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viernes, 9 de noviembre de 2012

Seniority

Seniority

Por Kenneth D. McClintock Hernández
 1 de Octubre de 2012

La principal regla de funcionamiento del Congreso de los Estados Unidos se resume en una sola palabra: "Seniority" o antigüedad.  El seniority, esencialmente, mide cuánto tiempo un congresista ha prestado servicio desde su juramentación. A manera de ejemplo, el Comisionado Residente Pedro R. Pierluisi juramentó por primera vez el 3 de enero del 2009.  Trescientos quince congresistas tienen más seniority que él y 119, más los cinco que sean electos para cubrir 4 vacantes por renuncia y una por muerte, tienen menos seniority que él.

Seniority es un factor que nunca ha sido tomado en cuenta al momento de elegir un Comisionado Residente, para detrimento de los intereses de nuestro pueblo.  El seniority no se fabrica ni se promete; se tiene o no se tiene.

Pedro Pierluisi tiene más seniority hoy que quienes ocupan o ocuparán 124 escaños congresionales.  Con el retiro derrota primarista ya sufrida o derrota electoral a sufrirse de decenas de congresistas en noviembre, de resultar reelecto, nuestro Comisionado Residente tendría en enero más seniority que por lo menos 150 congresistas al iniciarse como miembro de su tercero Congreso (recordando que los Congresos se miden en bienios y no en cuatrienios).

La elección, por improbable que sea, de cualquiera de sus cinco contrincantes, colocaría a un nuevo Comisionado Residente al final de la lista de seniority, a pelearse por lo que aparezca al fondo del barril, y no por la crema que flota en el tope del barril, particularmente al debatirse las posibles medidas a tomarse para no caer en el precipicio fiscal (fiscal cliff) que enfrenta la nación.

Si el Comisionado Residente que elegimos en 1976, Baltasar Corrada Del Río, no hubiese optado por aspirar a la Alcaldía de San Juan en 1984 y hubiese sido reelecto ininterrumpidamente desde entonces, ocuparía la posición #10 en seniority hoy, superior a 425 de los 435 miembros del Congreso.  Si, en cambio, en el 2000 el pueblo hubiese reelecto a Carlos Romero Barceló y éste ocupara aún el cargo, hoy Puerto Rico tendría un Comisionado Residente con más seniority que 348 congresistas.

De 1989 a 1991 una de las figuras congresionales más mencionadas en Puerto Rico era Ron de Lugo, el presidente de la Subcomisión de Asuntos Insulares del Congreso que evaluaba la legislación de status. ¿Por qué ese delegado de las vecinas Islas Vírgenes Americanas tenía tanto poder sobre Puerto Rico?  La respuesta se resume en una sola palabra: ¡seniority!  Los electores de ese territorio americano conocen el poder del seniority y reeligieron repetidamente a su delegado congresional hasta llegar a multiplicar su poder al convertirse en presidente de una subcomisión.  Hasta el 2010, todos los delegados territoriales, menos el entonces recién llegado Pierluisi, eran presidentes de subcomisiones congresionales porque sus respectivos electorados los reeligen de manera que puedan mantener y seguir acumulando seniority y poder.

En esta elección, Puerto Rico tendrá la opción de preservar la influencia y el poder que ya ha acumulado Pedro Pierluisi, con un seniority mayor que 124 otros congresistas, o echar al zafacón ese poder, esa influencia, eligiendo a otro que comience como "prepa", a recoger las migajas de las migajas!  Ese es un factor importante siempre, pero más aún cuando durante los primeros tres meses del próximo Congreso estarán enfrentando como evitar caer en el precipicio fiscal en que se recortarán trillones de dólares en programas federales.

Esa es otra razón más para retener a Pedro R. Pierluisi como nuestro influyente Comisionado Residente votando íntegro por el Partido Nuevo Progresista.

sábado, 30 de junio de 2012

La esencia de la estadidad


Por Dr. Hernán Padilla

Desde el 1898, el pueblo puertorriqueño no ha podido desprenderse del conflicto sobre su identidad sociopolítica y lograr una relación política permanente con Estados Unidos como estado de la unión.


Para comprender la esencia de la estadidad es necesario conocer el concepto del federalismo. James Madison defendió al pueblo sobre los líderes gubernamentales y enfatizaba que el poder no era del gobierno sobre el pueblo, sino del pueblo sobre el gobierno.

El federalismo plasmado en la Constitución de Estados Unidos le da vida, permanencia y estabilidad al derecho, a la ley, al orden, al predominio del poder del pueblo sobre los gobiernos, a la garantía de la libertad de expresión y de prensa y a la responsabilidad ciudadana que son la esencia del ideal de estadidad.

El prócer puertorriqueño José Celso Barbosa predicaba que la estadidad es un ideal y como tal viven en el corazón, la emoción, la fe, la esperanza y las aspiraciones de igualdad del pueblo puertorriqueño.

Creemos que la “Carta de Derechos” de la Constitución americana es el pilar fundamental que sostiene la aspiraciones del pueblo puertorriqueño: la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y ciudadanos y los derechos civiles, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos, incluyendo el derecho a la libre expresión, a protestar sin perjuicio, a practicar las creencias y la religión de preferencia, el voto libre para seleccionar gobernantes, la libertad de movimientos dentro de los estados y entre ellos e internacionalmente y la libertad de los ciudadanos para tomar decisiones y asumir sus propias responsabilidades.

El estado de Puerto Rico tendrá todos los poderes incluidos en la Constitución de Puerto Rico y además todos los poderes de un estado de la unión, como los define y garantiza la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, con los mismos derechos, privilegios, deberes y progreso económico que tienen los ciudadanos de los otros cincuenta estados.

Disfrutaremos plenamente de la soberanía compartida dentro de la nación americana sin que el Congreso, a su antojo y unilateralmente, pueda restringir los poderes autonómicos del estado. Nos convertiremos en socios, de igualdad de rango, de la federación de estados de una nación multiétnica y multicultural, y del segundo país del mundo con más ciudadanos con raíces hispanas del mundo. Puerto Rico  sería reconocido mundialmente como uno de los estados de  Estados Unidos y será el estado hispano con más poder e  influencia  en  el mundo.

La estadidad garantiza la igualdad ciudadana y será beneficiosa para todo el pueblo puertorriqueño. Es la mejor herramienta para poder lograr todas las garantías constitucionales como ciudadanos americanos y nacionales de Estados Unidos. La estadidad es el único status que nos preserva y garantiza la ciudadanía de Estados Unidos.

La estadidad nos permite votar en las elecciones federales nacionales; elegir cinco representantes y dos senadores al Congreso; el voto presidencial; representación en el Colegio Electoral, y nos daría amplia influencia y poder político dentro de la nación americana.

El estado de Puerto Rico hará realidad el compromiso del preámbulo de la Constitución puertorriqueña: “La lealtad a los postulados de la Constitución federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

La estadidad fortalece y garantiza nuestra identidad que nace de desarrollarnos en dos culturas, la puertorriqueña y la americana y sentará una pauta como un estado multicultural e hispano de los Estados Unidos de America. Será la culminación de la lucha por la igualdad que representa la soberanía del pueblo: el derecho a votar y elegir a los líderes políticos toman las decisiones  que afectan al pueblo de Puerto Rico. Eso, en esencia, es el arreglo constitucional que conlleva la estadidad.

lunes, 16 de abril de 2012

De la colonia a la estadidad (Parte I)


De la colonia a la estadidad (Parte I)
16 de abril de 2012
Opinión- José Garriga Picó, Profesor de Ciencia Política UPR-RP
Parte 3 de la serie ‘La Nueva Escuelita Estadista’.

Dedicada a los educadores voluntarios de la estadidad.

Visto en la columna anterior (‘La estadidad que queremos’) qué es la estadidad, vamos entonces a retrotraernos a los orígenes de nuestra presente condición para, en esta y próximas columnas, indagar sobre cómo llegamos aquí y cómo vamos a movernos hacia la estadidad. De hecho, la estadidad, como ya he dicho, está mucho más cerca de lo que nos damos cuenta. Estamos en lo que podemos llamar una ‘etapa pre-estadidad’.

Desde que se asentó el dominio de las tropas americanas sobre Puerto Rico en 1899, los puertorriqueños demandaron la anexión de la Isla a Estados Unidos. Tanto el Partido Republicano que fundó don José Celso Barbosa, como el Partido Federal que fundó don Luis Muñoz Rivera favorecían que Puerto Rico se convirtiera en estado. Desgraciadamente, ese deseo fue descarrilado por la respuesta del Gobierno federal. Esa fue una época en la que las ambiciones imperialistas y las nociones racistas de gobernantes y jueces del Tribunal Supremo federal impidieron que los puertorriqueños lográramos esa meta política de la misma manera que las mujeres, los afroamericanos, los méxicoamericanos, los chinos y otros grupos étnicos veían frustrados sus deseos de respeto e igualdad.

