que fue alterada por la imposición de la Sección 936, la economía boricua alcanzaría, proporcional a su población, por supuesto, a la estadounidense, en unos 65 años.
Sin embargo, al paso que vamos bajo la relación política actual, en vez de cerrarse la brecha, la economía puertorriqueña se estará alejando más a la de los Estados Unidos.
* * * * * * * * * * * * *
Todos los que creemos en la descolonización debemos agradecer a la CPREA y su presidente, Rafael Rodríguez, el auspicio de paneles como el celebrado en el Congreso el 3 de mayo que, lejos de convertirse en un repetitivo chijí-chijá, ofrece información, data y argumentación de gran valor para Puerto Rico. - KDM
viernes, 6 de mayo de 2011
MAURICE FERRE: La única salida para Puerto Rico
By MAURICE FERRE
El Nuevo Herald
El Nuevo Herald
En el anterior artículo tracé algunas de las importantes circunstancias que azotan al Puerto Rico de hoy. Las supuestas soluciones de ayer no funcionarán mañana. La solución del status político de Puerto Rico nunca ha estado en Washington. El status de Puerto Rico solo se puede determinar en Puerto Rico por puertorriqueños. Lo del Congreso es subsiguiente y con la voluntad firme de Puerto Rico no será tan difícil como dicen los opositores a la estadidad.
Lo del plebiscito del Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, murió con el Congreso 111. Fue vergonzoso ver cómo los republicanos sureños (los de siempre) le aguaron el proyecto, injertando nuevamente al Estado Libre Asociado. Pero no importó nada de esto, como tampoco importó el proyecto Young anteriormente. Ninguno dio fruto; y en la Isla, la incertidumbre, la indecisión, el temor al fracaso
Lo que queda es el plebiscito criollo: Estadidad: Sí/No. El temor del liderato del Partido Nuevo Progresista (Estadista) es el voto de castigo en contra del gobernador Luis Fortuño. Claro, al electorado estadista de Puerto Rico, por 112 años bajo la bandera estadounidense, nunca se le ha educado de lo que significa la ciudadanía norteamericana. No obstante, el pueblo de Puerto Rico sabe que como está no se puede continuar. La economía actual del Puerto Rico no es sostenible.
Un plebiscito, Sí o No, además de ser el más sencillo, es el más auténtico históricamente. Es el plebiscito criollo que celebraron Alaska y Hawai para incorporarse a la Unión norteamericana. El Sí/No evita el tranque en la complicada definición de las alternativas políticas. El Partido Popular (Estadolibrista) ya ha aceptado el plebiscito, Estadidad, Sí/No.
La estadidad federada es la única forma de garantizar la unión permanente con Estados Unidos; es la única manera de salir de la actual ciudadanía estadounidense de segunda clase y hasta de garantizar la ciudadanía norteamericana para futuras generaciones de puertorriqueños en la Isla.
El liderazgo del PNP no ha querido aceptar el reto Estadidad, Sí/No por miedo de perder. Porque sigue la mentalidad colonialista en Puerto Rico, y por un temor a perder la identidad y la cultura puertorriqueña. La Isla no acepta que Puerto Rico será Puerto Rico bajo cualquier status político. Soy de los que creen en las ``capas más profundas de las creencias'', como decía don Octavio Paz. La tradición cultural mayormente domina a todas las ideologías. El problema es que el pueblo de Puerto Rico nunca ha aceptado la dominancia de sus creencias. Puerto Rico nunca ha tenido un José Ortega y Gasset que explique esa verdad. El temor que nos viene de la metáfora muñocista aún vive. Puerto Rico tiene que superar sus creencias para sobrepasar el tranque político actual. No queremos perder el puertorriqueñismo y no aceptamos la realidad de que no está en juego nuestra cultura con la estadidad federada. La cultura puertorriqueña, incluyendo nuestro idioma, perdurará en la Isla, bajo la unión permanente.
Lo que sí cambiará es la situación económica de Puerto Rico. No hay trabajo hoy, ni habrá mañana con el Estado Libre Asociado, para una población de 3.5 millones de habitantes en la Isla. Con la estadidad, Puerto Rico no saltará de inmediato al nivel per cápita de la Florida. Pero sí llegaría a un nivel casi el doble del actual per cápita de Puerto Rico. Esto ya se ha estudiado y documentado. Veremos lo que dice el nuevo Informe Presidencial sobre Puerto Rico, que pronto se hará público.
