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lunes, 24 de septiembre de 2012

ELA Soberano es independencia


Por José M. Saldaña, Expresidente UPR
24 de Septiembre de 2012 - Opinión Política / Vocero.com

Amigos Populares y Estadolibristas, llegó el momento de desprenderse de lo que por años el liderato del PPD te hizo creer: que no tenías necesidad de considerar ni de resolver el estatus de Puerto Rico porque ya este estaba resuelto. Te dijeron que el estatus “no estaba en ‘issue’” pues con la creación del Estado Libre Asociado habíamos logrado una fórmula política y de gobierno, única en el mundo, que garantizaba el progreso constante del País. Por años esto aparentó ser cierto y creímos vivir en el mejor de dos mundos. Hasta que la revolución en la tecnología de las comunicaciones y la transportación movió el planeta hacia la globalización. Esa nueva realidad hizo que se derrumbaran las barreras que impedían el comercio abierto entre los distintos países. Lo que nos brindaba unas ventajas competitivas frente al resto del mundo por la relación política y comercial única que tenemos con los Estados Unidos se derrumbó y con ella la sensación de progreso que vivíamos.

La realidad es que hoy –al cabo de seis décadas del presente estatus– nos mantenemos muy por debajo del desarrollo económico que han experimentado los demás estados y territorios de los Estados Unidos. Tan es así que recientemente en un evento histórico, en su plataforma política, el Partido Demócrata de los Estados Unidos nos ha llamado la atención de que en lugar de progreso, lo que hemos experimentado ha sido atraso. Nos ha advertido sobre la necesidad de resolver el estatus de Puerto Rico con la mayor premura posible señalando: “El estatus político de Puerto Rico permanece como un asunto de extrema importancia, pero la falta de una resolución respecto al estatus ha mantenido a la isla atrasada”. Señala además: “El éxito económico de Puerto Rico está íntimamente ligado a una rápida solución del asunto del estatus así como a esfuerzos consistentes enfocados en mejorar la vida del pueblo de Puerto Rico”.

Señala también: “Si los esfuerzos en la isla no ofrecen un resultado claro a corto plazo, el presidente debe apoyar y el Congreso debe aprobar legislación autoejecutable que especifique por adelantado para el pueblo de Puerto Rico un conjunto claro de opciones de estatus, como las recomendadas en el Informe de Casa Blanca que Estados Unidos está comprometido políticamente a llevar a cabo en su totalidad”.
El plebiscito del 6 de noviembre quizás sea la última iniciativa diseñada y auspiciada localmente que tendremos para expresarnos con claridad sobre nuestra preferencia de estatus.

Alejandro García Padilla ha expresado que este plebiscito es un embeleco. Te ha dicho que la posición oficial del PPD es que en la primera pregunta del plebiscito votes ‘Sí’ para decirle ‘No’ a Fortuño. Eso es un engaño al pueblo porque en esa pregunta lo que se desea saber es si tú prefieres quedarte en el actual estatus que nos mantiene atrasados o si prefieres un cambio de estatus.

Te ha dicho también que no votes en la segunda pregunta, que es para escoger una de tres opciones de estatus, la Estadidad, Independencia o ELA Soberano. Pero eso también es un engaño, ya que por lo bajo lo que hacen los soberanistas/independentistas del PPD como Charlie Hernández, ‘Willito’ Miranda, Carmen Yulín Cruz y otros que no le prestan ninguna atención ni respetan a su presidente (que no es su líder), es promover el que se vote por el ELA Soberano que es la independencia.

Amigos Populares, no se dejen engañar: Ese ELA Soberano por el que quieren que votes no es el que Muñoz creó y respaldó. No es el ELA con unión permanente por el que tradicionalmente los Populares y muchos puertorriqueños han votado en el pasado. Este no es un ELA a desarrollarse ni un nuevo ELA, ninguno de los cuales tiene cabida bajo la Constitución de los Estados Unidos. El ELA Soberano es la libre asociación que es la independencia.Los Populares soberanistas/independentistas–-que son el liderato del PPD– lo saben pero lo disfrazan para confundirte de manera que votes por él, pues su interés es llevarnos hacia la independencia.

