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viernes, 9 de noviembre de 2012

Seniority

Seniority

Por Kenneth D. McClintock Hernández
 1 de Octubre de 2012

La principal regla de funcionamiento del Congreso de los Estados Unidos se resume en una sola palabra: "Seniority" o antigüedad.  El seniority, esencialmente, mide cuánto tiempo un congresista ha prestado servicio desde su juramentación. A manera de ejemplo, el Comisionado Residente Pedro R. Pierluisi juramentó por primera vez el 3 de enero del 2009.  Trescientos quince congresistas tienen más seniority que él y 119, más los cinco que sean electos para cubrir 4 vacantes por renuncia y una por muerte, tienen menos seniority que él.

Seniority es un factor que nunca ha sido tomado en cuenta al momento de elegir un Comisionado Residente, para detrimento de los intereses de nuestro pueblo.  El seniority no se fabrica ni se promete; se tiene o no se tiene.

Pedro Pierluisi tiene más seniority hoy que quienes ocupan o ocuparán 124 escaños congresionales.  Con el retiro derrota primarista ya sufrida o derrota electoral a sufrirse de decenas de congresistas en noviembre, de resultar reelecto, nuestro Comisionado Residente tendría en enero más seniority que por lo menos 150 congresistas al iniciarse como miembro de su tercero Congreso (recordando que los Congresos se miden en bienios y no en cuatrienios).

La elección, por improbable que sea, de cualquiera de sus cinco contrincantes, colocaría a un nuevo Comisionado Residente al final de la lista de seniority, a pelearse por lo que aparezca al fondo del barril, y no por la crema que flota en el tope del barril, particularmente al debatirse las posibles medidas a tomarse para no caer en el precipicio fiscal (fiscal cliff) que enfrenta la nación.

Si el Comisionado Residente que elegimos en 1976, Baltasar Corrada Del Río, no hubiese optado por aspirar a la Alcaldía de San Juan en 1984 y hubiese sido reelecto ininterrumpidamente desde entonces, ocuparía la posición #10 en seniority hoy, superior a 425 de los 435 miembros del Congreso.  Si, en cambio, en el 2000 el pueblo hubiese reelecto a Carlos Romero Barceló y éste ocupara aún el cargo, hoy Puerto Rico tendría un Comisionado Residente con más seniority que 348 congresistas.

De 1989 a 1991 una de las figuras congresionales más mencionadas en Puerto Rico era Ron de Lugo, el presidente de la Subcomisión de Asuntos Insulares del Congreso que evaluaba la legislación de status. ¿Por qué ese delegado de las vecinas Islas Vírgenes Americanas tenía tanto poder sobre Puerto Rico?  La respuesta se resume en una sola palabra: ¡seniority!  Los electores de ese territorio americano conocen el poder del seniority y reeligieron repetidamente a su delegado congresional hasta llegar a multiplicar su poder al convertirse en presidente de una subcomisión.  Hasta el 2010, todos los delegados territoriales, menos el entonces recién llegado Pierluisi, eran presidentes de subcomisiones congresionales porque sus respectivos electorados los reeligen de manera que puedan mantener y seguir acumulando seniority y poder.

En esta elección, Puerto Rico tendrá la opción de preservar la influencia y el poder que ya ha acumulado Pedro Pierluisi, con un seniority mayor que 124 otros congresistas, o echar al zafacón ese poder, esa influencia, eligiendo a otro que comience como "prepa", a recoger las migajas de las migajas!  Ese es un factor importante siempre, pero más aún cuando durante los primeros tres meses del próximo Congreso estarán enfrentando como evitar caer en el precipicio fiscal en que se recortarán trillones de dólares en programas federales.

Esa es otra razón más para retener a Pedro R. Pierluisi como nuestro influyente Comisionado Residente votando íntegro por el Partido Nuevo Progresista.

viernes, 23 de marzo de 2012

La realidad del “Ellos no nos quieren”


La realidad del “Ellos no nos quieren”

Por Raúl R. Vidal

Desde que tengo uso de razón, uno de los argumentos más utilizados por estadolibristas e independentistas es que aunque el pueblo quiera la unión con los Estados Unidos, “ellos” no nos quieren. Muchos de mis compañeros estadistas se han topado con este argumento. Sin duda alguna, se han sentido frustrados ante tal aseveración. Por su beneficio y el de todo aquel interesado, analizaremos el argumento. Éste se divide en tres partes: 1) La aceptación de los opositores de la estadidad de que el pueblo ya no está con ellos; 2) La presunción que nosotros somos diferentes a los llamados “ellos”; y 3) Que nuestros conciudadanos no nos quieren.

El creciente uso de este argumento es significativo, ya que indica que los enemigos de la estadidad han aceptado la opinión del puertorriqueño sobre el tema. Ningún otro movimiento político en Puerto Rico ha crecido tanto en tan poco tiempo. Cierto que no se ha certificado aún en un plebiscito federal o estatal, pero sin duda alguna, la proyección que lleva desde 1967 indica que la estadidad será la preferencia mayoritaria permanente. La oposición concede este punto al usar su argumento preferido – y aunque no lo admita, su argumento le traiciona.

La segunda premisa del argumento es la distinción entre nosotros y “ellos.” Ahora bien, ¿a quién se refieren al decir “ellos”? Claro, dirían, a los americanos, pero ¿a cuáles americanos se refieren? No es posible que se basen en ciudadanía, ya que nosotros, desde Luis Fortuño Burset hasta Filiberto Ojeda Ríos, somos ciudadanos Americanos. Hasta ese punto, el “ellos” no tiene mucho sentido. Tal vez se refieren a los ciudadanos que viven en los estados de la Unión. De referirse a éstos, estarían incluyendo a todos nuestros hermanos hispanos de la nación, esos 45.5 millones. Los hispanos componemos un 15% de la población (un 44% de la población de Nuevo México, y un 35% de la población en California y Tejas). Por definición, también incluyen a los más de 4.5 millones de puertorriqueños que viven en el resto de la nación. Dudo mucho que éstos estén en contra de nuestra estadidad de nosotros optar por ella, y mucho menos creo que esos 45.5 millones de hispanos se distingan tanto de nosotros como la oposición nos distingue de los misteriosos “ellos.” Siendo justos, tal vez la oposición se refiere a esos “anglos,” esos “blanquitos” del norte, pero hasta eso es insensato por dos razones. Primero, los ciudadanos de la mayoría racial no están en su mayoría en contra de nuestra estadidad (cosa en la que elaboraré más adelante). Segundo, ninguna medida en nuestra nación es decidida por un solo sector. Todas las medidas son discutidas y decididas por el entero de nuestra nación, esto incluye a todas las razas y todas las tradiciones culturales que habitan en el país. En fin, si bien es cierto que no podemos distinguirnos del resto de la ciudadanía, el “ellos” no existe. De hecho, al decir “ellos,” también nos estamos incluyendo.

La tercera premisa se basa en que, sea quien sea que tenga que tomar el último paso de nuestra estadidad, no nos querrá como estado. Esto no es cierto, y de hecho solo existe evidencia de lo contrario. Sería fácil descartar este argumento citando el abrumador apoyo – 185 coauspiciadores – que el más reciente proyecto de status (Puerto Rico Democracy Act ó HR 2499) disfruta en la Cámara de Representantes federal, pero prefiero indagar un poco más profundamente citando datos y experiencias que he tenido en la capital, Washington, DC.[1] Cuando el pueblo de Puerto Rico vote en su mayoría por la estadidad, el Congreso federal (quienes tal vez son los “ellos”) tendrá la responsabilidad de decidir el asunto a través de legislación. De inmediato, y sin contar doble, uno puede estar seguro del apoyo de todos los congresistas hispanos (25), más los congresistas no hispanos con distritos nutridos de hispanos (70), más los congresistas no-hispanos que han apoyado tradicionalmente nuestra integración (30), más sus aliados y miembros del Congreso que ya se han comprometido a respetar la decisión del pueblo (90), más uno que otro congresista en la periferia (20+/-), nos da un total de 235 +/-. Una pieza de legislación se aprueba con 218. En el Senado podríamos contar con alrededor de 55 votos al momento – teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en la Cámara baja.