El Gobierno federal nos definió una condición política, la condición territorial, distinta a la estadidad que queríamos. Lo hizo a través de un tratado, unas leyes y la jurisprudencia asociada que definieron la posición de la Isla y sus habitantes en el sistema federal americano. Estos son: el Tratado de París de 1898-1899; la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos de América; El Acta Foraker de 1900; Caso Downes v. Bidwell; el Acta Jones de 1917; el Caso de Balzac v. El Pueblo de Puerto Rico. En esta columna vamos a discutir los primeros tres de estos y en una próxima, los demás.

El Tratado de París se concretó entre Estados Unidos y España en 1898 al finalizar la Guerra Hispanoamericana y entra en vigor en 1899. En el Art. 2, España le cede a Estados Unidos las colonias que le quedaban: Puerto Rico, Filipinas, las Islas Marianas y Guam. En el Art. 9, el Congreso recibió de manera explícita la soberanía última sobre Puerto Rico y los puertorriqueños: el poder para decidir sus “derechos civiles y status político”. Desde entonces, el Congreso ejerce ese poder explícitamente y sin ambages. Nunca lo ha renunciado y lo habrá de seguir ejerciendo. Lo que nosotros queremos es que lo ejerza de manera definitiva y final al hacernos el estado 51.

La Constitución de Estados Unidos es el próximo documento importante. Viene a regir sobre Puerto Rico en virtud de las disposiciones del Tratado de París. De la Constitución nos interesa aquí (el 1-2-3-4) la primera oración del segundo párrafo, de la tercera sección del cuarto artículo, es decir, la llamada Cláusula Territorial. Esta autoriza al Congreso a ejercer aquellos poderes que le concede el Tratado de París. Dice esta cláusula: “El Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”.

El Tratado de París y la Cláusula Territorial siguen hoy vigentes sobre Puerto Rico y además de autorizar al Congreso a decidir nuestro status en momentos cruciales, día a día, le da el poder de gobernar la Isla con “poderes plenarios”. Decir que tiene “poderes plenarios” significa que el Congreso puede ejercer sobre Puerto Rico (1) todos los poderes que de ordinario tiene sobre los estados y sus ciudadanos; y, (2) además, todos los poderes que la Constitución le reserva a los estados para que solo estos puedan ejercerlos sobre sus ciudadanos. De hecho, si el Gobierno de Puerto Rico tiene ahora mismo poder para legislar, es solo en virtud de que el Congreso le ha delegado esos poderes. (Véase el Acta Foraker Secc. 32 y el Acta Jones o de Relaciones Federales, Secc. 37)

Volviendo a 1900, blandiendo el poder plenario que le da el Tratado de París y la Cláusula Territorial, el Congreso hace caso omiso de los deseos de estadidad de los puertorriqueños y aprueba el Acta Foraker. Esta ley es el fundamento definitorio del status de Puerto Rico. Contiene dos tipos de disposiciones: unas establecen las instituciones civiles de gobierno interno, como el gobernador, las cámaras legislativas y las cortes locales, de las cuales no me voy a ocupar aquí. Las que nos interesan por ahora son las que determinan condición de Puerto Rico dentro del sistema federal.

Para empezar, los hago notar que el Acta Foraker de 1900 estableció tres de lo que luego los Populares llamarán: ‘los cuatro pilares del ELA’: (1) El mercado común, (2) La moneda común y (3) La común defensa.

Pero la ley Foraker hizo mucho más: (1) no solo nos permitió el comercio libre, nos incluyó dentro de la zona aduanera de Estado Unidos; (2) prohibió cobrar arbitrios por los bienes del comercio entre Puerto Rico y los estados (con excepciones); (3) estableció normas diferentes a las de los estados para cobrar otras contribuciones federales; (4) estableció que el Gobierno interno de Puerto Rico tendrá que ser pagado por los puertorriqueños y tendría, por lo tanto, autonomía fiscal; (5) hizo a los puertorriqueños, “Ciudadanos de Puerto Rico”, y como tal, parte de la población que está bajo la protección y las leyes de Estados Unidos (es decir, eran ‘nacionales’ de Estados Unidos aunque no fueran ‘ciudadanos’ americanos); (6) dio vigencia en Puerto Rico a todas las leyes de Estados Unidos ya aprobadas o por aprobarse (excepto las que el propio Congreso dijera que no eran aplicables); (7) extendió a Puerto Rico la jurisdicción de todos los departamentos y agencias del poder ejecutivo; (8) integró a los puertorriqueños de manera incompleta al poder legislativo al crear la posición de Comisionado Residente; (9) puso la Isla bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo federal y estableció el Tribunal de Distrito para Puerto Rico.

De lo anterior debe quedarle claro que el acta Foraker, aprobada y puesta en vigencia hace establecida hace 112 años, estableció casi todos los aspectos de la condición política o status actual. Pero hay todavía muchas aclaraciones que tendré que hacer en mis próximas columnas.

Solo resta concluir por hoy que es ya tiempo de cambiar unas condiciones ignominiosas que, a partir de lo que he dicho, hemos tenido que vivir desde el siglo pasado. Es hora de pasar de la colonia a la estadidad.

Comentarios a: GarrigaPico@Yahoo.com

martes, 3 de abril de 2012

La nueva escuelita de la estadidad


Por José Garriga Picó, Profesor de Ciencia Política en la UPR-RP
Lunes, 2 de abril de 2012

Me encanta escribir para ustedes estas columnas.  Las horas que cada semana le dedico a la tarea de investigar, pensar y escribir éstas, las disfruto intensamente.  Tanto porque me deleita el oficio de escribir, como porque me da la oportunidad de expresar mis ideas.  Antes de escribir, sin embargo, tengo que, por así decirlo, “meterme en su mente” para averiguar sobre qué quieren ustedes leer.  Esta semana esta tarea se me hizo fácil. Estoy seguro que para mis lectores asiduos, en este momento el tema más apremiante es el plebiscito.  Muchos me han enviado mensajes a GarrigaPico@yahoo.com o me han abordado personalmente para darme su opinión de que educar el electorado es la tarea más importante que tenemos en este momento.  También me previenen de que se ha ido creando una confusión sobre cómo votar en el plebiscito.  

Así que, en respuesta a ese clamor, y en ejercicio de mi deber como profesor, a partir de esta columna voy comenzaré una serie, "La Nueva Escuelita de la Estadidad", dedicada a educar sobre el tema.  En ella explicaré de la manera más sencilla posible diversos aspectos de este asunto.  Revisaré una serie de temas sobre los que usted pudiera necesitar información para aclararle a sus familiares, amigos y vecinos lo que conlleva que Puerto Rico se convierta en estado; el proceso en el Congreso para llegar a serlo; las luchas políticas que hay que dar para obtenerla; el impacto que va a tener la estadidad sobre la economía, la sociedad y la cultura de Puerto Rico; y muchos otros aspectos más. La agenda es larga y los adversarios muchos así que, basta de preámbulos, vamos a comenzar.

¿Cómo debemos votar en el plebiscito?

Comencemos con esto que es lo más apremiante debido a la confusión que se ha creado.  Debemos estar claros: ningún estadista debe tener dudas de que la manera correcta de votar es: NO (a la colonia en la primera parte de la papeleta) y ESTADIDAD (entre las opciones de cambio que aparecen en la segunda parte de la papeleta).  Votar de otra manera debilita la lucha por la estadidad y lleva a resultados absurdos, como veremos en detalle adelante.  En eso está de acuerdo TODO el liderato del PNP y todos los grupos de educación estadista.  

Sin embargo, han surgido voces que, de buena fe pero equivocadamente, promueven que los estadistas voten SI al ELA colonial en la primera parte de la papeleta.  Su argumento se puede resumir de la siguiente manera: "como la presión internacional (léase, Fidel Castro) puede forzar a Estados Unidos a tener que darnos la independencia si rechazamos la colonia, entonces votemos SI para continuar la colonia".   Los populares y sus aliados antiamericanos e izquierdosos están súper deleitados de que estadistas confundidos estén considerando votar a favor del SI.

Vamos al grano: ¿tienen Fidel o Raúl Castro, Hugo Chávez, el Presidente de la China, Hu Yingtao (胡锦涛), las Naciones Unidas, o, todos estos juntos, poder para obligar a Estados Unidos a separarnos de la unión? La contestación clara y definitiva es NO.

Mire, todo el que entiende el sistema político americano sabe que los Estados Unidos sólo le darían la independencia a Puerto Rico si se dieran concomitantemente dos condiciones: primero, que los puertorriqueños votaran mayoritariamente por esa opción (esa es la manera en que se deciden los asuntos domésticos en EE.UU.); y, segundo, si en el balance geoestratégico a Estados Unidos le conviniera que fuéramos una república (así se deciden los asuntos de política exterior en el Departamento de Estado, en el de Defensa y en el Congreso federal).  Ninguna de esas condiciones se va a dar y nadie ni ningún organismo externo al Congreso pueden obligar a éste a hacer nada, incluyendo imponerle la independencia a Puerto Rico contra nuestra voluntad.  Esa es la realidad, lo demás son fantasías.