Votar mayoritariamente por ese ELA Soberano sería decirle al presidente de los Estados Unidos y al Congreso que queremos la independencia con todas las fatales consecuencias que esta conllevaría. El elector tiene que tener claro que bajo la independencia o libre asociación, Puerto Rico renunciaría a recibir las ayudas económicas que hoy tenemos como las becas Pell, las ayudas sociales para salud, vivienda y nutrición (WIC, PAN). Es decirles que queremos que todas las instituciones federales –fiscalía federal, el Tribunal federal, el FBI, la Guardia Costera, etc. se vayan del país. Es decirles también que no queremos ser ciudadanos americanos ya que “la ciudadanía sigue a la soberanía”.

Amigo Popular, el 6 de noviembre debes votar ‘NO’ en la primera pregunta del plebiscito y por la Estadidad en la segunda si quieres frenar la Independencia por la cocina, salir del atraso y progresar.


- Nota del Editor:


sábado, 30 de junio de 2012

La esencia de la estadidad


Por Dr. Hernán Padilla

Desde el 1898, el pueblo puertorriqueño no ha podido desprenderse del conflicto sobre su identidad sociopolítica y lograr una relación política permanente con Estados Unidos como estado de la unión.


Para comprender la esencia de la estadidad es necesario conocer el concepto del federalismo. James Madison defendió al pueblo sobre los líderes gubernamentales y enfatizaba que el poder no era del gobierno sobre el pueblo, sino del pueblo sobre el gobierno.

El federalismo plasmado en la Constitución de Estados Unidos le da vida, permanencia y estabilidad al derecho, a la ley, al orden, al predominio del poder del pueblo sobre los gobiernos, a la garantía de la libertad de expresión y de prensa y a la responsabilidad ciudadana que son la esencia del ideal de estadidad.

El prócer puertorriqueño José Celso Barbosa predicaba que la estadidad es un ideal y como tal viven en el corazón, la emoción, la fe, la esperanza y las aspiraciones de igualdad del pueblo puertorriqueño.

Creemos que la “Carta de Derechos” de la Constitución americana es el pilar fundamental que sostiene la aspiraciones del pueblo puertorriqueño: la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y ciudadanos y los derechos civiles, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos, incluyendo el derecho a la libre expresión, a protestar sin perjuicio, a practicar las creencias y la religión de preferencia, el voto libre para seleccionar gobernantes, la libertad de movimientos dentro de los estados y entre ellos e internacionalmente y la libertad de los ciudadanos para tomar decisiones y asumir sus propias responsabilidades.

El estado de Puerto Rico tendrá todos los poderes incluidos en la Constitución de Puerto Rico y además todos los poderes de un estado de la unión, como los define y garantiza la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, con los mismos derechos, privilegios, deberes y progreso económico que tienen los ciudadanos de los otros cincuenta estados.

Disfrutaremos plenamente de la soberanía compartida dentro de la nación americana sin que el Congreso, a su antojo y unilateralmente, pueda restringir los poderes autonómicos del estado. Nos convertiremos en socios, de igualdad de rango, de la federación de estados de una nación multiétnica y multicultural, y del segundo país del mundo con más ciudadanos con raíces hispanas del mundo. Puerto Rico  sería reconocido mundialmente como uno de los estados de  Estados Unidos y será el estado hispano con más poder e  influencia  en  el mundo.

La estadidad garantiza la igualdad ciudadana y será beneficiosa para todo el pueblo puertorriqueño. Es la mejor herramienta para poder lograr todas las garantías constitucionales como ciudadanos americanos y nacionales de Estados Unidos. La estadidad es el único status que nos preserva y garantiza la ciudadanía de Estados Unidos.

