#Bandera

Vídeo promocionando la ESTADIDAD.

De la colonia a la estadidad (Parte I)

De la colonia a la estadidad (Parte I)

16 de abril de 2012

Opinión- José Garriga Picó, Profesor de Ciencia Política UPR-RP

Parte 3 de la serie ‘La Nueva Escuelita Estadista’.

Dedicada a los educadores voluntarios de la estadidad.

Visto en la columna anterior (‘La estadidad que queremos’) qué es la estadidad, vamos entonces a retrotraernos a los orígenes de nuestra presente condición para, en esta y próximas columnas, indagar sobre cómo llegamos aquí y cómo vamos a movernos hacia la estadidad. De hecho, la estadidad, como ya he dicho, está mucho más cerca de lo que nos damos cuenta. Estamos en lo que podemos llamar una ‘etapa pre-estadidad’.

Desde que se asentó el dominio de las tropas americanas sobre Puerto Rico en 1899, los puertorriqueños demandaron la anexión de la Isla a Estados Unidos. Tanto el Partido Republicano que fundó don José Celso Barbosa, como el Partido Federal que fundó don Luis Muñoz Rivera favorecían que Puerto Rico se convirtiera en estado. Desgraciadamente, ese deseo fue descarrilado por la respuesta del Gobierno federal. Esa fue una época en la que las ambiciones imperialistas y las nociones racistas de gobernantes y jueces del Tribunal Supremo federal impidieron que los puertorriqueños lográramos esa meta política de la misma manera que las mujeres, los afroamericanos, los méxicoamericanos, los chinos y otros grupos étnicos veían frustrados sus deseos de respeto e igualdad.

El Gobierno federal nos definió una condición política, la condición territorial, distinta a la estadidad que queríamos. Lo hizo a través de un tratado, unas leyes y la jurisprudencia asociada que definieron la posición de la Isla y sus habitantes en el sistema federal americano. Estos son: el Tratado de París de 1898-1899; la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos de América; El Acta Foraker de 1900; Caso Downes v. Bidwell; el Acta Jones de 1917; el Caso de Balzac v. El Pueblo de Puerto Rico. En esta columna vamos a discutir los primeros tres de estos y en una próxima, los demás.

El Tratado de París se concretó entre Estados Unidos y España en 1898 al finalizar la Guerra Hispanoamericana y entra en vigor en 1899. En el Art. 2, España le cede a Estados Unidos las colonias que le quedaban: Puerto Rico, Filipinas, las Islas Marianas y Guam. En el Art. 9, el Congreso recibió de manera explícita la soberanía última sobre Puerto Rico y los puertorriqueños: el poder para decidir sus “derechos civiles y status político”. Desde entonces, el Congreso ejerce ese poder explícitamente y sin ambages. Nunca lo ha renunciado y lo habrá de seguir ejerciendo. Lo que nosotros queremos es que lo ejerza de manera definitiva y final al hacernos el estado 51.

La Constitución de Estados Unidos es el próximo documento importante. Viene a regir sobre Puerto Rico en virtud de las disposiciones del Tratado de París. De la Constitución nos interesa aquí (el 1-2-3-4) la primera oración del segundo párrafo, de la tercera sección del cuarto artículo, es decir, la llamada Cláusula Territorial. Esta autoriza al Congreso a ejercer aquellos poderes que le concede el Tratado de París. Dice esta cláusula: “El Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”.

El Tratado de París y la Cláusula Territorial siguen hoy vigentes sobre Puerto Rico y además de autorizar al Congreso a decidir nuestro status en momentos cruciales, día a día, le da el poder de gobernar la Isla con “poderes plenarios”. Decir que tiene “poderes plenarios” significa que el Congreso puede ejercer sobre Puerto Rico (1) todos los poderes que de ordinario tiene sobre los estados y sus ciudadanos; y, (2) además, todos los poderes que la Constitución le reserva a los estados para que solo estos puedan ejercerlos sobre sus ciudadanos. De hecho, si el Gobierno de Puerto Rico tiene ahora mismo poder para legislar, es solo en virtud de que el Congreso le ha delegado esos poderes. (Véase el Acta Foraker Secc. 32 y el Acta Jones o de Relaciones Federales, Secc. 37)

Volviendo a 1900, blandiendo el poder plenario que le da el Tratado de París y la Cláusula Territorial, el Congreso hace caso omiso de los deseos de estadidad de los puertorriqueños y aprueba el Acta Foraker. Esta ley es el fundamento definitorio del status de Puerto Rico. Contiene dos tipos de disposiciones: unas establecen las instituciones civiles de gobierno interno, como el gobernador, las cámaras legislativas y las cortes locales, de las cuales no me voy a ocupar aquí. Las que nos interesan por ahora son las que determinan condición de Puerto Rico dentro del sistema federal.

Para empezar, los hago notar que el Acta Foraker de 1900 estableció tres de lo que luego los Populares llamarán: ‘los cuatro pilares del ELA’: (1) El mercado común, (2) La moneda común y (3) La común defensa.