Es triste ver la respuesta de Pedro Pierluisi: ``Ahora le tocará ser más activo al republicano Luis Fortuño''. No trabajó antes y no trabajará mañana, por una razón muy sencilla: al no tener Puerto Rico igualdad en el Congreso, no tiene suficiente fuerza para lograr sus objetivos. Ni Fortuño, ni Pierluisi tienen ni tendrán poder suficiente en Washington, a menos que sea como senadores federales.
Después del plebiscito Estadidad, Sí/No, si gana el sí, se celebraría una convención constituyente para adoptar, con pocos cambios, la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952 como la Constitución del Estado, someterla a aprobación por el pueblo y conjuntamente elegir dos senadores y seis congresistas federales. Se llama esto el plan Tenesí. Así entró Alaska a la unión permanente con Estados Unidos. Lo que falta es la voluntad política del liderato estadista o el levantamiento político de un pueblo harto. La alternativa es la continuación del espiral negativo hacia el abismo que persigue Puerto Rico con ojos cerrados, continuando la indecisión del status político, esperando que Washington resuelva el problema. ¡Basta ya de colonia! La esperanza no es un plan estratégico. Estadidad: Sí o No.
Ex alcalde de Miami.
Lo del plebiscito del Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, murió con el Congreso 111. Fue vergonzoso ver cómo los republicanos sureños (los de siempre) le aguaron el proyecto, injertando nuevamente al Estado Libre Asociado. Pero no importó nada de esto, como tampoco importó el proyecto Young anteriormente. Ninguno dio fruto; y en la Isla, la incertidumbre, la indecisión, el temor al fracaso
Lo que queda es el plebiscito criollo: Estadidad: Sí/No. El temor del liderato del Partido Nuevo Progresista (Estadista) es el voto de castigo en contra del gobernador Luis Fortuño. Claro, al electorado estadista de Puerto Rico, por 112 años bajo la bandera estadounidense, nunca se le ha educado de lo que significa la ciudadanía norteamericana. No obstante, el pueblo de Puerto Rico sabe que como está no se puede continuar. La economía actual del Puerto Rico no es sostenible.
Un plebiscito, Sí o No, además de ser el más sencillo, es el más auténtico históricamente. Es el plebiscito criollo que celebraron Alaska y Hawai para incorporarse a la Unión norteamericana. El Sí/No evita el tranque en la complicada definición de las alternativas políticas. El Partido Popular (Estadolibrista) ya ha aceptado el plebiscito, Estadidad, Sí/No.
La estadidad federada es la única forma de garantizar la unión permanente con Estados Unidos; es la única manera de salir de la actual ciudadanía estadounidense de segunda clase y hasta de garantizar la ciudadanía norteamericana para futuras generaciones de puertorriqueños en la Isla.
El liderazgo del PNP no ha querido aceptar el reto Estadidad, Sí/No por miedo de perder. Porque sigue la mentalidad colonialista en Puerto Rico, y por un temor a perder la identidad y la cultura puertorriqueña. La Isla no acepta que Puerto Rico será Puerto Rico bajo cualquier status político. Soy de los que creen en las ``capas más profundas de las creencias'', como decía don Octavio Paz. La tradición cultural mayormente domina a todas las ideologías. El problema es que el pueblo de Puerto Rico nunca ha aceptado la dominancia de sus creencias. Puerto Rico nunca ha tenido un José Ortega y Gasset que explique esa verdad. El temor que nos viene de la metáfora muñocista aún vive. Puerto Rico tiene que superar sus creencias para sobrepasar el tranque político actual. No queremos perder el puertorriqueñismo y no aceptamos la realidad de que no está en juego nuestra cultura con la estadidad federada. La cultura puertorriqueña, incluyendo nuestro idioma, perdurará en la Isla, bajo la unión permanente.
Lo que sí cambiará es la situación económica de Puerto Rico. No hay trabajo hoy, ni habrá mañana con el Estado Libre Asociado, para una población de 3.5 millones de habitantes en la Isla. Con la estadidad, Puerto Rico no saltará de inmediato al nivel per cápita de la Florida. Pero sí llegaría a un nivel casi el doble del actual per cápita de Puerto Rico. Esto ya se ha estudiado y documentado. Veremos lo que dice el nuevo Informe Presidencial sobre Puerto Rico, que pronto se hará público.