Algunos dirían que estas son cifras altamente optimistas, pero al aplicar un carácter humano, uno se da cuenta de su veracidad. Por ejemplo, uno de los detractores más grandes del proyecto HR2499 es el Representante Broun de Georgia, aun así, el congresista ha dicho en el record que si un 56% del pueblo de Puerto Rico apoya la estadidad, el también la apoyará. Lo mismo han dicho varios otros congresistas con cuyo apoyo típicamente no contamos los estadistas. Es importante notar que la falta de apoyo por un referéndum que requiere mayoría simple, no es sinónimo a que no nos quieren como Estado. De la misma forma, ser republicano o conservador en los Estados Unidos no es sinónimo de ser anti-estadista – contrario al argumento de los independentistas y estadolibristas sobre los “ellos.” Como ejemplo, comparto esta anécdota: Durante una cena con el conocido congresista conservador, Joe Wilson – a quien recordarán por ser el congresista que le gritó al Presidente Obama “¡Mientes!” durante un discurso en el Congreso –, el representante compartió con todos en la mesa su adoración por Puerto Rico, añadiendo que no hay un ciudadano más americano que el puertorriqueño. No tengo que mencionar que el congresista Wilson es un fierro partidario de la estadidad. Lo mismo puedo decir de famosos líderes del movimiento conservador con quienes he podido compartir y, para incredulidad de los proponentes del “ellos,” reclutar para nuestra causa. Personalidades como el Gobernador Jeb Bush, Michael Steele (líder del Partido Republicano), David Keene (presidente de la Unión Conservadora), los congresistas Chris Smith, Dan Burton, Rob Bishop, John Mica, Mike Pence, Doc Hastings y muchos más.

Enumerando todos nuestros partidarios, me vuelvo a preguntar la validez del argumento colonialista – “ellos no nos quieren.” Si los “ellos” no puede ser el pueblo americano, ni puede ser el Congreso de los Estados Unidos, ni tampoco el movimiento conservador, ¿quiénes serán? Tal vez “ellos” son nada más y nada menos que los estadolibristas e independentistas que se oponen recalcitrantemente a la igualdad y pretenden arriesgar la permanencia de nuestra ciudadanía.

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Raúl R. Vidal es el pasado Presidente del Puerto Rico Statehood Students Association y Co-Presidente de los Young Republican of Puerto Rico. PRSSA es una organización sin fines de lucro con la meta de adelantar el debate académico y político sobre la libre determinación de Puerto Rico al igual que su posible admisión como Estado de la Unión.

[1] Para el estudio formal, visite nuestra página Web, www.statehoodpr.org

miércoles, 21 de marzo de 2012

Dear Compay Santorum


Por  Dr. Pablo A. Jiménez

Dear compay Santorum

I write this open letter in response to your recent visit to Puerto Rico. / Escribo esta carta abierta en reacción a su reciente visita a Puerto Rico. Y le escribo de manera bilingüe porque usted no habla español.

In an interview given to a local newspaper, you said: "Like any other state, there has to be compliance with this and any other federal law. And that is that English has to be the principal language. There are other states with more than one language such as Hawaii but to be a state of the United States, English has to be the principal language." / En una entrevista, reseñada en un periódico local, usted dijo:

Your remarks were understood as a insult, summarized in two words: "Learn English". / Sus expresiones fueron interpretadas como un insulto, resumido en dos palabras: "Aprendan inglés".

Let's deconstruct your remarks, shall we? Your observations betray two suppositions: first, that federal law establishes English as the official language of the United States; and, second, that Puerto Ricans do not speak English. / Permítame deconstruir sus expresiones. Sus observaciones delatan dos supuestos: primero, que la ley federal establece el inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos; y, segundo, que los puertorriqueños no hablamos inglés.

The problem is that both suppositions are false. On the one hand, the United States has no official language; there is no law establishing English as the official language. On the other hand, most Puerto Ricans speak some English, and millions of us are fully bilingual, speaking both languages with ease. / El problema es que ambos supuestos son falsos. Por un lado, los Estados Unidos no tienen un lenguaje oficial; no hay ley que establezca el inglés como su lenguaje oficial. Por otro lado, la mayor parte de los puertorriqueños habla algo de inglés, y millones de puertorriqueños somos bilingües.



The question is why you made these unfortunate remarks. Did you know your premises are false? If you didn't know, then you spoke out of ignorance. If you did now, then you twisted the truth. One way or the other, your remarks are not worthy of a presidential candidate. / La pregunta es por qué hizo usted estas expresiones tan desafortunadas. ¿Sabía usted que eran falsas? Si no lo sabía, hablo motivado por la ignorancia. Si lo sabía, tergiversó la verdad. De cualquier manera, sus expresiones no son dignas de un candidato presidencial.

I know that you have tried to backtrack, in an effort to explain the unexplainable. But a "clarification" is not an apology, and that is what the people of Puerto Rico deserve. And such an apology should be addressed not only to the 3.7 millions Puerto Ricans who live in the Island, but also to the 3.9 millions who live on the Mainland. / Sé que ha tratado de retractarse, tratando de defender lo indefendible. Empero, una "clarificación" no es una disculpa. Y usted debe pedirles excusas tanto a los 3.7 de millones de puertorriqueños que viven en la Isla como a los 3.9 millones que viven en los Estados Unidos continentales.

Of course, you will not apologize, given that your remarks were addressed to your conservative supporters in the States. Your aim was to throw "red meat" to the extreme right wing of your party. You did not mean to offend Puerto Ricans. You simply used the audience as a prop to demonstrate how conservative you are. / Por supuesto, usted no va a pedir perdón, dado que sus expresiones estaban dirigidas a sus correligionarios conservadores en los Estados Unidos. Su objetivo era complacer a la extrema derecha de su partido. Usted no deseaba ofender al pueblo de Puerto Rico. Simplemente, usted usó a la audiencia como una excusa para hacer alarde de cuán conservador es usted.

Good bye, compay Rick Santorum. Good bye and good riddance. / Adiós, compay Rick Santorum. Adiós y hasta nunca.

¿Qué opina usted? Le invito a compartir su opinión, comentando tanto el contenido de esta columna como los comentarios de otros lectores y de otras lectoras.

El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com . Publicado Originalmente en El Nuevo Día, el 20 de Marzo de 2012 en la columna de Estilos de vida: Vicios, virtudes y valores. 

lunes, 19 de marzo de 2012

"US Commonwealth of Puerto Rico"


Por Dr. Hernán Padilla
19 de Marzo de 2012

Aunque el nombre de “Estado Libre Asociado” es una contradicción política y jurídica, la Ley Pública 600, la Constitución de Puerto Rico y el “US Commonwealth of Puerto Rico” viabilizan la transición de Puerto Rico a la estadidad.

La Ley Pública 600, aprobada por el Congreso en 1950, autorizó a Puerto Rico a adoptar su propia Constitución para crear un gobierno que rigiera sobre cuestiones locales, al igual que las otras constituciones estatales

El entonces gobernador Luis Muñoz Marín, la Asamblea Constituyente, y el pueblo de Puerto Rico aceptaron las condiciones fundamentales impuestas por el Congreso: (1) que incluyese una carta de derechos; (2) que crease un gobierno de forma republicana; (3) que estuviese de acuerdo y sujeta a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos, y (4) que estuviese de acuerdo con la Ley Pública 600.

La intención primordial de estos requisitos es la de asemejar y hacer viable que todo territorio pueda ser un estado de la Unión en un futuro.

De tal forma, la constitución de un territorio puede permanecer vigente cuando sea admitido como un estado de la Unión, como sería en el caso de Puerto Rico.

Obviamente, la Constitución de Puerto Rico tenía que subordinarse a la Constitución nacional, ya que ésta prevalece y es de mayor rango que cualquier ley o constitución estatal o territorial.

De la misma manera, la Constitución de Puerto Rico cumple con el requisito de ser un territorio organizado políticamente como un estado para poder ser admitido a la Unión.

El Preámbulo de nuestra Constitución sostiene: “Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute colectivo de sus derechos y prerrogativas... la lealtad a los postulados de la Constitución federal... la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. Estos postulados son la base del camino hacia la estadidad.

No cabe duda, la Constitución que se aprobó en 1952 es la antesala a la estadidad. En esencia, la comunidad política creada por virtud de la Constitución de Puerto Rico es como un estado no admitido, pero en proceso de ser admitido.

En el 1901 la Corte Suprema de Estados Unidos creó la diferencia entre un “territorio incorporado” en vías de convertirse en estado y otro “no incorporado”, con otras opciones. En el 1922, en el histórico y famoso caso Balzac vs. Porto Rico, la Corte Suprema efectivamente “legisló” que Puerto Rico era un “territorio no incorporado” aunque sus residentes fueran nacionales y ciudadanos americanos”. Por suerte, parece que cuando el Congreso aprobó la Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico, tuvo el efecto revocar el caso Balzac “en silencio”.

A pesar de ese desatino jurídico-constitucional, parece que el proceso de Puerto Rico como territorio incorporado comenzó en 1917 a través de la concesión de la ciudadanía americana. Aunque no fue la intención del Congreso cambiar la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, sino meramente disponer sobre su gobierno interno, la Ley 600 y la Constitución del 1952 se convierten en la antesala del “territorio colonial incorporado”  en ruta a la estadidad.