Por lo tanto, ningún estadista debe votar que SI a la colonia para combatir el fantasma de la independencia pues los puertorriqueños no la queremos y a la nación americana no le conviene política, económica o geoestratégicamente abandonar esta bendita isla que, como detallaré en próximas columnas de esta serie, ya es parte integral e inextricable de la política, la economía y la fibra social de la nación americana. Proponer votar por la colonia para matar un fantasma es absurdo.

Volviendo entonces al aspecto de estrategia electoral, debo recalcar que no ayuda a la victoria de la  estadidad plantear alternativas sobre cómo votar en la primera parte de la papeleta suponiendo que la estadidad va a perder frente a las otras fórmulas.  En Puerto Rico llamamos a esa actitud derrotismo.  Para nosotros, el derrotismo engendra precisamente eso, la derrota. Allá los independentistas y libre asociacionistas que planeen su estrategia pensando cómo van a reclamar, como siempre, que ganaron cuando pierdan.  Los Estadistas vamos a ganar y con ese convencimiento vamos a elaborar nuestra estrategia electoral.

Sin embargo, con el solo fin de redondear el argumento lógico, supongamos que gracias al voto de los estadistas gana el SI, y, veamos entonces las consecuencias de esa victoria suponiendo: primero, que la ESTADIDAD pierde; y, segundo, que gana.  Si para la desgracia de Puerto Rico, la ESTADIDAD perdiera y el SI ganara, todos los estadistas que hayan votado por el SI habrían perdido la oportunidad de rechazar la colonia y nos habrán condenado a soportar la colonia, no la independencia, por varias décadas.  Pedirle a un estadista que contribuya a que se perpetúe la colonia con su voto por el SI es absurdo. Más absurdo aún para un estadista es contribuir a que surja una situación en que gane la ESTADIDAD y el SI.  Aparte de que esos dos votos son contradictorios, una victoria del SI lo que lograría es invalidar la victoria de la estadidad dando efectivamente un voto por la colonia.  En ambos casos, gane o pierda la ESTADIDAD el referéndum, el voto por el SI es un voto por la colonia y es absurdo.

En suma, la lógica no falla, las especulaciones sobre escenarios fantásticos sí falla.  He demostrado con toda la exactitud que nos facilita la lógica que para un estadista no hay ninguna circunstancia real en la que le convenga votar SÍ; sólo es racional votar NO. Ha llegado el momento de dejar las especulaciones ociosas y movernos a la unidad que nos da la victoria tanto al NO a la colonia como a la ESTADIDAD en el próximo plebiscito.  Así invito a todos los estadistas a que lo hagan.


miércoles, 28 de marzo de 2012

El Plan Cantinflas



Por: Eduardo A. Náter Ramos
Estudiante de University of Illinois en Urbana-Champaign

La sorprendente decisión del PPD sobre participar en el plebiscito de status que se celebrará el próximo 6 de noviembre junto a las elecciones generales, deja boquiabiertos, atónitos y perplejos a muchos. No es por el hecho de que van a participar, sino cómo y por qué lo van a hacer.

Aparentemente, en algún momento de iluminación, el significado de algunas palabras y conceptos políticos cambiaron dentro de la cúpula del PPD. El Senador Alejandro García Padilla y la Junta de Gobierno Popular han decidido defender el status colonial, territorial, mejor conocido como el “ELA”. Y lea bien, esto no es porque creen en el actual status, sino porque esto significa un voto en contra del Gobernador Luis Fortuño.

En entrevista radial, el Senador García Padilla planteó que un voto por el “Sí” en la papeleta plebiscitaria, es un voto por el “No” al Gobernador Fortuño. ¿La papeleta mágicamente cambió? ¿Ahora hay dos papeletas para la gobernación? Para el PPD resulta extremadamente lógico y la respuesta, según ellos, sería un “sí” a ambas. Un plan maestro, “foolproof”, a lo James Bond o Sherlock Holmes.

Creen que diciéndole al Congreso de los Estados Unidos que queremos mantener el “ELA”, que queremos seguir siendo colonia bajo sus poderes plenarios, estarían derrotando al Gobernador Fortuño. Ah, porque también el detalle es que el PPD desea derrotar al Gobernador en las cuatro papeletas. Ya el asunto no es política partidista, es derrotar a una sola persona. Me imagino que bajo esa misma premisa, pronto el PPD estará radicando una petición ante la Comisión Estatal de Elecciones para que en vez de la Palma, el PNP solamente pueda utilizar la imagen de Luis Fortuño y la opción del “No” y la “Estadidad” también estén representadas por su imagen para así completar su magistral plan.

Aquí les clarifico algo a los compatriotas populares. Cuando uno vota, defiende la opción o el concepto que está explícitamente descrito en la papeleta. Cualquiera que pretenda llevar a la gente, a su gente, a votar bajo una opción dándole otro significado, alejado de lo que realmente representa la opción, utiliza la demagogia, la mentira y la desfachatez insinuando que el puertorriqueño es bruto, que no sabe leer y que su mente es fácilmente manipulable. Como pueblo podemos equivocarnos y lo hemos hecho, pero ser brutos, JAMÁS.

Si los puertorriqueños queremos el voto presidencial, la fórmula para votar en el plebiscito es “NO” al status actual y una cruz bajo la Estadidad. Si queremos siete congresistas 100% boricuas que nos representen a nosotros y a los millones de hispanos en el Congreso, la fórmula para votar en el plebiscito es “NO” al status actual y una cruz bajo la Estadidad. Si queremos igualdad en derechos, beneficios y responsabilidades, la fórmula para votar en el plebiscito es “NO” al status actual y una cruz bajo la Estadidad. No se dejen engañar.

Así que mis queridos amigos populares, con ese cuento a otro lado. El Plan Cantinflas donde sí es no y no es sí y ambas son lo mismo pero todo lo contrario, no les va a funcionar. Puerto Rico no se va a dejar coger de lo que no es. Si alguien se ha caracterizado por mentiras, chanchullos y otras andanzas similares, es el Senador García Padilla que aún tiene muchísimo que explicar. Con esas cantinfladas a otro lado porque en el mundo real, el “sí” sigue siendo “sí” y el “no” sigue siendo “no”. Parafraseando una campaña mediática de los 90’s: “¡A Alejandro dile NO!”

viernes, 23 de marzo de 2012

La realidad del “Ellos no nos quieren”


La realidad del “Ellos no nos quieren”

Por Raúl R. Vidal

Desde que tengo uso de razón, uno de los argumentos más utilizados por estadolibristas e independentistas es que aunque el pueblo quiera la unión con los Estados Unidos, “ellos” no nos quieren. Muchos de mis compañeros estadistas se han topado con este argumento. Sin duda alguna, se han sentido frustrados ante tal aseveración. Por su beneficio y el de todo aquel interesado, analizaremos el argumento. Éste se divide en tres partes: 1) La aceptación de los opositores de la estadidad de que el pueblo ya no está con ellos; 2) La presunción que nosotros somos diferentes a los llamados “ellos”; y 3) Que nuestros conciudadanos no nos quieren.

El creciente uso de este argumento es significativo, ya que indica que los enemigos de la estadidad han aceptado la opinión del puertorriqueño sobre el tema. Ningún otro movimiento político en Puerto Rico ha crecido tanto en tan poco tiempo. Cierto que no se ha certificado aún en un plebiscito federal o estatal, pero sin duda alguna, la proyección que lleva desde 1967 indica que la estadidad será la preferencia mayoritaria permanente. La oposición concede este punto al usar su argumento preferido – y aunque no lo admita, su argumento le traiciona.

La segunda premisa del argumento es la distinción entre nosotros y “ellos.” Ahora bien, ¿a quién se refieren al decir “ellos”? Claro, dirían, a los americanos, pero ¿a cuáles americanos se refieren? No es posible que se basen en ciudadanía, ya que nosotros, desde Luis Fortuño Burset hasta Filiberto Ojeda Ríos, somos ciudadanos Americanos. Hasta ese punto, el “ellos” no tiene mucho sentido. Tal vez se refieren a los ciudadanos que viven en los estados de la Unión. De referirse a éstos, estarían incluyendo a todos nuestros hermanos hispanos de la nación, esos 45.5 millones. Los hispanos componemos un 15% de la población (un 44% de la población de Nuevo México, y un 35% de la población en California y Tejas). Por definición, también incluyen a los más de 4.5 millones de puertorriqueños que viven en el resto de la nación. Dudo mucho que éstos estén en contra de nuestra estadidad de nosotros optar por ella, y mucho menos creo que esos 45.5 millones de hispanos se distingan tanto de nosotros como la oposición nos distingue de los misteriosos “ellos.” Siendo justos, tal vez la oposición se refiere a esos “anglos,” esos “blanquitos” del norte, pero hasta eso es insensato por dos razones. Primero, los ciudadanos de la mayoría racial no están en su mayoría en contra de nuestra estadidad (cosa en la que elaboraré más adelante). Segundo, ninguna medida en nuestra nación es decidida por un solo sector. Todas las medidas son discutidas y decididas por el entero de nuestra nación, esto incluye a todas las razas y todas las tradiciones culturales que habitan en el país. En fin, si bien es cierto que no podemos distinguirnos del resto de la ciudadanía, el “ellos” no existe. De hecho, al decir “ellos,” también nos estamos incluyendo.