Es triste ver la respuesta de Pedro Pierluisi: ``Ahora le tocará ser más activo al republicano Luis Fortuño''. No trabajó antes y no trabajará mañana, por una razón muy sencilla: al no tener Puerto Rico igualdad en el Congreso, no tiene suficiente fuerza para lograr sus objetivos. Ni Fortuño, ni Pierluisi tienen ni tendrán poder suficiente en Washington, a menos que sea como senadores federales.
Después del plebiscito Estadidad, Sí/No, si gana el sí, se celebraría una convención constituyente para adoptar, con pocos cambios, la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952 como la Constitución del Estado, someterla a aprobación por el pueblo y conjuntamente elegir dos senadores y seis congresistas federales. Se llama esto el plan Tenesí. Así entró Alaska a la unión permanente con Estados Unidos. Lo que falta es la voluntad política del liderato estadista o el levantamiento político de un pueblo harto. La alternativa es la continuación del espiral negativo hacia el abismo que persigue Puerto Rico con ojos cerrados, continuando la indecisión del status político, esperando que Washington resuelva el problema. ¡Basta ya de colonia! La esperanza no es un plan estratégico. Estadidad: Sí o No.
Ex alcalde de Miami.
miércoles, 4 de mayo de 2011
Piden aumentar los fondos para la enseñanza del inglés en Puerto Rico
Oficina del Comisionado Residente
Mayo 4, 2011
WASHINGTON, DC- El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, reintrodujo hoy un proyecto de ley que aumentaría de $3.5 millones a $14 millones la cantidad máxima que Puerto Rico pudiera recibir para atender las necesidades de los estudiantes con deficiencias en el inglés.
Actualmente este dinero se recibe, con un tope, a través del Programa de Título III de Enseñanza Elemental y Secundaria.
“Aumentar el tope que recibe la Isla para para atender las necesidades de los estudiantes con deficiencias en el inglés es un asunto básico de justicia”, dijo Pierluisi.
Las pasadas administraciones no lograron acceso a estos fondos porque los planes sometidos al Departamento de Educación de Estados Unidos fueron deficientes y no buscaron utilizarlos para educación en inglés alegando que podían ser utilizados únicamente para el mejoramiento de la enseñanza del español.
A principios del presente cuatrienio, y a preguntas del Comisionado Residente, el Departamento de Educación de Estados Unidos negó ese argumento.
Desde agosto de 2010, por primera vez en muchos años, el Departamento de Educación logró acceso a los fondos luego de que se sometiera un nuevo plan de utilización de los fondos. Actualmente el dinero se recibe para atender a los estudiantes con deficiencia en el español, pero el Departamento de Educación está extendiendo el plan para incluir a los estudiantes con dificultades en el manejo del inglés.
“El dominio del inglés es una necesidad indiscutible en el mundo de hoy y es la clave para el éxito de nuestros jóvenes en el mundo laboral. Este proyecto que he radicado hoy es parte de mi compromiso con nuestros estudiantes de buscar que no se les prive de la oportunidad de ser bilingües”, sostuvo Pierluisi.
Los congresistas Albio Sires (D-NJ), Madeleine Bordallo (D-GU) y Eni Faleomavaega (D-SA) son coauspiciadores de la medida.
Mayo 4, 2011
WASHINGTON, DC- El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, reintrodujo hoy un proyecto de ley que aumentaría de $3.5 millones a $14 millones la cantidad máxima que Puerto Rico pudiera recibir para atender las necesidades de los estudiantes con deficiencias en el inglés.
Actualmente este dinero se recibe, con un tope, a través del Programa de Título III de Enseñanza Elemental y Secundaria.
“Aumentar el tope que recibe la Isla para para atender las necesidades de los estudiantes con deficiencias en el inglés es un asunto básico de justicia”, dijo Pierluisi.
Las pasadas administraciones no lograron acceso a estos fondos porque los planes sometidos al Departamento de Educación de Estados Unidos fueron deficientes y no buscaron utilizarlos para educación en inglés alegando que podían ser utilizados únicamente para el mejoramiento de la enseñanza del español.