De hecho, durante décadas nos han considerado como si fuéramos un estado llamado “the Commonwealth of Puerto Rico” y nos incluyen en muchos de los programas nacionales, como transportación, agricultura, justicia, ambiente, educación, vivienda, asistencia médica y asistencia nutricional, entre otros.

Por tanto, no podemos negar que la federalización de jure y de facto del “US Commonwealth of Puerto Rico” tratando a Puerto Rico como si fuera territorio nacional incorporado, es otro paso irreversible y el preludio político-jurídico a la estadidad.

jueves, 15 de marzo de 2012

La realidad lógica y simple del idioma oficial



Por: José F. Rovira- Ortíz
Ex- Presidente de PRSSA- UPR Río Piedras 
Estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara
15 de marzo de 2012

Recientemente se ha vuelto a mencionar el llamado “English Only” referente a la posibilidad de Puerto Rico convertirse el estado 51 de los Estados Unidos de América. Claro que no podía faltar el escándalo y bullicio que acompaña dicho comentario cada vez que es sonado en los medios, específicamente cuando proviene de un pre candidato a la presidencia, como lo es Rick Santorum. Este asunto a los propios estadistas se les ha salido de las manos. Esto ya que los líderes de dicho movimiento no han tenido la capacidad de aclarar el asunto de una vez y por todas. Pero esta situación se puede explicar de manera lógica y simple, utilizando como referencia hechos reales.

Primeramente, es de conocimiento general que en los Estados Unidos  no existe ley de idioma oficial.  El mismo periódico cibernético “The Blaze”,  que de hecho es conservador fundamentalista y apoya a Rick Santorum ha expresado este 15 de marzo de 2012 que el pre candidato se equivoca en sus comentarios hechos referentes a la estadidad para Puerto Rico al citar a Reuters en su segundo párrafo:
 “un planteamiento que pone en duda la constitución”, reportando que no se estipula que un estado debe oficialmente adoptar  el Ingles. “La Constitución de los Estados Unidos no  designa idioma oficial y no existe como requerimiento  que un territorio adopte el Ingles como lengua primaria para poder volverse un estado.”(http://www.theblaze.com/stories/constitutional-santorum-says-puerto-rico-must-adopt-english-to-become-u-s-state/)

Al esto no estar presente en la Constitución Federal, el asunto cae en manos del gobierno estatal. Tan es así que estados adoptan muchísimos idiomas oficiales, para proteger su cultura e identidad. Nuevo México y Alaska son ejemplos de estas situaciones. Al no estar en la constitución Federal, y por ende no ser requerido a los estados, debe aplicársele a todos por igual. Sería un trato desigual si solo se aplica a uno solo. Si hay algo que distingue la Constitución Federal es que protege y recae sobre todos los ciudadanos de los estados por igual. La Constitución Federal existe para que los ciudadanos americanos estén cubiertos por leyes y derechos básicos en cualquier estado o territorio que se encuentren. Por lo tanto un ciudadano de Nuevo México que visita a Puerto Rico estaría sujeto a esas leyes, por ende no haría sentido que por ley federal este ciudadano pueda hablar español en su estado y no en Puerto Rico. De surgir el caso de que a Puerto Rico se le obligue adoptar un solo idioma oficial como exigencia para convertirse en estado el deber está, nosotros los puertorriqueños tendríamos que acudir a la corte federal y buscar que ese trato desigual se invalide.

¿Y si el Congreso aprueba el English Only? Pues, el tiempo dirá, pero hay que tener en consideración el grupo minoritario que somos. Los latinos serán la minoría más grande para el 2025 por lo tanto no duden que estados “superconservadores” y con poca población hispana se preocupen por este hecho. Estamos hablando de gente que le teme al cambio, pero los cambios son inevitables. Una ley como la propuesta hace un tiempo por un congresista de Iowa donde la población latina no llega ni a 10% jamás será aprobada cuando existen estados con mucho mas poder político como Nueva York, California, Texas, Florida etc. Estos son estados, con poblaciones significativas de latinos que representan votos para sus políticos. Esa es la lógica simple del asunto y lo que los políticos de Puerto Rico no han podido llevar a los puertorriqueños. No tenemos porque caer en lenguajes de miedo, porque mientras reconozcamos nuestra importancia a nivel nacional no seremos tocados. Yo les apuesto que si mañana 100,000 latinos ciudadanos americanos se mudan a un distrito congresional representado por un exponente del “English Only” este retirara su apoyo en cuanto comience a perder en las encuestas.

Cabe aclarar que mi escrito no es uno que va en contra del idioma ingles, sino en contra de la idea del “English Only”. Como puertorriqueños buscando convertirnos en un estado  entendemos que si queremos formar parte de dicha unión debemos aprender a comunicarnos en ingles ya que en una corte federal o  sesión congresional ese es el idioma que te van a hablar. Por otra parte es imposible que dejemos de hablar español así porque si. Llevamos poco más de 500 años hablando español, aun más tiempo de lo que los 50 estados llevan hablando ingles. Estados Unidos con 114 años de presencia en la isla no ha podido imponerle dicha condición a un territorio sujeto a sus poderes plenarios, ¿como podrá hacerlo con un estado que posee voz y voto dentro de dicha unión? En Puerto Rico se debe fomentar la enseñanza de ambos idiomas y no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de enriquecimiento intelectual y social. Así que les digo: ¿Por qué creerle a Santorum? Este 18 de marzo demostremos como todos esos latinos en los 50 estados el poder que tenemos cuando se nos amenaza con trato desigual.

martes, 9 de agosto de 2011

El Plebiscito: La gran oportunidad del 2012

Por José F. Rovira
Ex- Presidente PRSSA- UPR-RP
Despierta Estadista, Inc

En el 2012 se pronostica que se celebrara un plebiscito de status en la isla de Puerto Rico el primero desde el 1998. Esto no solo debemos verlo como el cumplimiento de una promesa de campaña debemos verlo como una gran oportunidad en donde se está en el momento adecuado. Todo parece caer al pie de la letra y hasta les diría que la oportunidad de celebrar este plebiscito lo mas tardar en el 2012 me recuerda un suceso parecido hace unas décadas donde 2 territorios se veían en la misma situación. Les hablo de Hawaii y Alaska. ¿Se preguntaran porque nuestra situación se parece a esta del pasado? Sencillo: no somos los únicos que probablemente celebremos un plebiscito de status en el 2012.

El territorio de Guam que en 1898 también se convirtió en posesión de los Estados Unidos como Puerto Rico tiene pautado decidir su futuro político en el 2012. Según encuestas llevadas a cabo por la Universidad de Guam el 57% de los nativos creen en la estadidad y el 76% en la ciudadanía americana, así que podríamos ya pronosticar el resultado de este proceso para Guam. Nosotros no nos quedamos atrás. En la última encuesta donde se pregunta a los puertorriqueños que opción favorecería los números son casi parecidos a esos en Guam. Podemos decir que para el 2012 los Estados Unidos se verá con la situación de tener que rechazar o aceptar como estado no a uno sino a dos de sus territorios. La historia parece repetirse nuevamente para la gran nación.

En los 40 ocurrieron tres cosas. Al igual que hoy la nación se encontraba en guerra, crisis económica y tanto Hawaii como Alaska llevaron a cabo plebiscitos en donde en ambos casos, como ya sabemos, prevaleció la Estadidad. No fue hasta el 1959 que el Congreso lo hizo oficial. ¿Por que tardaron tanto? Todo fue por un “issue” de poder en el Congreso. Hawaii era muy republicano para los demócratas y Alaska muy demócrata para los republicanos así que individualmente para estos territorios el asunto no iba a resolverse mientras ambos partidos temieran perder poder. La gran solución al problema fue sencilla. Se creó lo que llamaríamos un “package” en donde para balancear el poder se le otorgo simultáneamente la estadidad a ambos territorios.

Este debe ser el ejemplo a seguir tanto para Guam como Puerto Rico. Guam es considerado republicano y Puerto Rico en su mayoría demócrata y digo mayoría porque sabemos que en nuestra isla una buena cantidad de personas son conservadoras y estoy seguro votarían republicano. Además tengan presente que las raíces del PNP son republicanas. Tanto Fortuño, Jennifer, Aponte y Santini son republicanos. Dicho esto entiendo que podemos llevar al Congreso una oferta de estadidad balanceada al Congreso. 2 senadores para cada partido y de 6 congresistas me atrevo a decir que serán 3 para cada uno además de se le dará la oportunidad a unos 3.9 millones de ciudadanos americanos entre ambos territorios a poder acabar con el coloniaje y disfrutar de su ciudadanía plena. Por eso le sugiero al gobierno de Puerto Rico que decida la fecha para el plebiscito lo más pronto posible y que dentro de dicha propuesta extendamos una mano aliada al territorio de Guam para que juntos luchemos por lo que ambos queremos: Dignidad e igualdad.

lunes, 25 de julio de 2011

Constitución, territorio/colonia o estadidad

POR: HERNÁN PADILLA

Hoy, 25 de julio, día de la Constitución de Puerto Rico, celebramos 113 años del inicio de la ocupación militar de Puerto Rico como colonia antillana de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Ley 600 autorizó a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para administrar asuntos locales. La historia legislativa reitera y el propio Muñoz Marín aceptó públicamente que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe.