La tercera premisa se basa en que, sea quien sea que tenga que tomar el último paso de nuestra estadidad, no nos querrá como estado. Esto no es cierto, y de hecho solo existe evidencia de lo contrario. Sería fácil descartar este argumento citando el abrumador apoyo – 185 coauspiciadores – que el más reciente proyecto de status (Puerto Rico Democracy Act ó HR 2499) disfruta en la Cámara de Representantes federal, pero prefiero indagar un poco más profundamente citando datos y experiencias que he tenido en la capital, Washington, DC.[1] Cuando el pueblo de Puerto Rico vote en su mayoría por la estadidad, el Congreso federal (quienes tal vez son los “ellos”) tendrá la responsabilidad de decidir el asunto a través de legislación. De inmediato, y sin contar doble, uno puede estar seguro del apoyo de todos los congresistas hispanos (25), más los congresistas no hispanos con distritos nutridos de hispanos (70), más los congresistas no-hispanos que han apoyado tradicionalmente nuestra integración (30), más sus aliados y miembros del Congreso que ya se han comprometido a respetar la decisión del pueblo (90), más uno que otro congresista en la periferia (20+/-), nos da un total de 235 +/-. Una pieza de legislación se aprueba con 218. En el Senado podríamos contar con alrededor de 55 votos al momento – teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en la Cámara baja.

Algunos dirían que estas son cifras altamente optimistas, pero al aplicar un carácter humano, uno se da cuenta de su veracidad. Por ejemplo, uno de los detractores más grandes del proyecto HR2499 es el Representante Broun de Georgia, aun así, el congresista ha dicho en el record que si un 56% del pueblo de Puerto Rico apoya la estadidad, el también la apoyará. Lo mismo han dicho varios otros congresistas con cuyo apoyo típicamente no contamos los estadistas. Es importante notar que la falta de apoyo por un referéndum que requiere mayoría simple, no es sinónimo a que no nos quieren como Estado. De la misma forma, ser republicano o conservador en los Estados Unidos no es sinónimo de ser anti-estadista – contrario al argumento de los independentistas y estadolibristas sobre los “ellos.” Como ejemplo, comparto esta anécdota: Durante una cena con el conocido congresista conservador, Joe Wilson – a quien recordarán por ser el congresista que le gritó al Presidente Obama “¡Mientes!” durante un discurso en el Congreso –, el representante compartió con todos en la mesa su adoración por Puerto Rico, añadiendo que no hay un ciudadano más americano que el puertorriqueño. No tengo que mencionar que el congresista Wilson es un fierro partidario de la estadidad. Lo mismo puedo decir de famosos líderes del movimiento conservador con quienes he podido compartir y, para incredulidad de los proponentes del “ellos,” reclutar para nuestra causa. Personalidades como el Gobernador Jeb Bush, Michael Steele (líder del Partido Republicano), David Keene (presidente de la Unión Conservadora), los congresistas Chris Smith, Dan Burton, Rob Bishop, John Mica, Mike Pence, Doc Hastings y muchos más.

Enumerando todos nuestros partidarios, me vuelvo a preguntar la validez del argumento colonialista – “ellos no nos quieren.” Si los “ellos” no puede ser el pueblo americano, ni puede ser el Congreso de los Estados Unidos, ni tampoco el movimiento conservador, ¿quiénes serán? Tal vez “ellos” son nada más y nada menos que los estadolibristas e independentistas que se oponen recalcitrantemente a la igualdad y pretenden arriesgar la permanencia de nuestra ciudadanía.

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Raúl R. Vidal es el pasado Presidente del Puerto Rico Statehood Students Association y Co-Presidente de los Young Republican of Puerto Rico. PRSSA es una organización sin fines de lucro con la meta de adelantar el debate académico y político sobre la libre determinación de Puerto Rico al igual que su posible admisión como Estado de la Unión.

[1] Para el estudio formal, visite nuestra página Web, www.statehoodpr.org

lunes, 19 de marzo de 2012

"US Commonwealth of Puerto Rico"


Por Dr. Hernán Padilla
19 de Marzo de 2012

Aunque el nombre de “Estado Libre Asociado” es una contradicción política y jurídica, la Ley Pública 600, la Constitución de Puerto Rico y el “US Commonwealth of Puerto Rico” viabilizan la transición de Puerto Rico a la estadidad.

La Ley Pública 600, aprobada por el Congreso en 1950, autorizó a Puerto Rico a adoptar su propia Constitución para crear un gobierno que rigiera sobre cuestiones locales, al igual que las otras constituciones estatales

El entonces gobernador Luis Muñoz Marín, la Asamblea Constituyente, y el pueblo de Puerto Rico aceptaron las condiciones fundamentales impuestas por el Congreso: (1) que incluyese una carta de derechos; (2) que crease un gobierno de forma republicana; (3) que estuviese de acuerdo y sujeta a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos, y (4) que estuviese de acuerdo con la Ley Pública 600.

La intención primordial de estos requisitos es la de asemejar y hacer viable que todo territorio pueda ser un estado de la Unión en un futuro.

De tal forma, la constitución de un territorio puede permanecer vigente cuando sea admitido como un estado de la Unión, como sería en el caso de Puerto Rico.

Obviamente, la Constitución de Puerto Rico tenía que subordinarse a la Constitución nacional, ya que ésta prevalece y es de mayor rango que cualquier ley o constitución estatal o territorial.

De la misma manera, la Constitución de Puerto Rico cumple con el requisito de ser un territorio organizado políticamente como un estado para poder ser admitido a la Unión.

El Preámbulo de nuestra Constitución sostiene: “Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute colectivo de sus derechos y prerrogativas... la lealtad a los postulados de la Constitución federal... la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. Estos postulados son la base del camino hacia la estadidad.

No cabe duda, la Constitución que se aprobó en 1952 es la antesala a la estadidad. En esencia, la comunidad política creada por virtud de la Constitución de Puerto Rico es como un estado no admitido, pero en proceso de ser admitido.

En el 1901 la Corte Suprema de Estados Unidos creó la diferencia entre un “territorio incorporado” en vías de convertirse en estado y otro “no incorporado”, con otras opciones. En el 1922, en el histórico y famoso caso Balzac vs. Porto Rico, la Corte Suprema efectivamente “legisló” que Puerto Rico era un “territorio no incorporado” aunque sus residentes fueran nacionales y ciudadanos americanos”. Por suerte, parece que cuando el Congreso aprobó la Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico, tuvo el efecto revocar el caso Balzac “en silencio”.

A pesar de ese desatino jurídico-constitucional, parece que el proceso de Puerto Rico como territorio incorporado comenzó en 1917 a través de la concesión de la ciudadanía americana. Aunque no fue la intención del Congreso cambiar la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, sino meramente disponer sobre su gobierno interno, la Ley 600 y la Constitución del 1952 se convierten en la antesala del “territorio colonial incorporado”  en ruta a la estadidad.

De hecho, durante décadas nos han considerado como si fuéramos un estado llamado “the Commonwealth of Puerto Rico” y nos incluyen en muchos de los programas nacionales, como transportación, agricultura, justicia, ambiente, educación, vivienda, asistencia médica y asistencia nutricional, entre otros.

Por tanto, no podemos negar que la federalización de jure y de facto del “US Commonwealth of Puerto Rico” tratando a Puerto Rico como si fuera territorio nacional incorporado, es otro paso irreversible y el preludio político-jurídico a la estadidad.

domingo, 2 de octubre de 2011

Cincuenta por ciento más uno



Por Kenneth D. McClintock Hernández

 El Presidente Barack Obama expresó esta semana que una mayoría absoluta mínima de cincuenta por ciento más un voto del electorado puertorriqueño podría no ser suficiente para aprobar un cambio en la relación política con Puerto Rico. Como es de esperarse, sus expresiones, no producto de un discurso escrito detalladamente elaborado, sino de una contestación impromptu en un período libre de preguntas y respuestas, han levantado un avispero, quizás mayor de lo que él pudiera haberse imaginado.

 En el día de ayer ofrecí la siguiente reacción escrita a un medio que me preguntó sobre esas expresiones del Presidente, las cuales entiendo pero no necesariamente comparto en todos sus detalles:

 "Hay estados, como Nebraska, en que una mera pluralidad fue suficiente para ser admitido y otros, como West Virginia, en que ni tan siquiera se pidió la admisión. Personalmente creo que una mayoría en contra del status quo o a favor de una fórmula de cambio será suficiente, no para cambiar de inmediato nuestra relación presente pero sí para iniciar el proceso de negociación legislativa que conduzca a esa descolonización. 

 A Illinois le tomó solo once meses, pero a Nuevo México 65 años obtener la admisión una vez solicitada, por lo que el proceso no necesariamente será rápido. 