La estadidad nos permite votar en las elecciones federales nacionales; elegir cinco representantes y dos senadores al Congreso; el voto presidencial; representación en el Colegio Electoral, y nos daría amplia influencia y poder político dentro de la nación americana.

El estado de Puerto Rico hará realidad el compromiso del preámbulo de la Constitución puertorriqueña: “La lealtad a los postulados de la Constitución federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

La estadidad fortalece y garantiza nuestra identidad que nace de desarrollarnos en dos culturas, la puertorriqueña y la americana y sentará una pauta como un estado multicultural e hispano de los Estados Unidos de America. Será la culminación de la lucha por la igualdad que representa la soberanía del pueblo: el derecho a votar y elegir a los líderes políticos toman las decisiones  que afectan al pueblo de Puerto Rico. Eso, en esencia, es el arreglo constitucional que conlleva la estadidad.

lunes, 16 de abril de 2012

De la colonia a la estadidad (Parte I)


De la colonia a la estadidad (Parte I)
16 de abril de 2012
Opinión- José Garriga Picó, Profesor de Ciencia Política UPR-RP
Parte 3 de la serie ‘La Nueva Escuelita Estadista’.

Dedicada a los educadores voluntarios de la estadidad.

Visto en la columna anterior (‘La estadidad que queremos’) qué es la estadidad, vamos entonces a retrotraernos a los orígenes de nuestra presente condición para, en esta y próximas columnas, indagar sobre cómo llegamos aquí y cómo vamos a movernos hacia la estadidad. De hecho, la estadidad, como ya he dicho, está mucho más cerca de lo que nos damos cuenta. Estamos en lo que podemos llamar una ‘etapa pre-estadidad’.

Desde que se asentó el dominio de las tropas americanas sobre Puerto Rico en 1899, los puertorriqueños demandaron la anexión de la Isla a Estados Unidos. Tanto el Partido Republicano que fundó don José Celso Barbosa, como el Partido Federal que fundó don Luis Muñoz Rivera favorecían que Puerto Rico se convirtiera en estado. Desgraciadamente, ese deseo fue descarrilado por la respuesta del Gobierno federal. Esa fue una época en la que las ambiciones imperialistas y las nociones racistas de gobernantes y jueces del Tribunal Supremo federal impidieron que los puertorriqueños lográramos esa meta política de la misma manera que las mujeres, los afroamericanos, los méxicoamericanos, los chinos y otros grupos étnicos veían frustrados sus deseos de respeto e igualdad.

El Gobierno federal nos definió una condición política, la condición territorial, distinta a la estadidad que queríamos. Lo hizo a través de un tratado, unas leyes y la jurisprudencia asociada que definieron la posición de la Isla y sus habitantes en el sistema federal americano. Estos son: el Tratado de París de 1898-1899; la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos de América; El Acta Foraker de 1900; Caso Downes v. Bidwell; el Acta Jones de 1917; el Caso de Balzac v. El Pueblo de Puerto Rico. En esta columna vamos a discutir los primeros tres de estos y en una próxima, los demás.

El Tratado de París se concretó entre Estados Unidos y España en 1898 al finalizar la Guerra Hispanoamericana y entra en vigor en 1899. En el Art. 2, España le cede a Estados Unidos las colonias que le quedaban: Puerto Rico, Filipinas, las Islas Marianas y Guam. En el Art. 9, el Congreso recibió de manera explícita la soberanía última sobre Puerto Rico y los puertorriqueños: el poder para decidir sus “derechos civiles y status político”. Desde entonces, el Congreso ejerce ese poder explícitamente y sin ambages. Nunca lo ha renunciado y lo habrá de seguir ejerciendo. Lo que nosotros queremos es que lo ejerza de manera definitiva y final al hacernos el estado 51.

La Constitución de Estados Unidos es el próximo documento importante. Viene a regir sobre Puerto Rico en virtud de las disposiciones del Tratado de París. De la Constitución nos interesa aquí (el 1-2-3-4) la primera oración del segundo párrafo, de la tercera sección del cuarto artículo, es decir, la llamada Cláusula Territorial. Esta autoriza al Congreso a ejercer aquellos poderes que le concede el Tratado de París. Dice esta cláusula: “El Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”.