Resulta oportuno señalar que la Constitución de Puerto Rico sostiene que:

“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

Como en otros capítulos en la historia de la humanidad, el contacto de la cultura anglosajona americana y la colonial española-puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña.

Procede reflexionar sobre el experimento político y traer un poco de historia a un pueblo que clama por que le pongan fin al status colonial y le abran las puertas a la igualdad dentro de la federación de estados de la nación americana o que le den la independencia para forjar su propio futuro.

Theodore Roosevelt, hijo del presidente Teddy Roosevelt, luego de finalizar su término como gobernador de Puerto Rico en el 1932, publicó su libro “Colonial Policies of the United States” (Archivo Nacional de los Estados Unidos, 1937 #E-713-R-66). Roosevelt se interesó en el concepto de Puerto Rico como un “dominio” con gobierno propio en el futuro. Pronosticó que la Isla tendría su propia Constitución para administrar los asuntos locales en el futuro.

El ex gobernador Roosevelt dijo que el sueño imperialista del 1898 había probado ser irrealizable y reconoce que una “democracia como la de Estados Unidos” no puede administrar un imperio-colonial. Sentenció que la administración colonial en Puerto Rico chocaba contra las tradiciones democráticas americanas y su pragmatismo gubernamental lo convenció que Puerto Rico era y siempre sería una carga económica para los Estados Unidos.

La Constitución para un gobierno propio colonial del 1952 es un instrumento político que en nada cambia el status territorial y cuyo nombre de Estado Libre Asociado solo tenía el propósito de engañar a la población insular y la opinión internacional. La intención era hacer creer que la Isla no era una colonia dentro del marco jurídico constitucional y el Artículo 3, que reglamenta los territorios y posesiones americanas en ultramar.

Ese fue el gran mito político-jurídico producto de mentes brillantes como el juez del Supremo Abe Fortas, el gobernador Tugwell y José Trías Monje, defendido y difundido por Luis Muñoz Marín, el gran maestro político. Muñoz reconoció que Puerto Rico era una colonia americana bajo la tutela exclusiva del Congreso de los Estados Unidos de América.

Los populares inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral, un pacto que nunca existió. Ahora quieren presentar la colonia como un territorio autónomo y soberano, un concepto jurídico ajeno a la Constitución americana.

El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico.

Tampoco podemos ignorar que la Tercera Sección del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión.

La Constitución nos garantiza el derecho a exigir al Congreso que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico.

Cuando la mayoría de los puertorriqueños se exprese en contra de la colonia, en contra de una república independiente y a favor de la estadidad convocaremos la Asamblea Constituyente para redactar la Constitución del Estado de Puerto Rico.

domingo, 24 de julio de 2011

Vía Verde y la Tasa de Inflación

Por Kenneth D. McClintock

Un servicio de noticias de negocios por internet ha reportado que el índice de precios bajó 0.1% entre mayo y junio del 2011, pero que la tasa de inflación interanual de 3.3% se mantiene alta debido al precio de productos derivados del petróleo.

Las tasas de inflación reducen el valor adquisitivo del dólar en Puerto Rico. Con una tasa de 3.3%, Si alguien se gana $1,000 en enero y compra $1,000 en bienes y servicios, para diciembre, con los mismos $1,000 solo puede comprar bienes y servicios que le costaban $967 en enero. Se quedó sin poder adquirir $33 de los bienes y servicios que pudo haber comprado en enero.

Una de las razones es que los aumentos en el precio del petróleo impactan al consumidor puertorriqueño más severamente que a nuestros conciudadanos del norte. Cuando el precio del barril sube, en los estados aumenta el precio de la gasolina pero no aumenta necesariamente el precio de la electricidad.

En Puerto Rico, cuando el precio del barril del petróleo sube, no tan solo sube el precio de la gasolina sino que sube también el precio de la electricidad.

A nivel nacional, solo dos tercios del uno por ciento (0.68%) de la electricidad se genera mediante la quema de petróleo. En Puerto Rico, el 70% de la electricidad que consumimos se genera con la quema de petróleo.

El proyecto Vía Verde propone reducir de 70% a 15% la proporción de electricidad en Puerto Rico que se genera mediante la quema de petróleo, y elevar de 15% a 70% la cantidad de electricidad generada por el uso de gas natural. Además de todos los beneficios que Vía Verde representa en términos de reducir en dos terceras partes la contaminación atmosférica que genera la AEE, reducir la dependencia en los países productores de petróleo, reducir el monto de nuestras facturas mensuales, entre otros, Vía Verde ayudará a reducir la tasa de inflación en Puerto Rico.

Al reducir dramáticamente el petróleo que Puerto Rico consume en generación eléctrica, se reducirá dramáticamente el impacto que las continuas alzas en el precio del barril de petróleo tienen sobre la tasa de inflación y el bolsillo del consumidor boruca.

Más aún, eventualmente, através de Vía Verde, podrán proliferar los vehículos que, en vez de usar gasolina derivada del petróleo, puedan discurrir por nuestras calles y carreteras usando gas natural, a un costo menor, generando menos contaminación atmosférica, y reduciendo aún más nuestra dependencia en el petróleo.

A corto plazo, Vía Verde reduce nuestra factura eléctrica. A mediano y largo plazo, esa iniciativa de la Administración Fortuño nos ayudará a reducir a un mínimo nuestra dependencia en el petróleo, sea para electrificarnos o para transportarnos. Cuando ese día llegue, el precio del barril de petróleo será un factor mínimo en la tasa de inflación y en el Indice de Precios al Consumidor.

viernes, 13 de mayo de 2011

Por un trato justo en Washington

Pedro R. Pierluisi - Comisionado Residente


Representar a Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos es una responsabilidad muy importante. Los intereses de nuestra isla en Washington tienen que ser velados a diario ya que el trabajo congresional impacta a los puertorriqueños en todos los frentes.

Desde el primer día de mi gestión en la capital federal comencé a luchar por la inclusión de Puerto Rico en el histórico Plan de Estímulo del Presidente Obama. Los logros obtenidos bajo la ley ARRA todavía están haciéndose sentir en nuestra isla con una inversión federal asignada de sobre $7 mil millones a todas las dependencias gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y pagos a individuos. En el año fiscal 2009-2010 Puerto Rico recibió sobre $2,800 millones en fondos federales nuevos y en el año fiscal actual ya se han gastado más de $2,000 millones más. Este dinero ha generado sobre 48,000 empleos en los pasados dos años y ha logrado proteger los trabajos de decenas de miles de puertorriqueños. Y el estímulo federal continuará fortaleciendo nuestra economía por varios años hasta que concluyan los desembolsos pendientes.

La salud pública es otra área en la que hemos tenido grandes logros. La reforma de salud federal aprobada el año pasado triplicará los fondos federales para la salud en Puerto Rico durante los próximos ocho años. La ardua batalla para ese aumento incluyó llevar el reclamo de nuestro pueblo directamente al Presidente Obama. Este histórico incremento en fondos ha permitido a nuestro gobierno ampliar y mejorar la cubierta bajo el nuevo programa MiSalud, añadiendo a más de 100,000 beneficiarios e incluyendo nuevos servicios y tratamientos. Esto nos encamina a nuestra meta de que en Puerto Rico todos tengan un seguro de salud adecuado.

En el tema del estatus hemos visto grandes avances que adelantan la resolución de este centenario problema. La aprobación del H.R. 2499 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el margen sin precedente de 54 votos, la carta de los líderes de la Comisión de Energía y Recursos del Senado federal, los Senadores Bingaman y Murkowski, confirmando que debemos expresarnos en un plebiscito y que sólo existen las opciones identificadas en el H.R. 2499, y el Informe de Casa Blanca avalando un proceso plebiscitario en Puerto Rico y reconociendo esas mismas opciones enmarcaron los eventos que nos llevarán a que Puerto Rico vuelva a expresarse sobre este tema de la forma más democrática: en las urnas.

El Informe de la Casa Blanca también respondió a nuestros reclamos de mayor apoyo del gobierno federal a nuestra lucha contra el crimen, la aplicación completa del "child tax credit" en la isla, mayor acceso a fondos federales y un plan verde para Vieques, entre otras recomendaciones.