 Mi exhortación a los que, como yo, quieren librar a Puerto Rico de los enormes costos del coloniaje y ser admitido como estado federado de nuestra nación, es que emprendamos la tarea de ganar ambas preguntas de la papeleta plebiscitaria por el mayor margen posible de manera que el nuevo Congreso en el 2013 tenga que enfrentarse a un nuevo paradigma de status de un pueblo que contundentemente le haya retirado a los Estados Unidos cualquier reclamo de "consentimiento de los gobernados" que legitime la relación territorial/colonial actual y una petición mayoritaria para iniciar la negociación de una Ley de Admisión que no cobre vigencia hasta ser ratificada por el pueblo. 

 Como ha dicho el gobernador Luis Fortuño al discrepar de las palabras de Obama, hay 37 ejemplos de que todo territorio que quería entrar a la Unión lo logró, no importa cuan grande o pequeña fuera la mayoría inicial que dio inicio al proceso de admisión---y Luis Fortuño ha estudiado mucho más los procesos de admisión que Barack Obama. 

 No dejemos que la opinión del actual Presidente, o cualquiera de sus potenciales contrincantes, nos divida o nos provea una excusa para la inacción, sino que nos inspire a la acción plebiscitaria que torne el escenario que él plantea irrelevante. A un año o menos de una consulta plebiscitaria, ¡construyamos, no con excusas sino con educación y trabajo ideológico, esas mayorías contundentes, en contra del status quo, y a favor de la Estadidad Federada, que obliguen a la Presidencia y al Congreso a actuar a partir del 2013!"

 A medida que se caliente la campaña electoral presidencial, gubernatorial y plebiscitaria del 2012, los líderes pepedés ( a quienes les aterra la posibilidad de que los electores puertorriqueños se expresen directamente sobre su futuro) tratarán de agarrarse hasta de un clavo caliente, sean con expresiones como la del Presidente, posturas de sus potenciales contrincantes republicanos, palabras de un congresista, un senador, un libro o un informe congresional, para lograr uno o varios objetivos. Entre estos, tratar de dividir a los Estadistas, desanimar a los Estadistas, restarle credibilidad a los Estadistas, o varias o todas las anteriores.

 La realidad es que en apenas un año o menos, los Estadistas tenemos la oportunidad de relegar a la irrelevancia el escenario plebiscitario que plantea el Presidente Obama---que una fórmula de status gane con una mayoría absoluta mínima de poco más del 50% de los votos. Un resultado sólido a favor del cambio, en contra de la relación actual, en la primera pregunta de la papeleta plebiscitaria le negaría a los Estados Unidos la cómoda postura de reclamar que la mayoría de los gobernados ha consentido a la relación actual, postura que ha justificado su inacción en el Congreso (no así en las Casa Blancas de Bush, Clinton, Bush y Obama) y en las Naciones Unidas. De igual forma, un apoyo mayoritario por encima del 50 por ciento a la Estadidad Federada podrá no ser suficiente para que se nos conceda automáticamente, pero sería suficiene para obligar al Gobierno Federal a iniciar el proceso de negociar una Ley Habilitadora que, una vez ratificada por el pueblo de Puerto Rico de la manera que el Congreso disponga, conduzca a nuestra admisión.

 Sin embargo, para que ese escenario se dé, tenemos que aprovechar cada día, cada hora, cada minuto libre que dispongamos para educar, aclarar dudas, motivar a los puertorriqueños que han visto la Estadidad como una opción a largo plazo que lo largo se hizo corto y que el momento es ya, para construir una mayoría contundente, en la primera pregunta de la papeleta a favor del cambio y en contra del status quo, y en la segunda pregunta a favor de la Estadidad.

 Como Adán y Eva, los estadistas tenemos que evadir las tentaciones que como manzana en el paraíso nos ofrecen los líderes pepedés...la tentación de no hacer campaña ideológica hasta tanto se apruebe un proyecto plebiscitario... la tentación de dejar que los líderes pepedés nos motiven a la inacción por lo que diga a deje de decir Obama, o Perry, o Romney, o Christie, o Palin... la tentación de echar a un lado la educación ideológica para enfocarnos exclusivamente en las peleas primaristas... o la tentación de dejar que nuestras funciones oficiales de gobierno monopolicen todo el tiempo libre que deberíamos dedicar a asuntos plebiscitarios.

 Obama expresa una opinión, con la que no necesariamente todos estemos de acuerdo y que otros, como papagallos repiten, sobre un escenario específico en que una opción plebiscitaria gane por apenas el 50%. Elevemos ese resultado lo más alto por encima del 50% (como logró Pierluisi crear una supermayoría en la Cámara a favor del HR2499) con nuestro esfuerzo unido de campaña plebiscitaria y haremos innecesario experimentar si tenía o no razón el Presidente.

 Me recuerda Phillip Arroyo, mi experto en asuntos congresionales y federales en la oficina y presidente del capítulo boricua de Young Democrats of America que, al considerarse el proyecto Pierluisi en la Comisión de Recursos, el congresista republicano Jason Chaffetz propuso una enmienda para requerir más del 50% más uno de mayoría para que una opción prevaleciera y fue derrotada ampliamente en comisión.

martes, 9 de agosto de 2011

El Plebiscito: La gran oportunidad del 2012

Por José F. Rovira
Ex- Presidente PRSSA- UPR-RP
Despierta Estadista, Inc

En el 2012 se pronostica que se celebrara un plebiscito de status en la isla de Puerto Rico el primero desde el 1998. Esto no solo debemos verlo como el cumplimiento de una promesa de campaña debemos verlo como una gran oportunidad en donde se está en el momento adecuado. Todo parece caer al pie de la letra y hasta les diría que la oportunidad de celebrar este plebiscito lo mas tardar en el 2012 me recuerda un suceso parecido hace unas décadas donde 2 territorios se veían en la misma situación. Les hablo de Hawaii y Alaska. ¿Se preguntaran porque nuestra situación se parece a esta del pasado? Sencillo: no somos los únicos que probablemente celebremos un plebiscito de status en el 2012.

El territorio de Guam que en 1898 también se convirtió en posesión de los Estados Unidos como Puerto Rico tiene pautado decidir su futuro político en el 2012. Según encuestas llevadas a cabo por la Universidad de Guam el 57% de los nativos creen en la estadidad y el 76% en la ciudadanía americana, así que podríamos ya pronosticar el resultado de este proceso para Guam. Nosotros no nos quedamos atrás. En la última encuesta donde se pregunta a los puertorriqueños que opción favorecería los números son casi parecidos a esos en Guam. Podemos decir que para el 2012 los Estados Unidos se verá con la situación de tener que rechazar o aceptar como estado no a uno sino a dos de sus territorios. La historia parece repetirse nuevamente para la gran nación.

En los 40 ocurrieron tres cosas. Al igual que hoy la nación se encontraba en guerra, crisis económica y tanto Hawaii como Alaska llevaron a cabo plebiscitos en donde en ambos casos, como ya sabemos, prevaleció la Estadidad. No fue hasta el 1959 que el Congreso lo hizo oficial. ¿Por que tardaron tanto? Todo fue por un “issue” de poder en el Congreso. Hawaii era muy republicano para los demócratas y Alaska muy demócrata para los republicanos así que individualmente para estos territorios el asunto no iba a resolverse mientras ambos partidos temieran perder poder. La gran solución al problema fue sencilla. Se creó lo que llamaríamos un “package” en donde para balancear el poder se le otorgo simultáneamente la estadidad a ambos territorios.

Este debe ser el ejemplo a seguir tanto para Guam como Puerto Rico. Guam es considerado republicano y Puerto Rico en su mayoría demócrata y digo mayoría porque sabemos que en nuestra isla una buena cantidad de personas son conservadoras y estoy seguro votarían republicano. Además tengan presente que las raíces del PNP son republicanas. Tanto Fortuño, Jennifer, Aponte y Santini son republicanos. Dicho esto entiendo que podemos llevar al Congreso una oferta de estadidad balanceada al Congreso. 2 senadores para cada partido y de 6 congresistas me atrevo a decir que serán 3 para cada uno además de se le dará la oportunidad a unos 3.9 millones de ciudadanos americanos entre ambos territorios a poder acabar con el coloniaje y disfrutar de su ciudadanía plena. Por eso le sugiero al gobierno de Puerto Rico que decida la fecha para el plebiscito lo más pronto posible y que dentro de dicha propuesta extendamos una mano aliada al territorio de Guam para que juntos luchemos por lo que ambos queremos: Dignidad e igualdad.

lunes, 25 de julio de 2011

Constitución, territorio/colonia o estadidad

POR: HERNÁN PADILLA

Hoy, 25 de julio, día de la Constitución de Puerto Rico, celebramos 113 años del inicio de la ocupación militar de Puerto Rico como colonia antillana de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Ley 600 autorizó a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para administrar asuntos locales. La historia legislativa reitera y el propio Muñoz Marín aceptó públicamente que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe.

Resulta oportuno señalar que la Constitución de Puerto Rico sostiene que:

“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

Como en otros capítulos en la historia de la humanidad, el contacto de la cultura anglosajona americana y la colonial española-puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña.