El Tratado de París y la Cláusula Territorial siguen hoy vigentes sobre Puerto Rico y además de autorizar al Congreso a decidir nuestro status en momentos cruciales, día a día, le da el poder de gobernar la Isla con “poderes plenarios”. Decir que tiene “poderes plenarios” significa que el Congreso puede ejercer sobre Puerto Rico (1) todos los poderes que de ordinario tiene sobre los estados y sus ciudadanos; y, (2) además, todos los poderes que la Constitución le reserva a los estados para que solo estos puedan ejercerlos sobre sus ciudadanos. De hecho, si el Gobierno de Puerto Rico tiene ahora mismo poder para legislar, es solo en virtud de que el Congreso le ha delegado esos poderes. (Véase el Acta Foraker Secc. 32 y el Acta Jones o de Relaciones Federales, Secc. 37)

Volviendo a 1900, blandiendo el poder plenario que le da el Tratado de París y la Cláusula Territorial, el Congreso hace caso omiso de los deseos de estadidad de los puertorriqueños y aprueba el Acta Foraker. Esta ley es el fundamento definitorio del status de Puerto Rico. Contiene dos tipos de disposiciones: unas establecen las instituciones civiles de gobierno interno, como el gobernador, las cámaras legislativas y las cortes locales, de las cuales no me voy a ocupar aquí. Las que nos interesan por ahora son las que determinan condición de Puerto Rico dentro del sistema federal.

Para empezar, los hago notar que el Acta Foraker de 1900 estableció tres de lo que luego los Populares llamarán: ‘los cuatro pilares del ELA’: (1) El mercado común, (2) La moneda común y (3) La común defensa.

Pero la ley Foraker hizo mucho más: (1) no solo nos permitió el comercio libre, nos incluyó dentro de la zona aduanera de Estado Unidos; (2) prohibió cobrar arbitrios por los bienes del comercio entre Puerto Rico y los estados (con excepciones); (3) estableció normas diferentes a las de los estados para cobrar otras contribuciones federales; (4) estableció que el Gobierno interno de Puerto Rico tendrá que ser pagado por los puertorriqueños y tendría, por lo tanto, autonomía fiscal; (5) hizo a los puertorriqueños, “Ciudadanos de Puerto Rico”, y como tal, parte de la población que está bajo la protección y las leyes de Estados Unidos (es decir, eran ‘nacionales’ de Estados Unidos aunque no fueran ‘ciudadanos’ americanos); (6) dio vigencia en Puerto Rico a todas las leyes de Estados Unidos ya aprobadas o por aprobarse (excepto las que el propio Congreso dijera que no eran aplicables); (7) extendió a Puerto Rico la jurisdicción de todos los departamentos y agencias del poder ejecutivo; (8) integró a los puertorriqueños de manera incompleta al poder legislativo al crear la posición de Comisionado Residente; (9) puso la Isla bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo federal y estableció el Tribunal de Distrito para Puerto Rico.

De lo anterior debe quedarle claro que el acta Foraker, aprobada y puesta en vigencia hace establecida hace 112 años, estableció casi todos los aspectos de la condición política o status actual. Pero hay todavía muchas aclaraciones que tendré que hacer en mis próximas columnas.

Solo resta concluir por hoy que es ya tiempo de cambiar unas condiciones ignominiosas que, a partir de lo que he dicho, hemos tenido que vivir desde el siglo pasado. Es hora de pasar de la colonia a la estadidad.

Comentarios a: GarrigaPico@Yahoo.com

miércoles, 28 de marzo de 2012

El Plan Cantinflas



Por: Eduardo A. Náter Ramos
Estudiante de University of Illinois en Urbana-Champaign

La sorprendente decisión del PPD sobre participar en el plebiscito de status que se celebrará el próximo 6 de noviembre junto a las elecciones generales, deja boquiabiertos, atónitos y perplejos a muchos. No es por el hecho de que van a participar, sino cómo y por qué lo van a hacer.