Y es que en Washington y en Puerto Rico hemos trabajado todos los temas que atañen a la calidad de vida de los puertorriqueños. Por ejemplo, la agresiva defensa del programa federal de devolución de arbitrios del ron, luego del acuerdo entre las Islas Vírgenes y la empresa DIAGEO a mediados del 2008, nos ha llevado a presentar legislación que protegerá los fondos que recibe nuestra isla, limitando razonablemente los incentivos que puedan recibir los productores del ron.

La lucha a favor de nuestros veteranos incluye haber logrado una directriz congresional para que el Departamento de la Defensa ofrezca el programa TRICARE Prime a los veteranos puertorriqueños, asignaciones extraordinarias para las mejoras en curso al Hospital de Veteranos en San Juan, la apertura o expansión de las clínicas regionales de la Administración de Veteranos en la isla, el futuro establecimiento de un Centro de Salud para nuestros veteranos del área sur y la ampliación del Cementerio Nacional, entre muchas otras medidas.

Por otro lado, hemos conseguido grandes asignaciones para proyectos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en Puerto Rico, hemos logrado incluir una disposición en la Ley de Reautorización de la Defensa a favor de la limpieza de la Playa Flamenco en Culebra, y hemos tenido una altísima productividad legislativa con 21 proyectos de ley presentados y 388 co-auspiciados, con varias medidas que tienen buena probabilidad de ser aprobadas, tales como el programa de intercambio de maestros, el aumento en el número de nominaciones para Academias Militares, y el programa de reclutamiento y retención de oficiales de ley y orden en áreas de alta incidencia criminal.

Asimismo, hemos visitado y atendido a la gran mayoría de los municipios de la isla, realizado foros para los alcaldes con agencias federales como el Cuerpo de Ingenieros y la USDA Rural Development, efectuado foros para empresarios con miras a que aumente su participación en contrataciones federales, creado un Comité Asesor Agrícola y auspiciado actividades con la USDA Farm Service Agency a favor de esa industria.

En fin, el cargo de Comisionado Residente es muy importante para el bienestar de los puertorriqueños porque todos los días hay que abogar por un trato justo en Washington.

lunes, 9 de mayo de 2011

El ELA No Tiene Zapata Jurídica

Por Hernan Padilla, MD.

El Informe aprobado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso sobre el status de Puerto Rico llega a la conclusión inescapable, el ELA carece de zapata jurídica constitucional. Así lo entiende el Congresista Serrano, puertorriqueño serio y valiente.

Aquellos que creen en la mentira del “pacto bilateral”, entiendan que un plebiscito ordenado por el Congreso seria regido por las Leyes Federales. Los Tribunales Federales tendrán jurisdicción exclusiva para resolver controversias. Cual “pacto bilateral”?

La Constitución de Los Estados Unidos define solo cuatro formas de status políticos: Estados, el Distrito Federal, las Tribus Indígenas, y los Territorios.

La Cláusula Territorial cede al Congreso el poder de gobernar los territorios, como Puerto Rico, en asuntos locales y Nacionales. El Tribunal Supremo decidió que los Estados Unidos pueden ejercer soberanía y gobernar los territorios no incorporados, como Puerto Rico. Los derechos Constitucionales no aplican automáticamente a los Territorios.

La Ciudadanía Americana, que apreciamos los puertorriqueños, la concedió el Congreso mediante una ley, no la Constitución. La Ciudadanía Americana la cobija la “soberanía” del la Nación Americana.

La Ley 600 autorizo a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La relación Territorial continua bajo el “Puerto Rican Federal Relations Act”. El alegado “pacto” nunca existió.

Muñoz Marín acepto públicamente que la Ley 600 no elimino el poder plenario y exclusivo del Congreso sobre Puerto Rico. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El Congreso administra la Cláusula Territorial y provee las condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado.
La Constitución de Puerto Rico no define un cambio político. Las Leyes del 1950 y 1952 no autorizaron “libre asociación” con los Estados Unidos. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico. Esta es la cruda realidad de la colonia.

El “Commonwealth” no es un “status político y no implica un status diferente. Puerto Rico es un Territorio; no es una Nación soberana en libre asociación con los Estados Unidos. Esta es la gran mentira. Su nombre es ELA, su apellido colonia.

El Tribunal Supremo Federal dictamino que la Cláusula Territorial opera en PR. El Congreso tiene el poder para aprobar todas las reglas y reglamentos sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en Puerto Rico (Rodríguez vs. PPD, 1982).

La nueva propuesta del ELA culminado contiene principios que fueron “rechazados” y no aceptables para al Congreso.

La Administración del Presidente Clinton determino que la propuesta del PPD de un ELA culminado (Enhanced Commonwealth) viola la Constitución y no es aceptable. La propuesta de “consentimiento mutuo” (pacto bilateral) no es aceptable. El Congreso no puede obligar a futuros Congresos. La soberanía que ellos reclaman convertiría a Puerto Rico en una Nación Independiente. La Nación de Puerto Rico no puede ser parte de los Estados Unidos.

Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano.

Un futuro plebiscito o Convención Constituyente solo puede considerar y escoger entre Independencia, Estadidad, y una Nación Independiente asociada con los Estados Unidos. En otras palabras, Puerto Rico tiene que pedir la Independencia y luego solicitar un acuerdo con los Estados Unidos. Acuerdo que es revocable unilateralmente.

Amigo lector, la Republica Asociada es una de las únicas tres alternativas aceptables bajo la Constitución Americana y el derecho Internacional. Puerto Rico solo puede considerar un status que sea compatible con la Constitución, las leyes básicas y la política publica de los Estados Unidos.
El ELA Culminado (enhanced Commonwealth) no es un status viable y no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia.

Bajo la “soberanía” que reclaman los lideres de la colonia, crearían una Nación Independiente sin votar por la independencia, y asociarla a Estados Unidos antes de ser una Republica, como en “Republica Asociada”. Las nuevas generaciones no serian Ciudadanos Americanos.

El ELA no tiene zapata. No existen cimientos para sostenerla. La solución final es inaplazable. El Congreso Americano tiene que actuar AHORA.

jueves, 14 de abril de 2011

A Short Analytic Overview of the United States And Its Colonies With Special Reference on Puerto Rico

By: Julio Figueroa Nuñez, student of PUCPR Law School and member of PRSSA.



Abstract:

In the following comparative analysis I attempt to show how colonialism skews the semblances of democracy in the United States. When the relationship between the United States and its colonies is considered, the United States’ democratic institutions significantly break down both in meaning and in practical character. Because the colonial subjects lack the basic democratic principles the US promotes throughout the world, understanding colonialism is important if we are to be successful in advancing democracy and other US interests.

Since the United States and its colonies are not considered politically separate countries within a ‘region’ as the “Comparative Political Analysis” question requests, their political and economic “separate and not all-together equal” relationship warrants the omission of a regional comparative analysis in favor of a colonial one.

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During the 20th Century, the United States established international institutions designed to serve its interests long after its global prominence is faded. From time to time, powerful nation members of international institutions such as the WTO, World Bank, IMF, NATO, and the UN among others, have used them to promote a particular ideology in the world. From investment and monetary relief to peace-keeping and war, advocates seeking political or economic intervention through international institutions seem to always manage to insert the word democracy and freedom in their pleas. Unfortunately, many countries advocating international intervention on political and economic matters, whether of global benefit or not, have at some point sidestepped essential democratic tenets. Seduced by the advent of territorial and economic expansion, many democracies abandon the principles which they once genuinely stood by and defended.

When the United States expanded its political dominion and territory in acquiring colonial possessions, democratic representation was not extended to their colonial subjects. Thus American imperialism did not spread and strengthen democracy as some wanted to believe; on the contrary, expansion deteriorated the democratic institutions of the United States and limited the freedoms of the new subjects. Hence, one is compelled to ask how can one country declare preeminent war with others on the grounds (among several) to establish for them the freedoms provided by democratic regimes when it deprives those same privileges and rights to its own citizens in its colonies?

To show the moral, political and legal challenges colonial possessions represent to our democratic institutions I will explore the relationship between the United States and its colonies. Several factors in the relationship I will analyze are: the implications of the US colonial relationship with its territories; colonial representation; and culture.

1. Understanding Colonialism

Colonialism is a methodological system of oppression superimposed on the less powerful, historically rationalized by benevolent and patronizing claims of one group of people over another. A showcase of the once rampant pro-colonial fervor that engulfed many Europeans after the “discovery” is exemplified by Jules Harmand, a French proponent of colonialism, when he declared, “The basic legitimation of conquest over native peoples is the conviction of our superiority, not merely our mechanical, economic, and military superiority, but our moral superiority,” (Said, 1993, p. 17). The imperialist fervor was also present in the United States as well. The difference was the hesitation that expansion beyond our continental borders would lead to implications far more costly than their worth. I believe the implications of imperial expansion and how it has atrophied the development of many nations will clearly show why understanding colonialism is still relevant and ought to be important to political scientists.