Pero la ley Foraker hizo mucho más: (1) no solo nos permitió el comercio libre, nos incluyó dentro de la zona aduanera de Estado Unidos; (2) prohibió cobrar arbitrios por los bienes del comercio entre Puerto Rico y los estados (con excepciones); (3) estableció normas diferentes a las de los estados para cobrar otras contribuciones federales; (4) estableció que el Gobierno interno de Puerto Rico tendrá que ser pagado por los puertorriqueños y tendría, por lo tanto, autonomía fiscal; (5) hizo a los puertorriqueños, “Ciudadanos de Puerto Rico”, y como tal, parte de la población que está bajo la protección y las leyes de Estados Unidos (es decir, eran ‘nacionales’ de Estados Unidos aunque no fueran ‘ciudadanos’ americanos); (6) dio vigencia en Puerto Rico a todas las leyes de Estados Unidos ya aprobadas o por aprobarse (excepto las que el propio Congreso dijera que no eran aplicables); (7) extendió a Puerto Rico la jurisdicción de todos los departamentos y agencias del poder ejecutivo; (8) integró a los puertorriqueños de manera incompleta al poder legislativo al crear la posición de Comisionado Residente; (9) puso la Isla bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo federal y estableció el Tribunal de Distrito para Puerto Rico.

De lo anterior debe quedarle claro que el acta Foraker, aprobada y puesta en vigencia hace establecida hace 112 años, estableció casi todos los aspectos de la condición política o status actual. Pero hay todavía muchas aclaraciones que tendré que hacer en mis próximas columnas.

Solo resta concluir por hoy que es ya tiempo de cambiar unas condiciones ignominiosas que, a partir de lo que he dicho, hemos tenido que vivir desde el siglo pasado. Es hora de pasar de la colonia a la estadidad.

Comentarios a: GarrigaPico@Yahoo.com

La nueva escuelita de la estadidad

Por José Garriga Picó, Profesor de Ciencia Política en la UPR-RP

Lunes, 2 de abril de 2012

Me encanta escribir para ustedes estas columnas.  Las horas que cada semana le dedico a la tarea de investigar, pensar y escribir éstas, las disfruto intensamente.  Tanto porque me deleita el oficio de escribir, como porque me da la oportunidad de expresar mis ideas.  Antes de escribir, sin embargo, tengo que, por así decirlo, “meterme en su mente” para averiguar sobre qué quieren ustedes leer.  Esta semana esta tarea se me hizo fácil. Estoy seguro que para mis lectores asiduos, en este momento el tema más apremiante es el plebiscito.  Muchos me han enviado mensajes a GarrigaPico@yahoo.com o me han abordado personalmente para darme su opinión de que educar el electorado es la tarea más importante que tenemos en este momento.  También me previenen de que se ha ido creando una confusión sobre cómo votar en el plebiscito.  

Así que, en respuesta a ese clamor, y en ejercicio de mi deber como profesor, a partir de esta columna voy comenzaré una serie, "La Nueva Escuelita de la Estadidad", dedicada a educar sobre el tema.  En ella explicaré de la manera más sencilla posible diversos aspectos de este asunto.  Revisaré una serie de temas sobre los que usted pudiera necesitar información para aclararle a sus familiares, amigos y vecinos lo que conlleva que Puerto Rico se convierta en estado; el proceso en el Congreso para llegar a serlo; las luchas políticas que hay que dar para obtenerla; el impacto que va a tener la estadidad sobre la economía, la sociedad y la cultura de Puerto Rico; y muchos otros aspectos más. La agenda es larga y los adversarios muchos así que, basta de preámbulos, vamos a comenzar.

¿Cómo debemos votar en el plebiscito?

Comencemos con esto que es lo más apremiante debido a la confusión que se ha creado.  Debemos estar claros: ningún estadista debe tener dudas de que la manera correcta de votar es: NO (a la colonia en la primera parte de la papeleta) y ESTADIDAD (entre las opciones de cambio que aparecen en la segunda parte de la papeleta).  Votar de otra manera debilita la lucha por la estadidad y lleva a resultados absurdos, como veremos en detalle adelante.  En eso está de acuerdo TODO el liderato del PNP y todos los grupos de educación estadista.  

Sin embargo, han surgido voces que, de buena fe pero equivocadamente, promueven que los estadistas voten SI al ELA colonial en la primera parte de la papeleta.  Su argumento se puede resumir de la siguiente manera: "como la presión internacional (léase, Fidel Castro) puede forzar a Estados Unidos a tener que darnos la independencia si rechazamos la colonia, entonces votemos SI para continuar la colonia".   Los populares y sus aliados antiamericanos e izquierdosos están súper deleitados de que estadistas confundidos estén considerando votar a favor del SI.

Vamos al grano: ¿tienen Fidel o Raúl Castro, Hugo Chávez, el Presidente de la China, Hu Yingtao (胡锦涛), las Naciones Unidas, o, todos estos juntos, poder para obligar a Estados Unidos a separarnos de la unión? La contestación clara y definitiva es NO.

Mire, todo el que entiende el sistema político americano sabe que los Estados Unidos sólo le darían la independencia a Puerto Rico si se dieran concomitantemente dos condiciones: primero, que los puertorriqueños votaran mayoritariamente por esa opción (esa es la manera en que se deciden los asuntos domésticos en EE.UU.); y, segundo, si en el balance geoestratégico a Estados Unidos le conviniera que fuéramos una república (así se deciden los asuntos de política exterior en el Departamento de Estado, en el de Defensa y en el Congreso federal).  Ninguna de esas condiciones se va a dar y nadie ni ningún organismo externo al Congreso pueden obligar a éste a hacer nada, incluyendo imponerle la independencia a Puerto Rico contra nuestra voluntad.  Esa es la realidad, lo demás son fantasías.