Aparentemente, en algún momento de iluminación, el significado de algunas palabras y conceptos políticos cambiaron dentro de la cúpula del PPD. El Senador Alejandro García Padilla y la Junta de Gobierno Popular han decidido defender el status colonial, territorial, mejor conocido como el “ELA”. Y lea bien, esto no es porque creen en el actual status, sino porque esto significa un voto en contra del Gobernador Luis Fortuño.

En entrevista radial, el Senador García Padilla planteó que un voto por el “Sí” en la papeleta plebiscitaria, es un voto por el “No” al Gobernador Fortuño. ¿La papeleta mágicamente cambió? ¿Ahora hay dos papeletas para la gobernación? Para el PPD resulta extremadamente lógico y la respuesta, según ellos, sería un “sí” a ambas. Un plan maestro, “foolproof”, a lo James Bond o Sherlock Holmes.

Creen que diciéndole al Congreso de los Estados Unidos que queremos mantener el “ELA”, que queremos seguir siendo colonia bajo sus poderes plenarios, estarían derrotando al Gobernador Fortuño. Ah, porque también el detalle es que el PPD desea derrotar al Gobernador en las cuatro papeletas. Ya el asunto no es política partidista, es derrotar a una sola persona. Me imagino que bajo esa misma premisa, pronto el PPD estará radicando una petición ante la Comisión Estatal de Elecciones para que en vez de la Palma, el PNP solamente pueda utilizar la imagen de Luis Fortuño y la opción del “No” y la “Estadidad” también estén representadas por su imagen para así completar su magistral plan.

Aquí les clarifico algo a los compatriotas populares. Cuando uno vota, defiende la opción o el concepto que está explícitamente descrito en la papeleta. Cualquiera que pretenda llevar a la gente, a su gente, a votar bajo una opción dándole otro significado, alejado de lo que realmente representa la opción, utiliza la demagogia, la mentira y la desfachatez insinuando que el puertorriqueño es bruto, que no sabe leer y que su mente es fácilmente manipulable. Como pueblo podemos equivocarnos y lo hemos hecho, pero ser brutos, JAMÁS.

Si los puertorriqueños queremos el voto presidencial, la fórmula para votar en el plebiscito es “NO” al status actual y una cruz bajo la Estadidad. Si queremos siete congresistas 100% boricuas que nos representen a nosotros y a los millones de hispanos en el Congreso, la fórmula para votar en el plebiscito es “NO” al status actual y una cruz bajo la Estadidad. Si queremos igualdad en derechos, beneficios y responsabilidades, la fórmula para votar en el plebiscito es “NO” al status actual y una cruz bajo la Estadidad. No se dejen engañar.

Así que mis queridos amigos populares, con ese cuento a otro lado. El Plan Cantinflas donde sí es no y no es sí y ambas son lo mismo pero todo lo contrario, no les va a funcionar. Puerto Rico no se va a dejar coger de lo que no es. Si alguien se ha caracterizado por mentiras, chanchullos y otras andanzas similares, es el Senador García Padilla que aún tiene muchísimo que explicar. Con esas cantinfladas a otro lado porque en el mundo real, el “sí” sigue siendo “sí” y el “no” sigue siendo “no”. Parafraseando una campaña mediática de los 90’s: “¡A Alejandro dile NO!”

lunes, 25 de julio de 2011

Constitución, territorio/colonia o estadidad

POR: HERNÁN PADILLA

Hoy, 25 de julio, día de la Constitución de Puerto Rico, celebramos 113 años del inicio de la ocupación militar de Puerto Rico como colonia antillana de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Ley 600 autorizó a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para administrar asuntos locales. La historia legislativa reitera y el propio Muñoz Marín aceptó públicamente que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe.