Traditionally, the United States has invoked democratic principles such as liberty and civil rights around the world as the best possible form of government despite denying those rights to its colonial subjects. Hence, the claim of being the great global proponent of democracy has not always been genuine or true. Our interest in advancing democracy becomes more difficult when we have to account for, for example, our interventions in foreign soils where we have often deposed democratically elected leaders in favor of totalitarian ones. Contradictions such as these show how the pursuit of US global interests and the promotion of democracy would be a hard sell to some. As long as democracy is used as a tool to conquer and oppress peoples and not the tool that can liberate them, US interests will always be more difficult to achieve.

Consider that in 1800 the West claimed to have 55 percent of the world’s territory when in actuality their borders only held about 35 percent in real terms, (Said, 1993, p. 8). The percentage claimed would later grow to 85 percent by 1914 with European claims alone, not counting the emerging American territorial expansion, (Said, 1993, p. 8). Just a few decades before 1914, the United States had claimed several territories: Hawaii, Alaska, The Philippines, Guam, Cuba, Puerto Rico, minor outlying Pacific islands and atolls and later, the Virgin Islands and the Commonwealth of Northern Mariana Islands. Such vast claims of lands by western powers are indicative of the quantity of native peoples from all over the world that have been victimized by colonialism and its consequences. It is therefore no stretch to suggest that vast numbers of nations are still affected by colonization long after their apparent decolonization.

As a system of conquer and control, colonialism imposes on colonial subjects the establishment of institutions that organize their territories in order to secure their “governability.” Because these institutions are almost always established by the conquering metropolis, they bear the characteristics of the metropolis that establishes them thereby creating “patterns of practice” that “affect state behavior” akin to their creators, (Keohane, 2005, p. 8). Thus, institutions established by the metropolis are designed to mold the colony to the colonist political, social, and economic likeness. Hence, the Constitution of Puerto Rico for example, was approved only after it met the Congressional requirement of resembling the US Federal Constitution. The same Congressional requirement has been imposed on other US territories like Guam and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands. For reasons I will later explain, I worry that the process of colonial assimilation will lead our territories towards the same dire socio-political and economic consequences many former European colonies are experiencing should they secede from the US.



Colonial institutions are also designed to become what Edward T. Hall calls extension transferences. By extension transferences I mean institutions designed to influence subjects and shape local cultures long after their independence (or after any change to the status quo is made). The institutions established by the colonists have almost always taken the place of the process of colonization through colonial-institutional appropriation by colonial subjects, (Hall, 1981, p. 28). When appropriated culturally, politically, and economically, institutions established by a foreign power would no longer be seen or identified as foreign by the native people. From the way the legal and justice system is set up, to what subjects are taught in schools, all are designed to continue assimilation with or without close supervision from the metropolis.

In Power and Powerlessness: Queiscence and Rebellion in an Appalachian Valley, John Gaventa shows how the ‘foreign power’ assimilates some aspects of the culture only to shape and influence it later. The ‘foreign power’ then proceeds to impose its will by giving its subjects the sense that they have the freedom to participate and the freedom to have a choice when they in fact do not, (Gaventa, 1982, p. 63). In this sense, political and economic decisions in the colonial regime are already made because they are determined by the institutions established by the metropolis. In a sense, colonial subjects play a game not of their choosing with rules not their own. After a few generations, they appropriate and assimilate the game and the rules, and often passively play to serve their determined roles. Colonial institutions thus perpetuate the process of colonization because it shapes the conditions for eventual appropriation of native peoples.

Native appropriation further secures the conditions necessary for neocolonialism to occur should the colony secede. Neo-colonialism is hard to identify because unlike colonialism, the metropolis is seldom visibly involved. As I have alluded to before, many former colonies have fallen victim to institutional extension transference. As such, neo-colonial nations may find it difficult to create the cultural, political and economic stability required to succeed as a nation because colonial institutions have become integral to the political, economical and social framework of the country. Some institutions that are remnants of colonialism become so assimilated into the local institutional apparatus that identifying them becomes hard and making their eradication difficult.

According to Mark Bray, neocolonialism is used to describe “the control of states by external powers despite the formal appearance of constitutional independence,” (Bray, 1993, p. 334). Kwame Nkrumah, first president of Ghana, describes a neo-colony as being a “State which is subject to it is, in theory, independent and has all the outward trappings of international sovereignty. In reality its economic system and thus its political policy is directed from outside,” (Bray, 1993, p. 334). One important difference between colonialism and neocolonialism however, is that under modern colonialism as practiced by the United States, the colonies have access, albeit limited, to political and legal institutions of the metropolis. Under neo-colonialism, exploitation of the powerful over the weak is not always as apparent, and the weak are usually left voiceless as their governments either betrays them or fall powerless against the metropolis. Should the nation under neocolonialism wish to address any grievance, their resources become limited and their claims hard to pursue. Only those willing to know history can bear witness to their painful colonial past and their equally painful neocolonial present.

Because their colonial condition is acknowledged by US law, the limited access to political and legal institutions provides US colonies a space where they can address their grievances. As we shall see in the following section, without adequate representation, the legal and political rights colonies have do not necessarily mean much. Because they have political and economical disadvantages, colonies are often ignored by a Federal government that is not held accountable to its possessions.

2. Colonialism & Representation

When Alexis de Toqueville visited the young US republic in 1831, he was impressed by the advancement of equality and the respect the American people had for democracy. Although he romanticized the US, he nevertheless provides us incite to how the country was then compared to how it is today, (Collins & Makowsky, 1993, p. 55). Today we have a country where people spend tens of millions of dollars in political campaigns that if elected, will only earn them a 400 thousand dollar a year position. Billions are poured every year in campaigns and lobby groups by corporations and organizations seeking to sway or buy the vote of members of Congress. Those are dollars neither the poor or average middle class person has. If the middle class ever ruled the country as Toqueville thought, those days seem long past.

Because of the important role money has in Washington, some analysts frequently argue that gaining access to the governmental decision making process by ordinary citizens and activist groups in the US has become more difficult. If it is true that political access to Washington, D.C. has become more difficult over the years, then imagine the prospects colonies have in gaining any access. For the colonies, gaining even half of the access ordinary citizens and activist groups may have is close to null considering their political and economic disadvantage. By the mere condition of being colonies, no US territory has the same kind of access in Washington, D.C. as States or their residents. The fact they are colonies means they lack real political representation. While it is true US territories can send non-voting delegates to the US House of Representatives (with the exception of the Commonwealth of the Northern Mariana Islands), they seldom have any real effect, (Thornburgh, 2007, p. 30). The amount of money territories have to spend on lobby firms and campaign contributions to make up for the lack of representation has become a very lucrative source of income for many in Washington over the years as well. However, because they do not have voting representation, members of Congress do not have to worry about being accountable to territorial residents or worry about winning elections because territorial residents cannot vote.

Delegates US territories send to Washington, D.C. have the right to speak on the House floor, but cannot vote for any legislation considered there. Instead, delegates rely on the good will of any voting House member willing to help their causes. Territories have to also spend millions of dollars in lobby groups and in campaign contributions to help sway members of Congress to make up for their lack of political power. As mentioned before, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands is the only US territory that does not have a delegate in Congress. Instead, it sends a “resident representative” to Washington, D.C. in order to promote “good relations between the federal and territorial governments,” (Thornburgh, 2007, p. 30). Given that there is no significant difference between having a delegate officially represent a territory and having a “resident representative,” one can conclude that territories with no delegates are not missing out on much. Especially considering that all territories, whether they have delegates or not, have to spend millions of dollars on lobbying firms and campaign contributions anyway.

Territories that do have delegates can only send one elected official to represent the territory “at-large.” In the case of Puerto Rico, the largest of all US territories with almost 4 million American citizens, having just one delegate to represent the island defeats the practical purpose of representation in the House. Adding insult to injury is the fact that by virtue of living in a territory, American citizens cannot vote for the President of the United States. The denial of the right to vote for president is usually reserved for those who are either non-citizens or who have committed serious Federal crimes. It is uncanny that US citizens are being denied voting rights or any form of just representation by virtue of residing in a Territory while at the same time the US advocates the virtues of democracy around the world. While colonialism itself is a system of discrimination and exploitation, it is not the only type of discrimination territories endure. In the next section, I discuss the fact that many colonials celebrate their distinct cultures and are often treated unfairly for it. Various groups in the US view their cultural enthusiasm as either a threat or as an expression of contempt towards the US when in fact their culture is one of the few things they have left after surviving colonialism.