Procede reflexionar sobre el experimento político y traer un poco de historia a un pueblo que clama por que le pongan fin al status colonial y le abran las puertas a la igualdad dentro de la federación de estados de la nación americana o que le den la independencia para forjar su propio futuro.

Theodore Roosevelt, hijo del presidente Teddy Roosevelt, luego de finalizar su término como gobernador de Puerto Rico en el 1932, publicó su libro “Colonial Policies of the United States” (Archivo Nacional de los Estados Unidos, 1937 #E-713-R-66). Roosevelt se interesó en el concepto de Puerto Rico como un “dominio” con gobierno propio en el futuro. Pronosticó que la Isla tendría su propia Constitución para administrar los asuntos locales en el futuro.

El ex gobernador Roosevelt dijo que el sueño imperialista del 1898 había probado ser irrealizable y reconoce que una “democracia como la de Estados Unidos” no puede administrar un imperio-colonial. Sentenció que la administración colonial en Puerto Rico chocaba contra las tradiciones democráticas americanas y su pragmatismo gubernamental lo convenció que Puerto Rico era y siempre sería una carga económica para los Estados Unidos.

La Constitución para un gobierno propio colonial del 1952 es un instrumento político que en nada cambia el status territorial y cuyo nombre de Estado Libre Asociado solo tenía el propósito de engañar a la población insular y la opinión internacional. La intención era hacer creer que la Isla no era una colonia dentro del marco jurídico constitucional y el Artículo 3, que reglamenta los territorios y posesiones americanas en ultramar.

Ese fue el gran mito político-jurídico producto de mentes brillantes como el juez del Supremo Abe Fortas, el gobernador Tugwell y José Trías Monje, defendido y difundido por Luis Muñoz Marín, el gran maestro político. Muñoz reconoció que Puerto Rico era una colonia americana bajo la tutela exclusiva del Congreso de los Estados Unidos de América.

Los populares inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral, un pacto que nunca existió. Ahora quieren presentar la colonia como un territorio autónomo y soberano, un concepto jurídico ajeno a la Constitución americana.

El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico.

Tampoco podemos ignorar que la Tercera Sección del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión.

La Constitución nos garantiza el derecho a exigir al Congreso que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico.

Cuando la mayoría de los puertorriqueños se exprese en contra de la colonia, en contra de una república independiente y a favor de la estadidad convocaremos la Asamblea Constituyente para redactar la Constitución del Estado de Puerto Rico.

domingo, 17 de julio de 2011

"ELA Territorial"

Por Rep. José Aponte Hernández, Ex- Presidente de la Cámara

¿Y cuál es el ELA que Ferrer defenderá? “El Estado Libre Asociado que cuando usted salga a la número tres y puede doblar a San Juan, cuando mire al frente, al lado va a ver carreteras, puentes, escuelas, todo lo que se construye en este país porque todo lo que está construido está construido bajo el Estado Libre Asociado, no la estadidad ni la independencia”, contestó Ferrer.

O sea, es el ELA Territorial (sujeto a la Claúsula Territorial del Congreso) que AGP aceptó en enttrevista que somos.

O sea, es el ELA Territorial bajo el cual RHC dijo lo siguiente: Democracia: "Dada nuestra extrana relacion con los Estados Unidos, Puerto Rico no tiene ninguna participacion en preparar las leyes que nos rigen. La falta de legitimidad democratica en la aplicacion de esas leyes es un problema basico de la estructura politica del Estado Libre Asociado, de lo cual hemos estado conciente desde 1952." Definicion segun Rafael Hernandez Colon; San Juan Star, Sunday 26 Feb 1989.

O sea, que se volvió a destapar la verdad: Ellos, los "líderes" del PPD no quieren ni van a hacer nada por resolver la condición colonial que reconocen vivimos desde el mismo comienzo. Está en nuestras manos resolverlo...

"La IGUALDAD requiere Acción".

jueves, 14 de abril de 2011

A Short Analytic Overview of the United States And Its Colonies With Special Reference on Puerto Rico

By: Julio Figueroa Nuñez, student of PUCPR Law School and member of PRSSA.



Abstract:

In the following comparative analysis I attempt to show how colonialism skews the semblances of democracy in the United States. When the relationship between the United States and its colonies is considered, the United States’ democratic institutions significantly break down both in meaning and in practical character. Because the colonial subjects lack the basic democratic principles the US promotes throughout the world, understanding colonialism is important if we are to be successful in advancing democracy and other US interests.

Since the United States and its colonies are not considered politically separate countries within a ‘region’ as the “Comparative Political Analysis” question requests, their political and economic “separate and not all-together equal” relationship warrants the omission of a regional comparative analysis in favor of a colonial one.

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During the 20th Century, the United States established international institutions designed to serve its interests long after its global prominence is faded. From time to time, powerful nation members of international institutions such as the WTO, World Bank, IMF, NATO, and the UN among others, have used them to promote a particular ideology in the world. From investment and monetary relief to peace-keeping and war, advocates seeking political or economic intervention through international institutions seem to always manage to insert the word democracy and freedom in their pleas. Unfortunately, many countries advocating international intervention on political and economic matters, whether of global benefit or not, have at some point sidestepped essential democratic tenets. Seduced by the advent of territorial and economic expansion, many democracies abandon the principles which they once genuinely stood by and defended.

When the United States expanded its political dominion and territory in acquiring colonial possessions, democratic representation was not extended to their colonial subjects. Thus American imperialism did not spread and strengthen democracy as some wanted to believe; on the contrary, expansion deteriorated the democratic institutions of the United States and limited the freedoms of the new subjects. Hence, one is compelled to ask how can one country declare preeminent war with others on the grounds (among several) to establish for them the freedoms provided by democratic regimes when it deprives those same privileges and rights to its own citizens in its colonies?

To show the moral, political and legal challenges colonial possessions represent to our democratic institutions I will explore the relationship between the United States and its colonies. Several factors in the relationship I will analyze are: the implications of the US colonial relationship with its territories; colonial representation; and culture.

1. Understanding Colonialism

Colonialism is a methodological system of oppression superimposed on the less powerful, historically rationalized by benevolent and patronizing claims of one group of people over another. A showcase of the once rampant pro-colonial fervor that engulfed many Europeans after the “discovery” is exemplified by Jules Harmand, a French proponent of colonialism, when he declared, “The basic legitimation of conquest over native peoples is the conviction of our superiority, not merely our mechanical, economic, and military superiority, but our moral superiority,” (Said, 1993, p. 17). The imperialist fervor was also present in the United States as well. The difference was the hesitation that expansion beyond our continental borders would lead to implications far more costly than their worth. I believe the implications of imperial expansion and how it has atrophied the development of many nations will clearly show why understanding colonialism is still relevant and ought to be important to political scientists.

Traditionally, the United States has invoked democratic principles such as liberty and civil rights around the world as the best possible form of government despite denying those rights to its colonial subjects. Hence, the claim of being the great global proponent of democracy has not always been genuine or true. Our interest in advancing democracy becomes more difficult when we have to account for, for example, our interventions in foreign soils where we have often deposed democratically elected leaders in favor of totalitarian ones. Contradictions such as these show how the pursuit of US global interests and the promotion of democracy would be a hard sell to some. As long as democracy is used as a tool to conquer and oppress peoples and not the tool that can liberate them, US interests will always be more difficult to achieve.

Consider that in 1800 the West claimed to have 55 percent of the world’s territory when in actuality their borders only held about 35 percent in real terms, (Said, 1993, p. 8). The percentage claimed would later grow to 85 percent by 1914 with European claims alone, not counting the emerging American territorial expansion, (Said, 1993, p. 8). Just a few decades before 1914, the United States had claimed several territories: Hawaii, Alaska, The Philippines, Guam, Cuba, Puerto Rico, minor outlying Pacific islands and atolls and later, the Virgin Islands and the Commonwealth of Northern Mariana Islands. Such vast claims of lands by western powers are indicative of the quantity of native peoples from all over the world that have been victimized by colonialism and its consequences. It is therefore no stretch to suggest that vast numbers of nations are still affected by colonization long after their apparent decolonization.

As a system of conquer and control, colonialism imposes on colonial subjects the establishment of institutions that organize their territories in order to secure their “governability.” Because these institutions are almost always established by the conquering metropolis, they bear the characteristics of the metropolis that establishes them thereby creating “patterns of practice” that “affect state behavior” akin to their creators, (Keohane, 2005, p. 8). Thus, institutions established by the metropolis are designed to mold the colony to the colonist political, social, and economic likeness. Hence, the Constitution of Puerto Rico for example, was approved only after it met the Congressional requirement of resembling the US Federal Constitution. The same Congressional requirement has been imposed on other US territories like Guam and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands. For reasons I will later explain, I worry that the process of colonial assimilation will lead our territories towards the same dire socio-political and economic consequences many former European colonies are experiencing should they secede from the US.