Resulta oportuno señalar que la Constitución de Puerto Rico sostiene que:

“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

Como en otros capítulos en la historia de la humanidad, el contacto de la cultura anglosajona americana y la colonial española-puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña.

Procede reflexionar sobre el experimento político y traer un poco de historia a un pueblo que clama por que le pongan fin al status colonial y le abran las puertas a la igualdad dentro de la federación de estados de la nación americana o que le den la independencia para forjar su propio futuro.

Theodore Roosevelt, hijo del presidente Teddy Roosevelt, luego de finalizar su término como gobernador de Puerto Rico en el 1932, publicó su libro “Colonial Policies of the United States” (Archivo Nacional de los Estados Unidos, 1937 #E-713-R-66). Roosevelt se interesó en el concepto de Puerto Rico como un “dominio” con gobierno propio en el futuro. Pronosticó que la Isla tendría su propia Constitución para administrar los asuntos locales en el futuro.

El ex gobernador Roosevelt dijo que el sueño imperialista del 1898 había probado ser irrealizable y reconoce que una “democracia como la de Estados Unidos” no puede administrar un imperio-colonial. Sentenció que la administración colonial en Puerto Rico chocaba contra las tradiciones democráticas americanas y su pragmatismo gubernamental lo convenció que Puerto Rico era y siempre sería una carga económica para los Estados Unidos.

La Constitución para un gobierno propio colonial del 1952 es un instrumento político que en nada cambia el status territorial y cuyo nombre de Estado Libre Asociado solo tenía el propósito de engañar a la población insular y la opinión internacional. La intención era hacer creer que la Isla no era una colonia dentro del marco jurídico constitucional y el Artículo 3, que reglamenta los territorios y posesiones americanas en ultramar.

Ese fue el gran mito político-jurídico producto de mentes brillantes como el juez del Supremo Abe Fortas, el gobernador Tugwell y José Trías Monje, defendido y difundido por Luis Muñoz Marín, el gran maestro político. Muñoz reconoció que Puerto Rico era una colonia americana bajo la tutela exclusiva del Congreso de los Estados Unidos de América.

Los populares inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral, un pacto que nunca existió. Ahora quieren presentar la colonia como un territorio autónomo y soberano, un concepto jurídico ajeno a la Constitución americana.

El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico.

Tampoco podemos ignorar que la Tercera Sección del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión.

La Constitución nos garantiza el derecho a exigir al Congreso que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico.

Cuando la mayoría de los puertorriqueños se exprese en contra de la colonia, en contra de una república independiente y a favor de la estadidad convocaremos la Asamblea Constituyente para redactar la Constitución del Estado de Puerto Rico.

domingo, 17 de julio de 2011

"ELA Territorial"

Por Rep. José Aponte Hernández, Ex- Presidente de la Cámara

¿Y cuál es el ELA que Ferrer defenderá? “El Estado Libre Asociado que cuando usted salga a la número tres y puede doblar a San Juan, cuando mire al frente, al lado va a ver carreteras, puentes, escuelas, todo lo que se construye en este país porque todo lo que está construido está construido bajo el Estado Libre Asociado, no la estadidad ni la independencia”, contestó Ferrer.

O sea, es el ELA Territorial (sujeto a la Claúsula Territorial del Congreso) que AGP aceptó en enttrevista que somos.

O sea, es el ELA Territorial bajo el cual RHC dijo lo siguiente: Democracia: "Dada nuestra extrana relacion con los Estados Unidos, Puerto Rico no tiene ninguna participacion en preparar las leyes que nos rigen. La falta de legitimidad democratica en la aplicacion de esas leyes es un problema basico de la estructura politica del Estado Libre Asociado, de lo cual hemos estado conciente desde 1952." Definicion segun Rafael Hernandez Colon; San Juan Star, Sunday 26 Feb 1989.

O sea, que se volvió a destapar la verdad: Ellos, los "líderes" del PPD no quieren ni van a hacer nada por resolver la condición colonial que reconocen vivimos desde el mismo comienzo. Está en nuestras manos resolverlo...