3. Colonialism & Culture

In Who Are We? The Challenges to America’s National Identity, Samuel P. Huntington worries about the future cohesion of the US union. In the book he warns of a US identity crisis caused by the threat of immigrants who are failing to assimilate to the dominant Anglo culture. Referring to the Mexican immigration wave, Huntington writes: “As [Mexican] numbers increase, Mexican-Americans feel increasingly comfortable with their own culture and often contemptuous of the American culture, (Huntington, 2004, p. 254). He continues, “They demand recognition of their culture… [and] they increasingly call attention to and celebrate their Hispanic and Mexican past,” (Huntington, 2004, p. 255). He then cites a 1999 report that indicated how the growth of the Mexican and Hispanic community has facilitated their ‘Latinization’ and the affirmation of their heritage, (Huntington, 2004, p. 255). For colonial peoples who were conquered by a foreign super-power (a category Mexican-Americans in the Southern Border States may qualify for in many respects), their heritage, customs and their celebration may be all they have to hold on to.

Through conquest and opportunity, the acquisition of colonial possessions ensured the multi-cultural character of the United States. In many respects, our greatest strength is our multiculturalism. The diversity of cultures almost guarantees the flow of fresh and innovative ideas into our national political discussion. To ask all Americans to disregard their cultural background and assimilate into one, especially when colonial subjects did not have a choice to be part of the culture that conquered them is preposterous and obscene.

Today the United States is invigorated by the Chamorro culture of Guam, the Polynesian culture of American Samoa, the Latin culture of Puerto Rico, and the Afro-Caribbean culture of the Virgin Islands. All these territories mirror American society because they have already been heavily assimilated. The only thing residents of territories have that they can call their own is the unique culture that in essence remains somewhat intact after colonization. Although I understand the concern some have regarding identity and language, for me, being American has always been about ideology and love for our country and its peoples, not about race. The preservation of our unique individuality however, is for me also part of being American. Because I would certainly not rely on Samuel P. Huntington to preserve my distinct cultural character as a Puerto Rican, it is up to me and others to do so. Preserving a cultural distinction and celebrating it does not mean a lack of love, contempt, or disinterest for the rest of the US as some seem to believe.

Colonization has also brought us to a place where there is no way back because there is no past to go back to. Puerto Rico for example, has never been an independent country in its more than 500 years of ‘discovery.’ In the more than 100 years under US colonial rule, Puerto Ricans have become a hybrid culture of Latin and Anglo customs. Never fully included to either culture, but never fully excluded. They talk Spanish, English, and some even speak Spanglish. And yet they preserve their heritage wherever in the US (and the world) they choose to settle. Aurora Levins Morales expressed the Puerto Rican experience in her poem Child of the Americas:

I am not African. Africa is in me, but I cannot return.
I am not Taina. Taino is in me, but there is no way back.
I am not European. Europe lives in me, but I have no home there.
I am new. History made me. My first language was spanglish.
I was born at the crossroads
And I am whole, (Levins Morales, 1995, p. 79).

I would hope Samuel P. Huntington would agree that if there is any culture that has genuinely struggled with an identity problem, it has been US colonial peoples such as Puerto Ricans. With no political representation, a limited political voice, and often falling victim to Congressional neglect, US colonies continue to develop the chunk of culture that has survived the colonial experience. Their cultures have survived not only by virtue of their geographical distance from the metropolis, but by virtue of their will to not be totally ‘disappeared’ by assimilation.

4. Colonialism and the Future

In Who Rules America? Power, Politics, & Social Change, G. William Domhoff provides an analytical critique on power in the United States. In the book, Domhoff asks the reader to consider three questions: Who benefits? Who Governs? and, Who wins? (Domhoff, 2006, p. 13). While one must acknowledge that there is no singular answer for these questions, it is clear colonial peoples are not the ones who benefit, govern, or win within the US colonial system. As a colonial subject, I have witnessed how interest groups, politicians, and corporations often work to keep the status quo intact. Colonialism itself has become quite a lucrative enterprise for the few at the expense of the many.

While I believe they should not be absolved from any responsibility, these interest groups, misguided politicians, and corporations are not solely to blame for our ills or our colonial condition. I have come to the realization that there are institutions that provide the right environment that allow special interest groups, politicians, and corporations to become the kinds of problems Domhoff describes and that also perpetuate our colonial condition. Like the other US territories, my island of Puerto Rico remains a conquered land, paradoxically, out of apparent choice. After 500 years, Puerto Rico remains the oldest colony in the world. For over 100 years the island has been a US colony. For 50 years of the 100 years, Puerto Ricans have ‘chosen’ to remain a colony. But the reality is that the system is set up so territories like Puerto Rico think they have the option to choose to remain colonies or change if they wish, when in fact they do not. However, results of plebiscites and referendums always seem to favor contented colonial subservience. Not surprisingly, these results are used by members of Congress as convenient pretexts to take no action at all.

US territories also face the increasing difficulty of trying to find their place inside the US Federal system (being part of the nation and at the same time preserving their distinct culture from the rest of the country). Their lack of political power, among the many colonial disadvantages I have mentioned throughout the essay, makes them easy targets for prejudiced and misguided groups. Without equal and just representation, territories are left almost defenseless against groups pushing for the complete assimilation of their cultures and the eradication of their languages.

On the other hand, the burden of possessing colonial territories has come at a very high price for the US; costly for its democracy, and for its global credibility. The unresolved colonial relationship, primarily the Constitutional challenges of citizenship without representation shows colonialism’s incompatibility with the US democratic system. With the acquisition of overseas territories in 1898, the US departed from its practice of incorporating territories and instead experimented with various forms of colonial arrangements. Territories such as the Philippines and Cuba were prepared for independence. Other overseas territories were prepared for statehood as in the case of Hawaii, while others sadly became neo-colonies like the islands of Palau and Micronesia. Others like Guam and Puerto Rico remain ‘unincorporated’ US possessions whose citizens are Americans by birth.

It seems clear that the need to make other arrangements is long overdue. Without Congressional action, colonies are left to have apparent choices between false alternatives for a future already determined by colonialism. Establishing the right to vote in Federal elections, and providing delegates with voting rights in the House of Representatives would be a step in the right direction. To provide colonies the means to defend themselves against those who do not serve their interests, is to provide them the means to preserve their cultures while also ensuring their engagement in the national political discussion. A real process of decolonization by providing the territories the means to engage the national body politic would undoubtedly give the US the opportunity to reestablish its dignity and the dignity of its colonial subjects – a dignity that both lost during the colonial experience.



Cited Works
Bray, M. (1993) Education and the Vestiges of Colonialism: Self-Determination,
Neocolonialism and Dependency in the South Pacific. Comparative Education. Vol. 29, No. 3. retrieved 29 September 2007 from JSTOR from http://links.jstor.org/sici?sici 03050068%281993% 2929% 3A3%3C333%3AEATVOC%3E2.0.CO%3V2-7
Collins R. & Makowsky M. (1993) The Last Gentleman: Alexis de Toqueville. The Discovery of
Society. Fifth Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.
Domhoff, G. W. (2006) Who Rules America? Power, Politics, & Social Change. Fifth Edtion.
Boston: McGraw-Hill.
Gaventa, J. (1982) Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian
Valley. Chicago: University of Illinois Press.
Hall, E. T. (1989) Beyond Culture. New York: Anchor Books.
Huntington, S. P. (2004) Who Are We? The Challenges of America’s National Identity. New
York: Simon & Schuster Paperbacks.
Keohane, R. O. (2005) After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political
Economy. Princeton: Princeton University Press.
Levins Morales, A. (1995) Child of the Americas. Boricuas: Influential Puerto Rican Writings
– An Anthology. Edited by Roberto Santiago. New York: The Random House Publishing Group.
Thornburgh, D. (2007) Puerto Rico’s Future: A Time to Decide. Washington, D.C.: Center for
Strategic and International Studies Press.
Said, E. W. (1993) Culture and Imperialism. New York: Vintage Books

miércoles, 9 de marzo de 2011

¡Qué viva el puertorriqueño libre!

Ricardo Roselló Nevares
(marzo 9, 2011)

Vocero.com

(Beneficio de la descolonización parte 12)

Tal vez el título de esta columna les choque a algunos por el mensajero. No obstante, al igual que en la columna anterior, entiendo que es importante elaborar ciertos conceptos abstractos para la discusión sociopolítica, y específicamente para la discusión del estatus.

Hoy, tocamos el tema de la libertad. El término se reclama por varios sectores, particularmente el liderato de los partidos Popular e Independentista. Por otra parte, es un tema típicamente eludido por el sector estadista. ¿Por qué?

Para entender esto, preguntemos entonces ¿Qué es la libertad? La libertad, en el contexto político-social, se puede definir de dos maneras, según Isaiah Berlin (Two Concepts of Liberty): (1) Libertad del estado y (2) Libertad del individuo. Las dos son muy distintas. La primera, también conocida como “libertad de los antiguos”, se refiere a la libertad de un pueblo a gobernar su propio estado, y que no esté sujeto a otro soberano. Se le llama la libertad de los antiguos, porque, en la antigüedad, era lo mejor que un individuo podía añorar, ya que su bienestar estaba ligado directamente a las riquezas de su tierra. Esta libertad, en algunos casos, tiende a aniquilar o sacrificar al individuo por el bien del estado. Bajo este precepto, los ciudadanos que viven en España, China, Venezuela, Estados Unidos, o Cuba, gozan de “libertad del estado”.