Por lo tanto, ningún estadista debe votar que SI a la colonia para combatir el fantasma de la independencia pues los puertorriqueños no la queremos y a la nación americana no le conviene política, económica o geoestratégicamente abandonar esta bendita isla que, como detallaré en próximas columnas de esta serie, ya es parte integral e inextricable de la política, la economía y la fibra social de la nación americana. Proponer votar por la colonia para matar un fantasma es absurdo.

Volviendo entonces al aspecto de estrategia electoral, debo recalcar que no ayuda a la victoria de la  estadidad plantear alternativas sobre cómo votar en la primera parte de la papeleta suponiendo que la estadidad va a perder frente a las otras fórmulas.  En Puerto Rico llamamos a esa actitud derrotismo.  Para nosotros, el derrotismo engendra precisamente eso, la derrota. Allá los independentistas y libre asociacionistas que planeen su estrategia pensando cómo van a reclamar, como siempre, que ganaron cuando pierdan.  Los Estadistas vamos a ganar y con ese convencimiento vamos a elaborar nuestra estrategia electoral.

Sin embargo, con el solo fin de redondear el argumento lógico, supongamos que gracias al voto de los estadistas gana el SI, y, veamos entonces las consecuencias de esa victoria suponiendo: primero, que la ESTADIDAD pierde; y, segundo, que gana.  Si para la desgracia de Puerto Rico, la ESTADIDAD perdiera y el SI ganara, todos los estadistas que hayan votado por el SI habrían perdido la oportunidad de rechazar la colonia y nos habrán condenado a soportar la colonia, no la independencia, por varias décadas.  Pedirle a un estadista que contribuya a que se perpetúe la colonia con su voto por el SI es absurdo. Más absurdo aún para un estadista es contribuir a que surja una situación en que gane la ESTADIDAD y el SI.  Aparte de que esos dos votos son contradictorios, una victoria del SI lo que lograría es invalidar la victoria de la estadidad dando efectivamente un voto por la colonia.  En ambos casos, gane o pierda la ESTADIDAD el referéndum, el voto por el SI es un voto por la colonia y es absurdo.

En suma, la lógica no falla, las especulaciones sobre escenarios fantásticos sí falla.  He demostrado con toda la exactitud que nos facilita la lógica que para un estadista no hay ninguna circunstancia real en la que le convenga votar SÍ; sólo es racional votar NO. Ha llegado el momento de dejar las especulaciones ociosas y movernos a la unidad que nos da la victoria tanto al NO a la colonia como a la ESTADIDAD en el próximo plebiscito.  Así invito a todos los estadistas a que lo hagan.

La realidad del “Ellos no nos quieren”

La realidad del “Ellos no nos quieren”

Por Raúl R. Vidal

Desde que tengo uso de razón, uno de los argumentos más utilizados por estadolibristas e independentistas es que aunque el pueblo quiera la unión con los Estados Unidos, “ellos” no nos quieren. Muchos de mis compañeros estadistas se han topado con este argumento. Sin duda alguna, se han sentido frustrados ante tal aseveración. Por su beneficio y el de todo aquel interesado, analizaremos el argumento. Éste se divide en tres partes: 1) La aceptación de los opositores de la estadidad de que el pueblo ya no está con ellos; 2) La presunción que nosotros somos diferentes a los llamados “ellos”; y 3) Que nuestros conciudadanos no nos quieren.

El creciente uso de este argumento es significativo, ya que indica que los enemigos de la estadidad han aceptado la opinión del puertorriqueño sobre el tema. Ningún otro movimiento político en Puerto Rico ha crecido tanto en tan poco tiempo. Cierto que no se ha certificado aún en un plebiscito federal o estatal, pero sin duda alguna, la proyección que lleva desde 1967 indica que la estadidad será la preferencia mayoritaria permanente. La oposición concede este punto al usar su argumento preferido – y aunque no lo admita, su argumento le traiciona.

La segunda premisa del argumento es la distinción entre nosotros y “ellos.” Ahora bien, ¿a quién se refieren al decir “ellos”? Claro, dirían, a los americanos, pero ¿a cuáles americanos se refieren? No es posible que se basen en ciudadanía, ya que nosotros, desde Luis Fortuño Burset hasta Filiberto Ojeda Ríos, somos ciudadanos Americanos. Hasta ese punto, el “ellos” no tiene mucho sentido. Tal vez se refieren a los ciudadanos que viven en los estados de la Unión. De referirse a éstos, estarían incluyendo a todos nuestros hermanos hispanos de la nación, esos 45.5 millones. Los hispanos componemos un 15% de la población (un 44% de la población de Nuevo México, y un 35% de la población en California y Tejas). Por definición, también incluyen a los más de 4.5 millones de puertorriqueños que viven en el resto de la nación. Dudo mucho que éstos estén en contra de nuestra estadidad de nosotros optar por ella, y mucho menos creo que esos 45.5 millones de hispanos se distingan tanto de nosotros como la oposición nos distingue de los misteriosos “ellos.” Siendo justos, tal vez la oposición se refiere a esos “anglos,” esos “blanquitos” del norte, pero hasta eso es insensato por dos razones. Primero, los ciudadanos de la mayoría racial no están en su mayoría en contra de nuestra estadidad (cosa en la que elaboraré más adelante). Segundo, ninguna medida en nuestra nación es decidida por un solo sector. Todas las medidas son discutidas y decididas por el entero de nuestra nación, esto incluye a todas las razas y todas las tradiciones culturales que habitan en el país. En fin, si bien es cierto que no podemos distinguirnos del resto de la ciudadanía, el “ellos” no existe. De hecho, al decir “ellos,” también nos estamos incluyendo.