A principios del presente cuatrienio, y a preguntas del Comisionado Residente, el Departamento de Educación de Estados Unidos negó ese argumento.
Desde agosto de 2010, por primera vez en muchos años, el Departamento de Educación logró acceso a los fondos luego de que se sometiera un nuevo plan de utilización de los fondos. Actualmente el dinero se recibe para atender a los estudiantes con deficiencia en el español, pero el Departamento de Educación está extendiendo el plan para incluir a los estudiantes con dificultades en el manejo del inglés.
“El dominio del inglés es una necesidad indiscutible en el mundo de hoy y es la clave para el éxito de nuestros jóvenes en el mundo laboral. Este proyecto que he radicado hoy es parte de mi compromiso con nuestros estudiantes de buscar que no se les prive de la oportunidad de ser bilingües”, sostuvo Pierluisi.
Los congresistas Albio Sires (D-NJ), Madeleine Bordallo (D-GU) y Eni Faleomavaega (D-SA) son coauspiciadores de la medida.
martes, 3 de mayo de 2011
Incorporating the Territory
Tuesday May 03, 2011
Julio Figueroa Nuñez | PRSSA Ponce
“...There comes a time in the history of nations when their peoples must become fully reconciled to their past if they are to go forward with confidence to embrace their future.”
– Kevin Rudd, Former Australian Prime Minister
These words, made by a foreign leader addressed to his people seem to me relevant and its spiritual impact should touch the spirit of those of us yearning for change. The transformative and revolutionary power of reconciliation, healing and wisdom imbued in those words were present in the minds of those who founded this great country just a few centuries ago. The generations of Americans that followed have inherited strong institutional and philosophical foundations that have helped us create a strong country full of promise for those of us who were fortunate enough to be born here. But somewhere along the way, we have left some of our people behind.
We have witnessed time and time again, when foreign policy and political decision makers aim to export our brand of democracy to foreign soil so that others can enjoy what not all of us in the United States have. Often times, the price to execute our mission around the world has been paid with the blood of our own people – including men and women that signed and swore their loyalty to our Constitution in a part of the country where the Constitution does not fully apply. Racial, ethnic, and cultural differences matter not when donning the Nation’s uniform in a forward location – in the frontlines where we battle to carry out these missions, we are all Americans.
The matter at hand, which drives our discussion, is the President’s Task Force Report on Puerto Rico Status released in March 2011. The aim of the first part of the 2011 Report is to propose policy options to resolve the island’s perennial status problem by “taking a fresh look at issues related to status without being bound by prior analyses or limited in the issues on which it focused,” (Task Force Report, March 2011, p. 23). Having already read and analyzed the report, it is my opinion that the Committee did not accomplish their objectives, leaving the report incomplete due to the omission of an option I think is worthy of discussion and serious consideration. What the report fails to discuss is that there are two legal variants of territory status that we need to take a closer look at – incorporated and non-incorporated status.
While both territory status variants are still subject to the Territory Clause of the U.S. Constitution, the differences between them are too enormous to ignore. For example, under incorporation, the U.S. Constitution will fully apply to residents of the island. This new legal reality will have immediate repercussions on the island. If the Constitution fully applies to the territory of Puerto Rico, most, if not all discriminatory jurisprudence that stem from the Insular Cases by judicial fiat will no longer apply to the island.
Additionally, the questionable legal status of our citizenship will no longer be subject to speculation concerning the law it was borne out of due to the full applicability of the Constitution. No longer will we be “Foreign in a domestic sense” or “Belonging to, but not a part of.” Under Incorporation we will be “Domestic in every sense” and “Belonging to, and a part of” the United States. Other implications to consider are:
- First, all laws that apply to the States that did not apply to the territory will have to apply in order to achieve as much compatibility with the States as possible since Congress will be obligated to treat the incorporated territory with much deference and care.
- Second, the Federal tax code can be incorporated into the territory. This can be accomplished in phases, reflecting the economic realities of the island as it evolves into a more prosperous economy. This will in-turn, entitle us to fully participate in most, if not all Federal programs in a more equal footing with the States. An alternative would also be participating in Federal programs through bloc-grants aimed specifically at creating jobs with fair pay comparable to the States; tax incentives for corporations that commit to build our economy; fair treatment of Puerto Rican consumers; investing and improving our infrastructure; and promoting self-sufficiency and wealth at the government and individual level.