La segunda, la libertad moderna, es la libertad de un hombre a decidir cómo mejor vivir su vida. Esta libertad peligra cuando fuerzas externas subordinan, limitan o coaccionan la capacidad de tomar decisiones del individuo. Ante este escenario, los países antes mencionados, caen en distintos lados del espectro según Freedom House (Freedomhouse.org). Mientras en España y Estados Unidos se goza de mayores libertades (consideradas libres), en Venezuela sólo son parciales; y que en China y en Cuba están mayormente opacadas (consideradas No Libres). Interesante es notar que Puerto Rico no esta calificado bajo este esquema.

Ante estas dos definiciones, cabe preguntarse ¿Cuán libre es Puerto Rico? ¿Cuán libre es el puertorriqueño? ¿Habrá alguna diferencia en la libertad bajo el ELA colonial, relativo a las alternativas no-coloniales de la independencia y la estadidad?

Examinando la libertad del estado, toma poco convencimiento estipular que bajo la independencia o la libre asociación, Puerto Rico gozaría de dicha libertad. Bajo cualquiera de estas dos condiciones políticas, la Isla tendría la potestad de escoger sus máximos líderes, en el caso de una democracia, y no estar sujeta a otro estado soberano.

¿Y bajo la estadidad? Puerto Rico también tendría insumo sobre su máximo líder (Presidente), representación en el Congreso que legisla sus leyes (2 senadores, 6-7 legisladores), y un gobierno estatal con su propia constitución autónoma. Entonces, aunque la Isla sería parte de un ente más grande (la nación americana), sería parte de la misma soberanía de la metrópolis, tendría autonomía local (constitución estatal) y no tendría que estar sujeta al mandato externo de otro soberano.

¿Y en el ELA colonial? Bajo este esquema actual Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenos del Congreso, bajo la cláusula territorial (Artículo 4, Sección 3) de la Constitución de los Estados Unidos. No tiene miembro representativo con voto en este cuerpo que determina el destino de los puertorriqueños, y no tiene voto presidencial. Por ende, está sujeto a un soberano externo, y no tiene el poder de gobernar su propio estado.

¿Y la libertad del individuo? En varios artículos de esta serie, hemos esbozado el panorama actual de Puerto Rico dentro del sistema sociopolítico colonial. Entre otras cosas, el puertorriqueño gana 3 veces menos que su contraparte americana; paga más impuestos (IVU + Arbitrios); vive bajo la peor productividad económica en el mundo; tiene menos flexibilidad para educar a sus hijos (poca inversión a temprana edad, de los peores sistemas educativos secundarios en el mundo); vive en un ambiente de alta pobreza (~50% bajo el nivel de pobreza), y sufre una disparidad social extrema (primeras 15 en el mundo), al igual que una alta tasa de criminalidad y violencia. Encima de todo esto, la dependencia del ciudadano en el gobierno para obtener vivienda y trabajo es altísima.

La suma de estos factores obstaculiza la libertad del puertorriqueño. Las deudas e imposiciones económicas coartan nuestra libertad. La falta de oportunidades de proveer una buena educación a un hijo también coarta nuestra libertad. Asimismo nos limita el no poder pasear por la isla sin miedo de ser victima de un crimen, o vivir con la ansiedad de que te puedan quitar el techo que provee el Gobierno por falta de una vivienda propia segura.

La libertad del individuo bajo ciertas alternativas descolonizadoras está por verse. Lo que sí podemos ver claramente, es que, bajo la estadidad, hay 50 ejemplos donde, en TODOS LOS CASOS, el individuo es considerado totalmente libre. No hay razón para especular que Puerto Rico seria una excepción. Bajo la independencia o la libre asociación, existe el potencial de desarrollar un país donde los individuos sean totalmente libres, como también hay la posibilidad de caer bajo un régimen de inflexibilidad o completamente totalitario. En ambos casos, la planificación y definición de la nueva nación sería instrumental en la dirección de la nueva república.

Si bien es cierto que podemos argumentar los méritos y desventajas de las soluciones descolonizadoras, lo que es indiscutible es que bajo el sistema colonial actual, Puerto Rico carece completamente de las libertades posibles bajo ambas definiciones. Es entonces contradictorio que un líder colonialista promulgue “lo mejor de los dos mundos”, cuando lo que tenemos es lo peor de las dos libertades. También, es sorprendente que el sector estadista no esté explicando o promoviendo el asunto de la libertad como una herramienta más en su repertorio de argumentos.

La colonia nos afecta a todos por igual; no discrimina contra PNP, Popular, Independentista o apolítico. Por eso, levantémonos todos por el fin de la colonia y exclamemos: ¡Qué viva el puertorriqueño libre!

El autor puede ser contactado en Facebook.com/rossello.nevares

viernes, 18 de febrero de 2011

Open letter to former congressman Jay Kim,


(Letter in response to a blog post written by former Congressman Jay Kim)

Dear Mr. Kim,

I feel compelled to respond to your blog post, as an American citizen, a puertorican and as a history student at the University of Puerto Rico. I specially feel compelled to write to you as a pro-statehood activist in the island.

To start off, I would expect a former congressman, an honorable man as you to research facts before you state them. For example, Puerto Rico has indeed been a colony of the United States, but its residents have been United States Citizens since 1917, due to the fact Congress passed the Jones Act, in March 2nd of that year, effectively granting citizenship to the resident of its colony which allowed them to be available to serve in the military. Since then, puertoricans have died in every mayor battlefield, including Korea, where the 65th infantry regiment, composed mainly of my fellow puertoricans, held the invading Chinese at bay, giving the rest of the army time to retreat back into South Korea, your homeland. My grandfather and his brothers fought bravely so that South Korea may today enjoy democracy.

As for the reason why Puerto Rico has yet to decide between independence and statehood, is due to the fact that the Popular Democratic Party, one of the 2 main local parties, that advocates for the status-quo, has lied, time and time again to the people. Time and time again they have gone before Congress to ask for more powers, yet to retain the “best of both worlds” relationship they say has made Puerto Rico a prosperous island. In all occasions, Congress has denied them their requests. Unfortunately, when past referendums have been held, this same party has demonized statehood, and independence. Their argument against statehood and independence is frivolous at best, but rings enough into the hearts of my fellow colonial citizens to instill fear.

It is this same party that has gone to Congress and given a negative perspective of our society, claiming we are lazy, good for nothing, welfare leeches. The reality is completely different. The average resident of Puerto Rico strives to excel and better themselves by looking for an education, or aiming to do an honest living. Unfortunately, due to the unsustainable colonial status we currently “enjoy”, Puerto Rico has seen an exodus of families into the states, crime has risen, and the economy has stagnated.  Even with these limitations, Puerto Rico is one of the leading exporters of pharmaceutical products in the United States. Many of the top pharmaceuticals, like Pfizer and Glasko-Smith, have factories here.

The statehood movement, has slowly but surely, been gaining more and more followers, throughout the years. A recent poll by the largest local newspaper, “El Nuevo Dia”, shows this trend is correct. To believe we want to be a State because the local politicians want to be more influential in national politics is completely off base. We want to be a State because we wish the U.S. Constitution to be applied fully to Puerto Rico. We want to be considered first class citizens, the right to vote for our representatives to Congress whom will give our voice to the rest of our brothers and sisters in the continent, we want the right to vote for the man who sends our men to battle in defense of freedom and democracy, amongst other very major reasons. We want to be held accountable, and do our part to help our nation steer into the future; we also want the sovereignty that is protected in the 9th and 10th amendments of the Bill of Rights so that our State may grow and prosper, while we contribute to the growth of our nation.

Puerto Rico is the bridge between the United States and the rest of Latin America, it is the place where the United States becomes a Caribbean nation, and its beauty surpasses anything you may encounter in the mainland.

Mr. Kim, maybe you would understand us if you moved here. Did you know that a man born and raised in Virginia may not vote for the president of our nation if he moves to Puerto Rico? That is a serious Civil Rights issue, and it has been overlooked for many years, because the enemies of freedom have lied to our people and to Congressmen like you.

I urge you to do a proper research of the matter, and as a minority in the United States, I urge you to support Puerto Rico Statehood, instead of advocating with false facts the status quo.

Attentively,

-Edwin R. Jusino-
Student UPR- Mayaguez
Former president of the Puerto Rico Statehood Students Association UPR Mayaguez Chapter
Director of the José Celso Barbosa Pro Statehood Education Campaing