La tercera premisa se basa en que, sea quien sea que tenga que tomar el último paso de nuestra estadidad, no nos querrá como estado. Esto no es cierto, y de hecho solo existe evidencia de lo contrario. Sería fácil descartar este argumento citando el abrumador apoyo – 185 coauspiciadores – que el más reciente proyecto de status (Puerto Rico Democracy Act ó HR 2499) disfruta en la Cámara de Representantes federal, pero prefiero indagar un poco más profundamente citando datos y experiencias que he tenido en la capital, Washington, DC.[1] Cuando el pueblo de Puerto Rico vote en su mayoría por la estadidad, el Congreso federal (quienes tal vez son los “ellos”) tendrá la responsabilidad de decidir el asunto a través de legislación. De inmediato, y sin contar doble, uno puede estar seguro del apoyo de todos los congresistas hispanos (25), más los congresistas no hispanos con distritos nutridos de hispanos (70), más los congresistas no-hispanos que han apoyado tradicionalmente nuestra integración (30), más sus aliados y miembros del Congreso que ya se han comprometido a respetar la decisión del pueblo (90), más uno que otro congresista en la periferia (20+/-), nos da un total de 235 +/-. Una pieza de legislación se aprueba con 218. En el Senado podríamos contar con alrededor de 55 votos al momento – teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en la Cámara baja.

Algunos dirían que estas son cifras altamente optimistas, pero al aplicar un carácter humano, uno se da cuenta de su veracidad. Por ejemplo, uno de los detractores más grandes del proyecto HR2499 es el Representante Broun de Georgia, aun así, el congresista ha dicho en el record que si un 56% del pueblo de Puerto Rico apoya la estadidad, el también la apoyará. Lo mismo han dicho varios otros congresistas con cuyo apoyo típicamente no contamos los estadistas. Es importante notar que la falta de apoyo por un referéndum que requiere mayoría simple, no es sinónimo a que no nos quieren como Estado. De la misma forma, ser republicano o conservador en los Estados Unidos no es sinónimo de ser anti-estadista – contrario al argumento de los independentistas y estadolibristas sobre los “ellos.” Como ejemplo, comparto esta anécdota: Durante una cena con el conocido congresista conservador, Joe Wilson – a quien recordarán por ser el congresista que le gritó al Presidente Obama “¡Mientes!” durante un discurso en el Congreso –, el representante compartió con todos en la mesa su adoración por Puerto Rico, añadiendo que no hay un ciudadano más americano que el puertorriqueño. No tengo que mencionar que el congresista Wilson es un fierro partidario de la estadidad. Lo mismo puedo decir de famosos líderes del movimiento conservador con quienes he podido compartir y, para incredulidad de los proponentes del “ellos,” reclutar para nuestra causa. Personalidades como el Gobernador Jeb Bush, Michael Steele (líder del Partido Republicano), David Keene (presidente de la Unión Conservadora), los congresistas Chris Smith, Dan Burton, Rob Bishop, John Mica, Mike Pence, Doc Hastings y muchos más.

Enumerando todos nuestros partidarios, me vuelvo a preguntar la validez del argumento colonialista – “ellos no nos quieren.” Si los “ellos” no puede ser el pueblo americano, ni puede ser el Congreso de los Estados Unidos, ni tampoco el movimiento conservador, ¿quiénes serán? Tal vez “ellos” son nada más y nada menos que los estadolibristas e independentistas que se oponen recalcitrantemente a la igualdad y pretenden arriesgar la permanencia de nuestra ciudadanía.

————————–

Raúl R. Vidal es el pasado Presidente del Puerto Rico Statehood Students Association y Co-Presidente de los Young Republican of Puerto Rico. PRSSA es una organización sin fines de lucro con la meta de adelantar el debate académico y político sobre la libre determinación de Puerto Rico al igual que su posible admisión como Estado de la Unión.

[1] Para el estudio formal, visite nuestra página Web, www.statehoodpr.org

"US Commonwealth of Puerto Rico"

Por Dr. Hernán Padilla

19 de Marzo de 2012

Aunque el nombre de “Estado Libre Asociado” es una contradicción política y jurídica, la Ley Pública 600, la Constitución de Puerto Rico y el “US Commonwealth of Puerto Rico” viabilizan la transición de Puerto Rico a la estadidad.

La Ley Pública 600, aprobada por el Congreso en 1950, autorizó a Puerto Rico a adoptar su propia Constitución para crear un gobierno que rigiera sobre cuestiones locales, al igual que las otras constituciones estatales

El entonces gobernador Luis Muñoz Marín, la Asamblea Constituyente, y el pueblo de Puerto Rico aceptaron las condiciones fundamentales impuestas por el Congreso: (1) que incluyese una carta de derechos; (2) que crease un gobierno de forma republicana; (3) que estuviese de acuerdo y sujeta a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos, y (4) que estuviese de acuerdo con la Ley Pública 600.