- Third, incorporation will also tighten the economic, social, and political ties of the island to the rest of the country in ways the non-incorporated territory (“Commonwealth”) currently does not.
We acknowledge that “incorporation” as well as “non-incorporation” do not change the essence of the territorial condition which bind them because, “under the Commonwealth option, Puerto Rico would remain, as it is today, subject to the Territory Clause of the
U.S. Constitution,” (Task Force Report, March 2011, p. 26). But, there are sound and valid arguments that have convinced us that a legal change of status under the territorial clause is not only practical, but also legitimate because it reflects the desires of the majority of the electorate that wish to be in a permanent relationship with the United States. We must remember that the Task Force recommendations keep the current status as a legitimate alternative by default. If they we are to include the problem as a legitimate option, then we should at least consider the possibility of reformulating it in a way that truly reflects the aspirations of the majority of the Puerto Rican people – one that ensures our permanent union with the States, and one that seeks closer ties with the Union.
Consider that many polls have consistently shown that the vast majority of island residents wish to protect and retain their American citizenship. The Task Force report itself notes that “the Task Force’s engagement with Puerto Ricans demonstrated that most of them value their U.S. citizenship enormously” and that “[a]ny status option that could conceivably result in the loss of U.S. citizenship...would [sic] be viewed with hostility by the vast majority of Puerto Ricans,” (Task Force Report, March 2011, p. 30). Other polls have also shown that most Puerto Ricans, even those sympathetic to the pro-Commonwealth Party, aspire to vote in U.S. Presidential elections. For example, according to a recent Poll conducted by Stanford Clapper, 92% of those polled said U.S. citizenship was important to them and 80% wished to vote in U.S. Presidential elections. Among them, 83% identified themselves with the Popular Democratic Party, while 92% identified themselves with the pro-Statehood New Progressive Party.
While incorporation will not guarantee any of those two things, incorporation will certainly position the island to achieve the things most Puerto Ricans consider important enough to fight for and protect – namely, our permanent Union with the United States and developing closer ties with the Union.
We must make clear that the Incorporation option does not seek to substitute Statehood as the best and most sound alternative to resolve our status problem. But if the ‘Territory’ (“Commonwealth”) option is included as a ‘legitimate option’ to the people in any process chosen for a plebiscite on status, including the one “marginally” preferred by the Task Force[1], or the one approved by the New Progressive Party, then the ‘Territory’ (“Commonwealth”) option presented ought to reflect the desires of most of the
population. To many of us, the “Incorporated”[2] option is the most sound because it seems to reflect what the majority of people currently desire.
Detractors of this proposal must keep in mind that even if Statehood wins, and Congress approves an enabling Statehood bill – there will most likely be a transitional period. That transitional period will be nothing else than incorporation still subject to the Territory Clause of the U.S. Constitution. Many Status Bills proposed in the past, both in the House and the Senate, have included “transition periods” if Statehood is chosen. While it is true that there is a difference between transitional Incorporation and Incorporation as a substitute of the status quo, I ask you, if we were to have accepted the Murkowski Bill in 1998, for example, where would we be today? Certainly, our island would be closer to Statehood than it currently is.
Most pro-permanent union leaders and voters associated with the pro-Commonwealth party wish to form closer ties with the U.S. but may currently have reservations concerning full Statehood. The “Incorporated Commonwealth” would be highly attractive to these types of voters and if implemented, incorporation would certainly address people’s concerns – and in time, they would likely prefer full Statehood.
Let us envision the status quo as a one lane highway that to some, may lead towards true permanent union with the United States – what we propose is to construct a second lane that can prepare the Puerto Rican people towards what the majority will likely vote for in a near future in a more expedient and effective way – and ensuring that what waits for us at the end of that road is true permanent union and full equality by fait accompli.[3]
[1] The Task Force “marginally” prefer a two (2) round process where the electorate is asked if they wish to continue a relationship with the United States, and the second, assuming “Yes” wins, will have Statehood and Commonwealth as the only options to choose from. If this is the process chosen by the Board, we suggest either redefining the Commonwealth from a non-incorporated one to a, incorporated one, or pass on to another round asking the voters to choose between the two territory status variants.
[2] For further analysis on the subject of incorporation and the Insular Cases, please see Consejo de Salud Playa de Ponce v. Rullan, 586 F. Supp. 2d 22 (2008).