"La IGUALDAD requiere Acción".

lunes, 11 de julio de 2011

La batalla por Puerto Rico

Por Hernan Padilla, MD.

El asesinato a plena luz del día del banquero en el Expreso Las Américas, los 30 asesinatos en el fin de semana de las Fiestas de San Juan y la redada antidrogas en La Perla evidencian la descomposición del tejido social.

En mayo se reportaron 21,059 delitos; 3,845 fueron delitos de violencia. En los primeros seis meses del año informan 567 asesinatos. Los datos sugieren que los narcos se matan entre ellos para controlar sus territorios y cobrar deudas de drogas. Lamentablemente, ciudadanos inocentes caen víctimas en esta infame confrontación.

Los recursos de personal con que cuenta la Policía para cumplir con su responsabilidad son limitados. Para el 2011-12 se asignan $766 millones y en teoría cuentan con 18,986 puestos. La realidad es que 6,907 plazas están en tareas que no son de vigilancia policíaca directa y que existen más de 2,500 plazas vacantes.

La Policía no tiene suficientes efectivos para llevar a cabo un buen plan de prevención. Aunque tendrá un aumento de $29.5 millones y reclutará 536 nuevos cadetes, no le asignaron dinero adicional para llenar miles de puestos vacantes. Es imperioso asignar más fondos a la Policía.
Prevención implica implantar programas para modificar la conducta de nuestros jóvenes, un cambio social-cultural a largo alcance. Mientras tanto, es necesario aumentar la vigilancia policial en las comunidades. La presencia masiva de policías en lugares de alta incidencia criminal tiene impacto preventivo inmediato y sostenido.

Un buen programa de prevención requiere tecnología moderna para derrotar el crimen y proteger los ciudadanos. En Memphis, Tennesse, redujeron el crimen en más de 30%, incluyendo una reducción de 15% en crímenes violentos.

El modelo utilizado fue desarrollado por IBM y el Departamento de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Memphis. Este programa analítico de estadísticas criminales predice los “puntos calientes” para asignar recursos, personal, patrullaje, control de tránsito, operaciones e investigaciones específicamente dirigidas a sectores de alta actividad delictiva.
El nuevo superintendente Díaz Colón merece todo el respaldo para continuar con las redadas contra el narcotráfico, el “Golpe al Punto”, el “Grupo de los 100”, acelerar la reforma de la Policía y hacer realidad el proyecto de estadísticas computarizadas (COMPSTAT) para analizar estrategias para controlar el crimen.

Apoyo la iniciativa para un Centro de Información Criminal (Crime Information Warehouse), un nuevo programa para almacenar información de la Policía, Justicia, Corrección y DTOP en un sistema integrado disponible al momento de intervenir con un sospechoso de un crimen.
Las cámaras de televisión de circuito cerrado (CCTV) en lugares públicos son un instrumento efectivo comprobado para prevenir el crimen. Son un arma silente para evitar tráfico y venta de drogas y crímenes callejeros y condenar judicialmente a los delincuentes. Con una red de cámaras que ofrece imágenes inmediatas y en tiempo real, localizadas en lugares estratégicos y conectadas a un Centro de Mando, la Policía tendría información valiosa para tomar acción preventiva contra cualquier actividad delictiva o criminal.

Las cámaras de seguridad no violan los derechos de privacidad ciudadana. Son legalmente aceptadas. Se utilizan en centros de gobierno, centros judiciales, centros comerciales, hospitales, aeropuertos, estaciones de peaje y control de tráfico entre muchos otros. Varias ciudades que tienen instalados sistemas similares reportan éxito sustancial y reducción de la actividad criminal entre 36% a 66%. El factor multiplicador de una cámara científicamente instalada equivale a asignar cuatro policías uniformados a un sector que necesita vigilancia.
El gobierno tiene la inescapable obligación primaria de proteger la vida y hacienda de todos los ciudadanos. La guerra contra los narcos y sus corruptos aliados es la gran batalla por el alma de Puerto Rico, esencia de nuestra frágil sociedad libre y democrática.
“Tirar la toalla”, no puede ser una opción.

martes, 31 de mayo de 2011

Cruda realidad fiscal colonial

Por Hernán Padilla

El Presupuesto para el año fiscal 2011-12 nos brinda la oportunidad de entender cuán limitados son los recursos de fondos locales para atender las necesidades y las aspiraciones del pueblo puertorriqueño. La situación fiscal es más compleja de lo que se percibe.