La intención primordial de estos requisitos es la de asemejar y hacer viable que todo territorio pueda ser un estado de la Unión en un futuro.

De tal forma, la constitución de un territorio puede permanecer vigente cuando sea admitido como un estado de la Unión, como sería en el caso de Puerto Rico.

Obviamente, la Constitución de Puerto Rico tenía que subordinarse a la Constitución nacional, ya que ésta prevalece y es de mayor rango que cualquier ley o constitución estatal o territorial.

De la misma manera, la Constitución de Puerto Rico cumple con el requisito de ser un territorio organizado políticamente como un estado para poder ser admitido a la Unión.

El Preámbulo de nuestra Constitución sostiene: “Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute colectivo de sus derechos y prerrogativas... la lealtad a los postulados de la Constitución federal... la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. Estos postulados son la base del camino hacia la estadidad.

No cabe duda, la Constitución que se aprobó en 1952 es la antesala a la estadidad. En esencia, la comunidad política creada por virtud de la Constitución de Puerto Rico es como un estado no admitido, pero en proceso de ser admitido.

En el 1901 la Corte Suprema de Estados Unidos creó la diferencia entre un “territorio incorporado” en vías de convertirse en estado y otro “no incorporado”, con otras opciones. En el 1922, en el histórico y famoso caso Balzac vs. Porto Rico, la Corte Suprema efectivamente “legisló” que Puerto Rico era un “territorio no incorporado” aunque sus residentes fueran nacionales y ciudadanos americanos”. Por suerte, parece que cuando el Congreso aprobó la Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico, tuvo el efecto revocar el caso Balzac “en silencio”.

A pesar de ese desatino jurídico-constitucional, parece que el proceso de Puerto Rico como territorio incorporado comenzó en 1917 a través de la concesión de la ciudadanía americana. Aunque no fue la intención del Congreso cambiar la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, sino meramente disponer sobre su gobierno interno, la Ley 600 y la Constitución del 1952 se convierten en la antesala del “territorio colonial incorporado”  en ruta a la estadidad.

De hecho, durante décadas nos han considerado como si fuéramos un estado llamado “the Commonwealth of Puerto Rico” y nos incluyen en muchos de los programas nacionales, como transportación, agricultura, justicia, ambiente, educación, vivienda, asistencia médica y asistencia nutricional, entre otros.

Por tanto, no podemos negar que la federalización de jure y de facto del “US Commonwealth of Puerto Rico” tratando a Puerto Rico como si fuera territorio nacional incorporado, es otro paso irreversible y el preludio político-jurídico a la estadidad.

La realidad lógica y simple del idioma oficial

Por: José F. Rovira- Ortíz

Ex- Presidente de PRSSA- UPR Río Piedras 

Estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara

15 de marzo de 2012

Recientemente se ha vuelto a mencionar el llamado “English Only” referente a la posibilidad de Puerto Rico convertirse el estado 51 de los Estados Unidos de América. Claro que no podía faltar el escándalo y bullicio que acompaña dicho comentario cada vez que es sonado en los medios, específicamente cuando proviene de un pre candidato a la presidencia, como lo es Rick Santorum. Este asunto a los propios estadistas se les ha salido de las manos. Esto ya que los líderes de dicho movimiento no han tenido la capacidad de aclarar el asunto de una vez y por todas. Pero esta situación se puede explicar de manera lógica y simple, utilizando como referencia hechos reales.

Primeramente, es de conocimiento general que en los Estados Unidos  no existe ley de idioma oficial.  El mismo periódico cibernético “The Blaze”,  que de hecho es conservador fundamentalista y apoya a Rick Santorum ha expresado este 15 de marzo de 2012 que el pre candidato se equivoca en sus comentarios hechos referentes a la estadidad para Puerto Rico al citar a Reuters en su segundo párrafo:

 “un planteamiento que pone en duda la constitución”, reportando que no se estipula que un estado debe oficialmente adoptar  el Ingles. “La Constitución de los Estados Unidos no  designa idioma oficial y no existe como requerimiento  que un territorio adopte el Ingles como lengua primaria para poder volverse un estado.”(http://www.theblaze.com/stories/constitutional-santorum-says-puerto-rico-must-adopt-english-to-become-u-s-state/)

Al esto no estar presente en la Constitución Federal, el asunto cae en manos del gobierno estatal. Tan es así que estados adoptan muchísimos idiomas oficiales, para proteger su cultura e identidad. Nuevo México y Alaska son ejemplos de estas situaciones. Al no estar en la constitución Federal, y por ende no ser requerido a los estados, debe aplicársele a todos por igual. Sería un trato desigual si solo se aplica a uno solo. Si hay algo que distingue la Constitución Federal es que protege y recae sobre todos los ciudadanos de los estados por igual. La Constitución Federal existe para que los ciudadanos americanos estén cubiertos por leyes y derechos básicos en cualquier estado o territorio que se encuentren. Por lo tanto un ciudadano de Nuevo México que visita a Puerto Rico estaría sujeto a esas leyes, por ende no haría sentido que por ley federal este ciudadano pueda hablar español en su estado y no en Puerto Rico. De surgir el caso de que a Puerto Rico se le obligue adoptar un solo idioma oficial como exigencia para convertirse en estado el deber está, nosotros los puertorriqueños tendríamos que acudir a la corte federal y buscar que ese trato desigual se invalide.