[3] Something done that presumably cannot be reversed.
Julio Figueroa Nuñez | PRSSA Ponce
“...There comes a time in the history of nations when their peoples must become fully reconciled to their past if they are to go forward with confidence to embrace their future.”
– Kevin Rudd, Former Australian Prime Minister
These words, made by a foreign leader addressed to his people seem to me relevant and its spiritual impact should touch the spirit of those of us yearning for change. The transformative and revolutionary power of reconciliation, healing and wisdom imbued in those words were present in the minds of those who founded this great country just a few centuries ago. The generations of Americans that followed have inherited strong institutional and philosophical foundations that have helped us create a strong country full of promise for those of us who were fortunate enough to be born here. But somewhere along the way, we have left some of our people behind.
We have witnessed time and time again, when foreign policy and political decision makers aim to export our brand of democracy to foreign soil so that others can enjoy what not all of us in the United States have. Often times, the price to execute our mission around the world has been paid with the blood of our own people – including men and women that signed and swore their loyalty to our Constitution in a part of the country where the Constitution does not fully apply. Racial, ethnic, and cultural differences matter not when donning the Nation’s uniform in a forward location – in the frontlines where we battle to carry out these missions, we are all Americans.
The matter at hand, which drives our discussion, is the President’s Task Force Report on Puerto Rico Status released in March 2011. The aim of the first part of the 2011 Report is to propose policy options to resolve the island’s perennial status problem by “taking a fresh look at issues related to status without being bound by prior analyses or limited in the issues on which it focused,” (Task Force Report, March 2011, p. 23). Having already read and analyzed the report, it is my opinion that the Committee did not accomplish their objectives, leaving the report incomplete due to the omission of an option I think is worthy of discussion and serious consideration. What the report fails to discuss is that there are two legal variants of territory status that we need to take a closer look at – incorporated and non-incorporated status.
While both territory status variants are still subject to the Territory Clause of the U.S. Constitution, the differences between them are too enormous to ignore. For example, under incorporation, the U.S. Constitution will fully apply to residents of the island. This new legal reality will have immediate repercussions on the island. If the Constitution fully applies to the territory of Puerto Rico, most, if not all discriminatory jurisprudence that stem from the Insular Cases by judicial fiat will no longer apply to the island.
Additionally, the questionable legal status of our citizenship will no longer be subject to speculation concerning the law it was borne out of due to the full applicability of the Constitution. No longer will we be “Foreign in a domestic sense” or “Belonging to, but not a part of.” Under Incorporation we will be “Domestic in every sense” and “Belonging to, and a part of” the United States. Other implications to consider are:
- First, all laws that apply to the States that did not apply to the territory will have to apply in order to achieve as much compatibility with the States as possible since Congress will be obligated to treat the incorporated territory with much deference and care.
- Second, the Federal tax code can be incorporated into the territory. This can be accomplished in phases, reflecting the economic realities of the island as it evolves into a more prosperous economy. This will in-turn, entitle us to fully participate in most, if not all Federal programs in a more equal footing with the States. An alternative would also be participating in Federal programs through bloc-grants aimed specifically at creating jobs with fair pay comparable to the States; tax incentives for corporations that commit to build our economy; fair treatment of Puerto Rican consumers; investing and improving our infrastructure; and promoting self-sufficiency and wealth at the government and individual level.
- Third, incorporation will also tighten the economic, social, and political ties of the island to the rest of the country in ways the non-incorporated territory (“Commonwealth”) currently does not.
We acknowledge that “incorporation” as well as “non-incorporation” do not change the essence of the territorial condition which bind them because, “under the Commonwealth option, Puerto Rico would remain, as it is today, subject to the Territory Clause of the
U.S. Constitution,” (Task Force Report, March 2011, p. 26). But, there are sound and valid arguments that have convinced us that a legal change of status under the territorial clause is not only practical, but also legitimate because it reflects the desires of the majority of the electorate that wish to be in a permanent relationship with the United States. We must remember that the Task Force recommendations keep the current status as a legitimate alternative by default. If they we are to include the problem as a legitimate option, then we should at least consider the possibility of reformulating it in a way that truly reflects the aspirations of the majority of the Puerto Rican people – one that ensures our permanent union with the States, and one that seeks closer ties with the Union.