Colonial institutions are also designed to become what Edward T. Hall calls extension transferences. By extension transferences I mean institutions designed to influence subjects and shape local cultures long after their independence (or after any change to the status quo is made). The institutions established by the colonists have almost always taken the place of the process of colonization through colonial-institutional appropriation by colonial subjects, (Hall, 1981, p. 28). When appropriated culturally, politically, and economically, institutions established by a foreign power would no longer be seen or identified as foreign by the native people. From the way the legal and justice system is set up, to what subjects are taught in schools, all are designed to continue assimilation with or without close supervision from the metropolis.

In Power and Powerlessness: Queiscence and Rebellion in an Appalachian Valley, John Gaventa shows how the ‘foreign power’ assimilates some aspects of the culture only to shape and influence it later. The ‘foreign power’ then proceeds to impose its will by giving its subjects the sense that they have the freedom to participate and the freedom to have a choice when they in fact do not, (Gaventa, 1982, p. 63). In this sense, political and economic decisions in the colonial regime are already made because they are determined by the institutions established by the metropolis. In a sense, colonial subjects play a game not of their choosing with rules not their own. After a few generations, they appropriate and assimilate the game and the rules, and often passively play to serve their determined roles. Colonial institutions thus perpetuate the process of colonization because it shapes the conditions for eventual appropriation of native peoples.

Native appropriation further secures the conditions necessary for neocolonialism to occur should the colony secede. Neo-colonialism is hard to identify because unlike colonialism, the metropolis is seldom visibly involved. As I have alluded to before, many former colonies have fallen victim to institutional extension transference. As such, neo-colonial nations may find it difficult to create the cultural, political and economic stability required to succeed as a nation because colonial institutions have become integral to the political, economical and social framework of the country. Some institutions that are remnants of colonialism become so assimilated into the local institutional apparatus that identifying them becomes hard and making their eradication difficult.

According to Mark Bray, neocolonialism is used to describe “the control of states by external powers despite the formal appearance of constitutional independence,” (Bray, 1993, p. 334). Kwame Nkrumah, first president of Ghana, describes a neo-colony as being a “State which is subject to it is, in theory, independent and has all the outward trappings of international sovereignty. In reality its economic system and thus its political policy is directed from outside,” (Bray, 1993, p. 334). One important difference between colonialism and neocolonialism however, is that under modern colonialism as practiced by the United States, the colonies have access, albeit limited, to political and legal institutions of the metropolis. Under neo-colonialism, exploitation of the powerful over the weak is not always as apparent, and the weak are usually left voiceless as their governments either betrays them or fall powerless against the metropolis. Should the nation under neocolonialism wish to address any grievance, their resources become limited and their claims hard to pursue. Only those willing to know history can bear witness to their painful colonial past and their equally painful neocolonial present.

Because their colonial condition is acknowledged by US law, the limited access to political and legal institutions provides US colonies a space where they can address their grievances. As we shall see in the following section, without adequate representation, the legal and political rights colonies have do not necessarily mean much. Because they have political and economical disadvantages, colonies are often ignored by a Federal government that is not held accountable to its possessions.

2. Colonialism & Representation

When Alexis de Toqueville visited the young US republic in 1831, he was impressed by the advancement of equality and the respect the American people had for democracy. Although he romanticized the US, he nevertheless provides us incite to how the country was then compared to how it is today, (Collins & Makowsky, 1993, p. 55). Today we have a country where people spend tens of millions of dollars in political campaigns that if elected, will only earn them a 400 thousand dollar a year position. Billions are poured every year in campaigns and lobby groups by corporations and organizations seeking to sway or buy the vote of members of Congress. Those are dollars neither the poor or average middle class person has. If the middle class ever ruled the country as Toqueville thought, those days seem long past.

Because of the important role money has in Washington, some analysts frequently argue that gaining access to the governmental decision making process by ordinary citizens and activist groups in the US has become more difficult. If it is true that political access to Washington, D.C. has become more difficult over the years, then imagine the prospects colonies have in gaining any access. For the colonies, gaining even half of the access ordinary citizens and activist groups may have is close to null considering their political and economic disadvantage. By the mere condition of being colonies, no US territory has the same kind of access in Washington, D.C. as States or their residents. The fact they are colonies means they lack real political representation. While it is true US territories can send non-voting delegates to the US House of Representatives (with the exception of the Commonwealth of the Northern Mariana Islands), they seldom have any real effect, (Thornburgh, 2007, p. 30). The amount of money territories have to spend on lobby firms and campaign contributions to make up for the lack of representation has become a very lucrative source of income for many in Washington over the years as well. However, because they do not have voting representation, members of Congress do not have to worry about being accountable to territorial residents or worry about winning elections because territorial residents cannot vote.

Delegates US territories send to Washington, D.C. have the right to speak on the House floor, but cannot vote for any legislation considered there. Instead, delegates rely on the good will of any voting House member willing to help their causes. Territories have to also spend millions of dollars in lobby groups and in campaign contributions to help sway members of Congress to make up for their lack of political power. As mentioned before, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands is the only US territory that does not have a delegate in Congress. Instead, it sends a “resident representative” to Washington, D.C. in order to promote “good relations between the federal and territorial governments,” (Thornburgh, 2007, p. 30). Given that there is no significant difference between having a delegate officially represent a territory and having a “resident representative,” one can conclude that territories with no delegates are not missing out on much. Especially considering that all territories, whether they have delegates or not, have to spend millions of dollars on lobbying firms and campaign contributions anyway.

Territories that do have delegates can only send one elected official to represent the territory “at-large.” In the case of Puerto Rico, the largest of all US territories with almost 4 million American citizens, having just one delegate to represent the island defeats the practical purpose of representation in the House. Adding insult to injury is the fact that by virtue of living in a territory, American citizens cannot vote for the President of the United States. The denial of the right to vote for president is usually reserved for those who are either non-citizens or who have committed serious Federal crimes. It is uncanny that US citizens are being denied voting rights or any form of just representation by virtue of residing in a Territory while at the same time the US advocates the virtues of democracy around the world. While colonialism itself is a system of discrimination and exploitation, it is not the only type of discrimination territories endure. In the next section, I discuss the fact that many colonials celebrate their distinct cultures and are often treated unfairly for it. Various groups in the US view their cultural enthusiasm as either a threat or as an expression of contempt towards the US when in fact their culture is one of the few things they have left after surviving colonialism.

3. Colonialism & Culture

In Who Are We? The Challenges to America’s National Identity, Samuel P. Huntington worries about the future cohesion of the US union. In the book he warns of a US identity crisis caused by the threat of immigrants who are failing to assimilate to the dominant Anglo culture. Referring to the Mexican immigration wave, Huntington writes: “As [Mexican] numbers increase, Mexican-Americans feel increasingly comfortable with their own culture and often contemptuous of the American culture, (Huntington, 2004, p. 254). He continues, “They demand recognition of their culture… [and] they increasingly call attention to and celebrate their Hispanic and Mexican past,” (Huntington, 2004, p. 255). He then cites a 1999 report that indicated how the growth of the Mexican and Hispanic community has facilitated their ‘Latinization’ and the affirmation of their heritage, (Huntington, 2004, p. 255). For colonial peoples who were conquered by a foreign super-power (a category Mexican-Americans in the Southern Border States may qualify for in many respects), their heritage, customs and their celebration may be all they have to hold on to.

Through conquest and opportunity, the acquisition of colonial possessions ensured the multi-cultural character of the United States. In many respects, our greatest strength is our multiculturalism. The diversity of cultures almost guarantees the flow of fresh and innovative ideas into our national political discussion. To ask all Americans to disregard their cultural background and assimilate into one, especially when colonial subjects did not have a choice to be part of the culture that conquered them is preposterous and obscene.

Today the United States is invigorated by the Chamorro culture of Guam, the Polynesian culture of American Samoa, the Latin culture of Puerto Rico, and the Afro-Caribbean culture of the Virgin Islands. All these territories mirror American society because they have already been heavily assimilated. The only thing residents of territories have that they can call their own is the unique culture that in essence remains somewhat intact after colonization. Although I understand the concern some have regarding identity and language, for me, being American has always been about ideology and love for our country and its peoples, not about race. The preservation of our unique individuality however, is for me also part of being American. Because I would certainly not rely on Samuel P. Huntington to preserve my distinct cultural character as a Puerto Rican, it is up to me and others to do so. Preserving a cultural distinction and celebrating it does not mean a lack of love, contempt, or disinterest for the rest of the US as some seem to believe.

Colonization has also brought us to a place where there is no way back because there is no past to go back to. Puerto Rico for example, has never been an independent country in its more than 500 years of ‘discovery.’ In the more than 100 years under US colonial rule, Puerto Ricans have become a hybrid culture of Latin and Anglo customs. Never fully included to either culture, but never fully excluded. They talk Spanish, English, and some even speak Spanglish. And yet they preserve their heritage wherever in the US (and the world) they choose to settle. Aurora Levins Morales expressed the Puerto Rican experience in her poem Child of the Americas:

I am not African. Africa is in me, but I cannot return.
I am not Taina. Taino is in me, but there is no way back.
I am not European. Europe lives in me, but I have no home there.
I am new. History made me. My first language was spanglish.
I was born at the crossroads
And I am whole, (Levins Morales, 1995, p. 79).