¿Y si el Congreso aprueba el English Only? Pues, el tiempo dirá, pero hay que tener en consideración el grupo minoritario que somos. Los latinos serán la minoría más grande para el 2025 por lo tanto no duden que estados “superconservadores” y con poca población hispana se preocupen por este hecho. Estamos hablando de gente que le teme al cambio, pero los cambios son inevitables. Una ley como la propuesta hace un tiempo por un congresista de Iowa donde la población latina no llega ni a 10% jamás será aprobada cuando existen estados con mucho mas poder político como Nueva York, California, Texas, Florida etc. Estos son estados, con poblaciones significativas de latinos que representan votos para sus políticos. Esa es la lógica simple del asunto y lo que los políticos de Puerto Rico no han podido llevar a los puertorriqueños. No tenemos porque caer en lenguajes de miedo, porque mientras reconozcamos nuestra importancia a nivel nacional no seremos tocados. Yo les apuesto que si mañana 100,000 latinos ciudadanos americanos se mudan a un distrito congresional representado por un exponente del “English Only” este retirara su apoyo en cuanto comience a perder en las encuestas.

Cabe aclarar que mi escrito no es uno que va en contra del idioma ingles, sino en contra de la idea del “English Only”. Como puertorriqueños buscando convertirnos en un estado  entendemos que si queremos formar parte de dicha unión debemos aprender a comunicarnos en ingles ya que en una corte federal o  sesión congresional ese es el idioma que te van a hablar. Por otra parte es imposible que dejemos de hablar español así porque si. Llevamos poco más de 500 años hablando español, aun más tiempo de lo que los 50 estados llevan hablando ingles. Estados Unidos con 114 años de presencia en la isla no ha podido imponerle dicha condición a un territorio sujeto a sus poderes plenarios, ¿como podrá hacerlo con un estado que posee voz y voto dentro de dicha unión? En Puerto Rico se debe fomentar la enseñanza de ambos idiomas y no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de enriquecimiento intelectual y social. Así que les digo: ¿Por qué creerle a Santorum? Este 18 de marzo demostremos como todos esos latinos en los 50 estados el poder que tenemos cuando se nos amenaza con trato desigual.

LOS JOVENES Y LA REVOLUCION DEL MACONDO BORICUA - PUBLICADO EL 22/10/11 EN EL PERIODICO EL VOCERO

Por Ema Marrero Negrón

El gobernador anuncio en estos días que se llevara a cabo un plebiscito en el 2012, lejos de analizar si es una idea absurda o genial, es lo que se necesita y lo hizo. Por lo que me corresponde hacer un llamado a mi generación. De antemano sé que no haría un llamado a los políticos que perpetúan la porquería de sistema político que ostenta este territorio estadunidense en el caribe. No se trata de hacer campanas político partidistas y “treparse” en la publicidad del proceso del plebiscito.

Sin embargo sé que precisamente es lo que harán muchos “líderes”, porque sencillamente no les interesa saber del macro y viven en un insularismo eterno, lacerando y corrompiendo el sistema con su falta de compromiso y conocimiento. En pleno siglo 21, con los adelantos tecnológicos y en medio de la globalización no necesitamos tomar armas y crear una guerra, suficiente con la de los narcos; pues tenemos derechos que fueron luchados y adquiridos, tenemos un sistema democrático que promueve la participacion. Hay desistir del papel de “pueblo borrego”. Es hora de una revolución intelectual de la juventud.

Usemos las herramientas pertinentes y digamos: “PRESENTE” en el proceso. A fin de cuentas los que están hoy en el poder, no son eternos y en algún momento le tocara a nuestra generación dirigir el país. Elijamos pues, cómo será el sistema político que nos tocara trabajar. Lo que tenemos hoy no se debe nombrar gobierno, es un círculo vicioso y pecaríamos por tener conocimiento y hacernos de la vista larga como las generaciones anteriores.

 Soy una joven como tú, cansada de la realidad de este 100x35 y lo peor de todo, COLONIZADA. Puede que el mensaje no sea diferente al de Albizu, Barbosa, Ferre, mi abuelo, tu papa, tu profesor universitario en fin, todo aquel ciudadano consciente de que necesitamos resolver la ecuación para poder obtener un mejor resultado. Mas no me quedare sentada en el falso “comfort” que me brinde un sillón, viendo como Puerto Rico se estanca en el dinamismo mundial y como los políticos que defienden el ELA deberían redactar libretos para películas de Disney. Somos una sociedad y es tarea de todos aportar al cambio. No es cuestión de seguir pronunciando discursos trillados, es cuestión de retarte a que tomes la iniciativa y participes del proceso para ponerle fin a la colonia.

De la única manera que se justifica tu inacción es que tienes miedo de trabajar por tu pueblo. Exijamos la Igualdad mediante la Estadidad o la Independencia, cualquiera que sea tu ideología anti colonial defiéndela y hazte sentir.