Consider that many polls have consistently shown that the vast majority of island residents wish to protect and retain their American citizenship. The Task Force report itself notes that “the Task Force’s engagement with Puerto Ricans demonstrated that most of them value their U.S. citizenship enormously” and that “[a]ny status option that could conceivably result in the loss of U.S. citizenship...would [sic] be viewed with hostility by the vast majority of Puerto Ricans,” (Task Force Report, March 2011, p. 30). Other polls have also shown that most Puerto Ricans, even those sympathetic to the pro-Commonwealth Party, aspire to vote in U.S. Presidential elections. For example, according to a recent Poll conducted by Stanford Clapper, 92% of those polled said U.S. citizenship was important to them and 80% wished to vote in U.S. Presidential elections. Among them, 83% identified themselves with the Popular Democratic Party, while 92% identified themselves with the pro-Statehood New Progressive Party.
While incorporation will not guarantee any of those two things, incorporation will certainly position the island to achieve the things most Puerto Ricans consider important enough to fight for and protect – namely, our permanent Union with the United States and developing closer ties with the Union.
We must make clear that the Incorporation option does not seek to substitute Statehood as the best and most sound alternative to resolve our status problem. But if the ‘Territory’ (“Commonwealth”) option is included as a ‘legitimate option’ to the people in any process chosen for a plebiscite on status, including the one “marginally” preferred by the Task Force[1], or the one approved by the New Progressive Party, then the ‘Territory’ (“Commonwealth”) option presented ought to reflect the desires of most of the
population. To many of us, the “Incorporated”[2] option is the most sound because it seems to reflect what the majority of people currently desire.
Detractors of this proposal must keep in mind that even if Statehood wins, and Congress approves an enabling Statehood bill – there will most likely be a transitional period. That transitional period will be nothing else than incorporation still subject to the Territory Clause of the U.S. Constitution. Many Status Bills proposed in the past, both in the House and the Senate, have included “transition periods” if Statehood is chosen. While it is true that there is a difference between transitional Incorporation and Incorporation as a substitute of the status quo, I ask you, if we were to have accepted the Murkowski Bill in 1998, for example, where would we be today? Certainly, our island would be closer to Statehood than it currently is.
Most pro-permanent union leaders and voters associated with the pro-Commonwealth party wish to form closer ties with the U.S. but may currently have reservations concerning full Statehood. The “Incorporated Commonwealth” would be highly attractive to these types of voters and if implemented, incorporation would certainly address people’s concerns – and in time, they would likely prefer full Statehood.
Let us envision the status quo as a one lane highway that to some, may lead towards true permanent union with the United States – what we propose is to construct a second lane that can prepare the Puerto Rican people towards what the majority will likely vote for in a near future in a more expedient and effective way – and ensuring that what waits for us at the end of that road is true permanent union and full equality by fait accompli.[3]
[1] The Task Force “marginally” prefer a two (2) round process where the electorate is asked if they wish to continue a relationship with the United States, and the second, assuming “Yes” wins, will have Statehood and Commonwealth as the only options to choose from. If this is the process chosen by the Board, we suggest either redefining the Commonwealth from a non-incorporated one to a, incorporated one, or pass on to another round asking the voters to choose between the two territory status variants.
[2] For further analysis on the subject of incorporation and the Insular Cases, please see Consejo de Salud Playa de Ponce v. Rullan, 586 F. Supp. 2d 22 (2008).
[3] Something done that presumably cannot be reversed.
domingo, 1 de mayo de 2011
A enfrentar con valentía “el reto de ganar” el plebiscito, invita el Comisionado Residente
Domingo 10 de Mayo de 2011
Ponce, Puerto Rico- El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, exhortó hoy a la juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP) a batallar contra el ELA y a enfrentar valientemente el reto de que la Estadidad gane la próxima consulta de estatus.
“Vamos a hablar claro aquí hoy, como me gusta hablar siempre. Nosotros somos mayoría. Tenemos que demostrar nuestra fuerza. Porque es la mayoría de los puertorriqueños la que tiene que reclamar un cambio de estatus. Para lograr la Estadidad tenemos que lograr los votos, tenemos que ganar y pedir la Estadidad”, expresó Pierluisi durante una charla que ofreció como parte de las actividades de la Convención de la Juventud del PNP, celebrada este fin de semana en Ponce.