I would hope Samuel P. Huntington would agree that if there is any culture that has genuinely struggled with an identity problem, it has been US colonial peoples such as Puerto Ricans. With no political representation, a limited political voice, and often falling victim to Congressional neglect, US colonies continue to develop the chunk of culture that has survived the colonial experience. Their cultures have survived not only by virtue of their geographical distance from the metropolis, but by virtue of their will to not be totally ‘disappeared’ by assimilation.

4. Colonialism and the Future

In Who Rules America? Power, Politics, & Social Change, G. William Domhoff provides an analytical critique on power in the United States. In the book, Domhoff asks the reader to consider three questions: Who benefits? Who Governs? and, Who wins? (Domhoff, 2006, p. 13). While one must acknowledge that there is no singular answer for these questions, it is clear colonial peoples are not the ones who benefit, govern, or win within the US colonial system. As a colonial subject, I have witnessed how interest groups, politicians, and corporations often work to keep the status quo intact. Colonialism itself has become quite a lucrative enterprise for the few at the expense of the many.

While I believe they should not be absolved from any responsibility, these interest groups, misguided politicians, and corporations are not solely to blame for our ills or our colonial condition. I have come to the realization that there are institutions that provide the right environment that allow special interest groups, politicians, and corporations to become the kinds of problems Domhoff describes and that also perpetuate our colonial condition. Like the other US territories, my island of Puerto Rico remains a conquered land, paradoxically, out of apparent choice. After 500 years, Puerto Rico remains the oldest colony in the world. For over 100 years the island has been a US colony. For 50 years of the 100 years, Puerto Ricans have ‘chosen’ to remain a colony. But the reality is that the system is set up so territories like Puerto Rico think they have the option to choose to remain colonies or change if they wish, when in fact they do not. However, results of plebiscites and referendums always seem to favor contented colonial subservience. Not surprisingly, these results are used by members of Congress as convenient pretexts to take no action at all.

US territories also face the increasing difficulty of trying to find their place inside the US Federal system (being part of the nation and at the same time preserving their distinct culture from the rest of the country). Their lack of political power, among the many colonial disadvantages I have mentioned throughout the essay, makes them easy targets for prejudiced and misguided groups. Without equal and just representation, territories are left almost defenseless against groups pushing for the complete assimilation of their cultures and the eradication of their languages.

On the other hand, the burden of possessing colonial territories has come at a very high price for the US; costly for its democracy, and for its global credibility. The unresolved colonial relationship, primarily the Constitutional challenges of citizenship without representation shows colonialism’s incompatibility with the US democratic system. With the acquisition of overseas territories in 1898, the US departed from its practice of incorporating territories and instead experimented with various forms of colonial arrangements. Territories such as the Philippines and Cuba were prepared for independence. Other overseas territories were prepared for statehood as in the case of Hawaii, while others sadly became neo-colonies like the islands of Palau and Micronesia. Others like Guam and Puerto Rico remain ‘unincorporated’ US possessions whose citizens are Americans by birth.

It seems clear that the need to make other arrangements is long overdue. Without Congressional action, colonies are left to have apparent choices between false alternatives for a future already determined by colonialism. Establishing the right to vote in Federal elections, and providing delegates with voting rights in the House of Representatives would be a step in the right direction. To provide colonies the means to defend themselves against those who do not serve their interests, is to provide them the means to preserve their cultures while also ensuring their engagement in the national political discussion. A real process of decolonization by providing the territories the means to engage the national body politic would undoubtedly give the US the opportunity to reestablish its dignity and the dignity of its colonial subjects – a dignity that both lost during the colonial experience.



Cited Works
Bray, M. (1993) Education and the Vestiges of Colonialism: Self-Determination,
Neocolonialism and Dependency in the South Pacific. Comparative Education. Vol. 29, No. 3. retrieved 29 September 2007 from JSTOR from http://links.jstor.org/sici?sici 03050068%281993% 2929% 3A3%3C333%3AEATVOC%3E2.0.CO%3V2-7
Collins R. & Makowsky M. (1993) The Last Gentleman: Alexis de Toqueville. The Discovery of
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Domhoff, G. W. (2006) Who Rules America? Power, Politics, & Social Change. Fifth Edtion.
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Gaventa, J. (1982) Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian
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Strategic and International Studies Press.
Said, E. W. (1993) Culture and Imperialism. New York: Vintage Books

viernes, 18 de marzo de 2011

To Be or Not to Be



By Geraldo Rivera
Published March 17, 2011
Fox News Latino

On a flight back to New York from San Juan a couple months ago, I chanced to sit next to Richard L. Carrión, the urbane and savvy man who runs and owns a hunk of Banco Popular, the big Puerto Rican-based commercial bank, and its related businesses, and also helps steer the International Olympic Committee. After he diplomatically answered my several questions about prospects for banks like his during this current real estate nightmare, we talked about politics; specially, the future status of Puerto Rico.

Whether Puerto Rico becomes a state or an independent country, or remains a commonwealth, which is like being a territory or a colony with benefits, is the perennial Holy Grail of Puerto Rican politics, coming up daily during heated conversations that divide Puerto Rican families.

Mr. Carrión described a recent public meeting he had in Puerto Rico with Massachusetts senator John Kerry. On a fact-finding mission, the senator asked Mr. Carrión his opinion on the status question, to which Mr. Carrión told me he answered essentially, ‘Why ask me, when we both know it is the United States which will decide.’

That informed cynicism is the prevailing attitude among members of the island's educated elite, certainly those I’ve spoken with lately. Having lived through referendums in 1967, 1993, and 1998, all of which opted to continue the status quo, they believe the island is stuck in that melancholy middle. It may often feel like it’s a different country from the United States, a Spanish-dominant Latino country. Still, virtually no one there wants to abandon either his or her U.S. citizenship or the enormous federal largesse that flows from Washington to San Juan at the rate of about $22 billion annually in aid, federal tax breaks and entitlements, according a current book, ‘Pay to the Order of Puerto Rico: The Cost of Dependence.’

With scant eagerness for the fiscal and political uncertainty of separation from the world’s richest and most powerful nation, ‘independence’ is also a non-starter, generally winning less than three or four percent of the vote in recent elections.

The disadvantages of commonwealth, like the fact island residents can’t vote in U.S. presidential elections or that their own elected representative to the U.S. Congress has no vote, seem relatively minor concerns compared to independence and being set adrift on an uncertain Caribbean Seawhere pirates like Fidel Castro still roam.

On the other hand, statehood is also a daunting prospect, especially to the socially conservative old timers. Folks like my tías and tíos worry that if Puerto Rico became a state they would be made to feel second-class, as Spanish is inevitably subordinated to English and Puerto Rico is remade into a kind of Nevada or Mississippi with salsa.

Stuck with the majority’s inability to make the hard choice between statehood or independence, there is this feeling among many that since the island is a wholly owned subsidiary of the United States anyway, then unless and until Congress takes the lead and specifically pushes everyone down the road to Puerto Rican statehood by agreeing out front to recognize whenever islanders decide, then Puerto Rico’s ambiguous, corrosive commonwealth status will continue forever.

But a federal task force created during the last days of the Clinton administration, sustained under President George W. Bush and expanded under President Obama has finally issued a comprehensive report that seeks to empower the residents of Puerto Rico to chart their own course when it comes to status, while at the same time calling on Congress to honor that result— an enormous, if not impossible challenge.

Released Wednesday, under the ‘President’s Task Force on Puerto Rico Status’ plan, it would create a two-stage referendum on the island: First, a vote on whether residents wanted to remain part of the United States; then, if they voted ‘yes,’ on whether Puerto Rico would be a full-fledged state or continue as a commonwealth.

Or, in the highly unlikely possibility they voted for independence, then whether they wanted independence with continuing legal ties to the United States (like Britain and its former colonies) or as a nation completely separate and apart.

Puerto Rico’s Republican governor and statehood advocate Luis Fortuño is committed to holding the referendum by the end of his term in 2012, but because change is scary, I fear Puerto Rico’s voters will choose the path of least resistance, maintaining commonwealth and the status quo as step-child in the family of nations.

I’ve been part of the impassioned, if circular conversation on status since 1969, when my involvement with the radical Young Lords, a New York-based Puerto Rican activist group, helped steer me toward advocating the island’s independence. Better the pride of independence than continuing the century-old welfare colony relationship that has crippled Puerto Rican society and wrecked havoc on families.

But better still would be statehood; if America will have us, which I doubt. There is no way a Republican-dominated House will allow the inclusion in the Union of a state of approximately four million mostly poor, mostly Spanish-speaking people who could then immediately elect two Democratic senators and four or five Democratic congressmen.

Can you imagine that congressional debate even happening given the raging ill-will toward anything that reminds people of Latino immigrants or the already burgeoning U.S. Hispanic population?

No, I fear the entire federal task force effort concerning Puerto Rico’s status is nothing more than another wordy, though worthwhile, exercise in futility. The powers that be in Washington have zero real interest in a fifty-first state; not us anyway, not now. Still, if Puerto Ricans did vote for statehood, sign me up for the fight to help them get it.