El Plebiscito: La gran oportunidad del 2012

Por José F. Rovira
Ex- Presidente PRSSA- UPR-RP
Despierta Estadista, Inc

En el 2012 se pronostica que se celebrara un plebiscito de status en la isla de Puerto Rico el primero desde el 1998. Esto no solo debemos verlo como el cumplimiento de una promesa de campaña debemos verlo como una gran oportunidad en donde se está en el momento adecuado. Todo parece caer al pie de la letra y hasta les diría que la oportunidad de celebrar este plebiscito lo mas tardar en el 2012 me recuerda un suceso parecido hace unas décadas donde 2 territorios se veían en la misma situación. Les hablo de Hawaii y Alaska. ¿Se preguntaran porque nuestra situación se parece a esta del pasado? Sencillo: no somos los únicos que probablemente celebremos un plebiscito de status en el 2012.

El territorio de Guam que en 1898 también se convirtió en posesión de los Estados Unidos como Puerto Rico tiene pautado decidir su futuro político en el 2012. Según encuestas llevadas a cabo por la Universidad de Guam el 57% de los nativos creen en la estadidad y el 76% en la ciudadanía americana, así que podríamos ya pronosticar el resultado de este proceso para Guam. Nosotros no nos quedamos atrás. En la última encuesta donde se pregunta a los puertorriqueños que opción favorecería los números son casi parecidos a esos en Guam. Podemos decir que para el 2012 los Estados Unidos se verá con la situación de tener que rechazar o aceptar como estado no a uno sino a dos de sus territorios. La historia parece repetirse nuevamente para la gran nación.

En los 40 ocurrieron tres cosas. Al igual que hoy la nación se encontraba en guerra, crisis económica y tanto Hawaii como Alaska llevaron a cabo plebiscitos en donde en ambos casos, como ya sabemos, prevaleció la Estadidad. No fue hasta el 1959 que el Congreso lo hizo oficial. ¿Por que tardaron tanto? Todo fue por un “issue” de poder en el Congreso. Hawaii era muy republicano para los demócratas y Alaska muy demócrata para los republicanos así que individualmente para estos territorios el asunto no iba a resolverse mientras ambos partidos temieran perder poder. La gran solución al problema fue sencilla. Se creó lo que llamaríamos un “package” en donde para balancear el poder se le otorgo simultáneamente la estadidad a ambos territorios.

Este debe ser el ejemplo a seguir tanto para Guam como Puerto Rico. Guam es considerado republicano y Puerto Rico en su mayoría demócrata y digo mayoría porque sabemos que en nuestra isla una buena cantidad de personas son conservadoras y estoy seguro votarían republicano. Además tengan presente que las raíces del PNP son republicanas. Tanto Fortuño, Jennifer, Aponte y Santini son republicanos. Dicho esto entiendo que podemos llevar al Congreso una oferta de estadidad balanceada al Congreso. 2 senadores para cada partido y de 6 congresistas me atrevo a decir que serán 3 para cada uno además de se le dará la oportunidad a unos 3.9 millones de ciudadanos americanos entre ambos territorios a poder acabar con el coloniaje y disfrutar de su ciudadanía plena. Por eso le sugiero al gobierno de Puerto Rico que decida la fecha para el plebiscito lo más pronto posible y que dentro de dicha propuesta extendamos una mano aliada al territorio de Guam para que juntos luchemos por lo que ambos queremos: Dignidad e igualdad.

Luis Fortuño

Por Lincoln Díaz-Balart

Diario Las Americas

Publicado el 07-29-2011

El Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, está dando múltiples ejemplos de brillantez, carácter, y extraordinaria imaginación en su trayectoria como el más importante líder político de la isla del encanto, y uno de los más impresionantes líderes hispanos de Estados Unidos.

Las circunstancias que confrontaron a Fortuño cuando asumió la posición de Gobernador no pudieron haber sido más difíciles. Ninguna jurisdicción de Estados Unidos tenía un déficit presupuestario mayor como porcentaje de sus ingresos. En dos años, Fortuño logró reducir el déficit por un 81 por ciento y está en un claro camino a equilibrar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Por primera vez en unos 30 años, las agencias de clasificación crediticia han incrementado la calidad de la deuda de Puerto Rico (Standard and Poors, por ejemplo, ha subido la clasificación de Puerto Rico de BBB- a BBB).

Fortuño ha reducido los impuestos para todos los puertorriqueños. Iniciativas de Fortuño para la venta y la construcción de viviendas también han sido verdaderamente extraordinarias. Fortuño redujo los impuestos para los compradores, los vendedores y los inversionistas en el sector inmobiliario, y eliminó los impuestos por 10 años sobre los ingresos relacionados a propiedades inmobiliarias. Durante los primeros 10 meses del programa, las ventas de viviendas nuevas subieron en un 90 por ciento y de viviendas existentes en un 20 por ciento.

El Gobernador Fortuño ha implementado un programa innovador de sociedades entre el gobierno y la libre empresa para la construcción y renovación de la infraestructura de Puerto Rico (Public-Private Partnerships, o PPPs). El mes pasado, por ejemplo, Puerto Rico anunció que casi 1500 millones de dólares han sido invertidos en proyectos privados de infraestructura solo en este año, una de las mayores cantidades de inversión en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Una "PPP" está invirtiendo casi $800 millones para modernizar 95 escuelas y construir 5 nuevas escuelas. Otra "PPP" modernizará el aeropuerto principal de la isla. Se proyecta que estos proyectos crearán casi 30,000 nuevos empleos.