El Comisionado Residente defendió la determinación de que los puertorriqueños elijan entre todas las fórmulas de estatus: la Estadidad, la Independencia, la Libre Asociación y el estatus actual, tal como fue aprobado por la Cámara de Representantes federal y validado por el liderato de la comisión senatorial que atiende los asuntos de Puerto Rico.
“No hace sentido dejar fuera a nadie, a ninguna opción. Vamos a permitir que todos se expresen porque si no, se pone en entredicho la expresión del pueblo. Tiene que ser inconsecuente quien se oponga. El reto es ganar. Y ganarle a todas las opciones, sean las que sean y vengan de donde vengan. ¡A todas!”, manifestó Pierluisi.
“Hay que enfrentar este reto con valentía. Porque si no, podremos tratar de responsabilizar a los que quieran, pero la responsabilidad será nuestra…Vamos a dejarnos de las peleas chiquitas. Vamos a dejar atrás el miedo y hagamos el trabajo. Eduquemos al pueblo, saquemos la gente a votar y demostremos que la mayoría de los puertorriqueños atesoran su ciudadanía americana, quieren ser parte de los Estados Unidos y aspiran a ser el estados 51 de esa gran Nación”, agregó.
Pierluisi exhortó a los jóvenes a dar ejemplo de democracia en Puerto Rico y a ser el ejército de la Estadidad.
“Si queremos conseguir la Estadidad tenemos que ganar las próximas elecciones. No podemos entregarle las riendas de Puerto Rico a quienes nos llevaron al desastre y a quienes no interesan resolver el estatus de nuestra isla. El PNP tiene que gobernar para lograr la Estadidad… Hay que remar juntos, hay que luchar juntos, hay que batallar contra el ELA”, expresó.
Conoce más ingresando a
www.pierluisi2008.com
Ponce, Puerto Rico- El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, exhortó hoy a la juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP) a batallar contra el ELA y a enfrentar valientemente el reto de que la Estadidad gane la próxima consulta de estatus.
“Vamos a hablar claro aquí hoy, como me gusta hablar siempre. Nosotros somos mayoría. Tenemos que demostrar nuestra fuerza. Porque es la mayoría de los puertorriqueños la que tiene que reclamar un cambio de estatus. Para lograr la Estadidad tenemos que lograr los votos, tenemos que ganar y pedir la Estadidad”, expresó Pierluisi durante una charla que ofreció como parte de las actividades de la Convención de la Juventud del PNP, celebrada este fin de semana en Ponce.
El Comisionado Residente defendió la determinación de que los puertorriqueños elijan entre todas las fórmulas de estatus: la Estadidad, la Independencia, la Libre Asociación y el estatus actual, tal como fue aprobado por la Cámara de Representantes federal y validado por el liderato de la comisión senatorial que atiende los asuntos de Puerto Rico.
“No hace sentido dejar fuera a nadie, a ninguna opción. Vamos a permitir que todos se expresen porque si no, se pone en entredicho la expresión del pueblo. Tiene que ser inconsecuente quien se oponga. El reto es ganar. Y ganarle a todas las opciones, sean las que sean y vengan de donde vengan. ¡A todas!”, manifestó Pierluisi.
“Hay que enfrentar este reto con valentía. Porque si no, podremos tratar de responsabilizar a los que quieran, pero la responsabilidad será nuestra…Vamos a dejarnos de las peleas chiquitas. Vamos a dejar atrás el miedo y hagamos el trabajo. Eduquemos al pueblo, saquemos la gente a votar y demostremos que la mayoría de los puertorriqueños atesoran su ciudadanía americana, quieren ser parte de los Estados Unidos y aspiran a ser el estados 51 de esa gran Nación”, agregó.
Pierluisi exhortó a los jóvenes a dar ejemplo de democracia en Puerto Rico y a ser el ejército de la Estadidad.
“Si queremos conseguir la Estadidad tenemos que ganar las próximas elecciones. No podemos entregarle las riendas de Puerto Rico a quienes nos llevaron al desastre y a quienes no interesan resolver el estatus de nuestra isla. El PNP tiene que gobernar para lograr la Estadidad… Hay que remar juntos, hay que luchar juntos, hay que batallar contra el ELA”, expresó.
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