El Fondo General recibe $8,650 millones de contribuyentes y negocios en la Isla. De ese total, la contribución sobre ingresos de individuos ascendió a $2.574 millones, solo el 25% de todos los ingresos recibidos.

Ante esa realidad, necesitamos considerar el impacto de los fondos y los programas federales sobre la economía en Puerto Rico.

Los fondos para servicios sociales, protección de la familia y servicios a la niñez merecen escrutinio. La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia recibe $2,090,687,000 en fondos federales, lo que representa el 95.5% de su presupuesto. Sin esa ayuda federal no se recibirían $2,091 millones para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), $87 millones para ayuda temporal para familias necesitadas ni $5.6 millones para la rehabilitación económica de la familia.

Para describir cuán dependientes somos de los contribuyentes del norte, basta con señalar que la Administración de Familias y Niños recibe $54 millones para servicios del bienestar de los niños y el 95.2% del presupuesto de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), $184.5 millones provienen de fondos federales. La Administración para el Sustento de Menores, depende de $41 millones de fondos federales, 74% de su presupuesto total.

Los servicios de salud no se quedan atrás. La Administración de Servicios de Salud recibe $993 millones de Medicaid y Título XIX para los programas de asistencia médica; la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) recibe $35 millones; y el Departamento de Salud $476 millones. Educación va por el mismo camino. El 81% del presupuesto de la Administración de Rehabilitación Vocacional proviene de fondos federales ($72.7 millones), los servicios del Departamento de Educación dependen de $1,404 millones federales y la UPR recibe $305 millones en ayuda federal.

Sin hacer un desglose, es obvio que el gobierno federal subsidia la sociedad puertorriqueña mediante más de 300 programas federales. Los subsidios y donaciones han sido muy buenos para Puerto Rico, especialmente para los ciudadanos más necesitados. Hemos dado la lucha para que nos traten en condición de igualdad con los otros ciudadanos de los Estados Unidos. La realidad es que los contribuyentes de los cincuenta estados subsidian nuestra economía, la infraestructura y la función gubernamental.

Las transferencias federales suman más de $21,000 millones al año, incluyendo $7,500 millones de subsidios al Gobierno central para brindar servicios esenciales a toda la ciudadanía; $4,412 millones en otros pagos directos a los individuos y $1,176 millones en pagos de salarios y contratos de las agencias federales en Puerto Rico. Como ciudadanos americanos, pagamos $3,557 millones anualmente por contribuciones para la red de seguridad social, Seguro Social, Medicare y Seguro por Desempleo al gobierno federal. A cambio, recibimos $7,700 millones en beneficios de seguro social, retiro e incapacidad.

A pesar de las masivas ayudas y transferencias federales, las cifras de abril del 2011 del Departamento del Trabajo confirman que de una población no-institucional de 3,139,000 solo 1,266,000 personas buscan empleo y solo 1,061,000 estaban empleados.

Para complicar más la situación económica, la crisis fiscal que afecta a los Estados Unidos obligará al Congreso a tomar medidas que pueden tener un impacto negativo sobre los fondos federales destinados a Puerto Rico. La ayuda unilateral no va a durar para siempre. Tenemos que cambiar la dirección de nuestra economía. Es necesario buscar nuevas estrategias políticas, fiscales y económicas.

El experimento político y modelo colonial del ELA ha sido un fracaso económico. Urge resolver el estatus de Puerto Rico.