No ha sido fácil la labor de Luis Fortuño. Los gobiernos anteriores habían dejado a Puerto Rico prácticamente en la bancarrota y, además, se habían acostumbrado a incrementar los impuestos continuamente para pagar sus cuentas, convirtiendo a Puerto Rico en una económica casi inviable e imposible de competir internacionalmente. El proceso para abrir una nueva empresa en Puerto Rico era difícil y costoso. El Gobernador Fortuño simplificó ese proceso dramáticamente. En vez de tener que obtener casi 30 permisos, en múltiples sitios, Fortuño ha reducido el proceso a una oficina, un sitio, para la obtención de todos los permisos necesarios para abrir una nueva empresa en Puerto Rico. Esa importante reforma, en mi opinión, será fundamental para la creación de cientos de miles de nuevos puestos de trabajo en el futuro para el pueblo puertorriqueño.

A mí no me ha sorprendido la brillantez y la capacidad de decisión de Luis Fortuño como Gobernador de Puerto Rico. Lo conozco desde hace muchos años. Fuimos colegas en el Congreso federal de Estados Unidos. Más que un Gobernador, Luis Fortuño es un verdadero Estadista. Lo felicito de todo corazón por sus éxitos, por su coraje, y su visión.

http://www.diariolasamericas.com/noticia/125520/contentinfusion_lis.php

Constitución, territorio/colonia o estadidad

POR: HERNÁN PADILLA

Hoy, 25 de julio, día de la Constitución de Puerto Rico, celebramos 113 años del inicio de la ocupación militar de Puerto Rico como colonia antillana de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Ley 600 autorizó a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para administrar asuntos locales. La historia legislativa reitera y el propio Muñoz Marín aceptó públicamente que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe.

Resulta oportuno señalar que la Constitución de Puerto Rico sostiene que:

“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

Como en otros capítulos en la historia de la humanidad, el contacto de la cultura anglosajona americana y la colonial española-puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña.

Procede reflexionar sobre el experimento político y traer un poco de historia a un pueblo que clama por que le pongan fin al status colonial y le abran las puertas a la igualdad dentro de la federación de estados de la nación americana o que le den la independencia para forjar su propio futuro.

Theodore Roosevelt, hijo del presidente Teddy Roosevelt, luego de finalizar su término como gobernador de Puerto Rico en el 1932, publicó su libro “Colonial Policies of the United States” (Archivo Nacional de los Estados Unidos, 1937 #E-713-R-66). Roosevelt se interesó en el concepto de Puerto Rico como un “dominio” con gobierno propio en el futuro. Pronosticó que la Isla tendría su propia Constitución para administrar los asuntos locales en el futuro.

El ex gobernador Roosevelt dijo que el sueño imperialista del 1898 había probado ser irrealizable y reconoce que una “democracia como la de Estados Unidos” no puede administrar un imperio-colonial. Sentenció que la administración colonial en Puerto Rico chocaba contra las tradiciones democráticas americanas y su pragmatismo gubernamental lo convenció que Puerto Rico era y siempre sería una carga económica para los Estados Unidos.

La Constitución para un gobierno propio colonial del 1952 es un instrumento político que en nada cambia el status territorial y cuyo nombre de Estado Libre Asociado solo tenía el propósito de engañar a la población insular y la opinión internacional. La intención era hacer creer que la Isla no era una colonia dentro del marco jurídico constitucional y el Artículo 3, que reglamenta los territorios y posesiones americanas en ultramar.

Ese fue el gran mito político-jurídico producto de mentes brillantes como el juez del Supremo Abe Fortas, el gobernador Tugwell y José Trías Monje, defendido y difundido por Luis Muñoz Marín, el gran maestro político. Muñoz reconoció que Puerto Rico era una colonia americana bajo la tutela exclusiva del Congreso de los Estados Unidos de América.

Los populares inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral, un pacto que nunca existió. Ahora quieren presentar la colonia como un territorio autónomo y soberano, un concepto jurídico ajeno a la Constitución americana.

El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico.

Tampoco podemos ignorar que la Tercera Sección del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión.

La Constitución nos garantiza el derecho a exigir al Congreso que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico.

Cuando la mayoría de los puertorriqueños se exprese en contra de la colonia, en contra de una república independiente y a favor de la estadidad convocaremos la Asamblea Constituyente para redactar la Constitución del Estado de Puerto Rico.

LAS 7 MENTIRAS DE ALEJANDRO GARCÍA PADILLA

SAN JUAN, PR: La Asociación de Estudiantes Estadistas de Puerto Rico (PRSSA por sus siglas en Inglés) anunció una nueva campaña de educación llamada “Las 7 Mentiras del Estado Libre Asociado” en respuesta a los alegados principios mencionados por el candidato del Partido Popular Democrático a la gobernación Alejandro García Padilla sobre el Estado Libre Asociado.

En la convención del PPD, García expuso 7 mentiras disfrazadas como principios. “Es un insulto a la inteligencia del pueblo, que entiende en su mayoría la situación territorial y la importancia de atenderla,” expresó Eduardo Soto, Presidente de PRSSA. “Cada principio es un intento más del PPD por engañar al pueblo de Puerto Rico en el asunto del status.”

“Una vez mas, Alejandro García Padilla niega la condición territorial de Puerto Rico, cuando hace unas semanas admitió que somos una colonia en televisión nacional. El pueblo merece la verdad, por lo que nos damos a la tarea de desmentir al PPD” indicó William-José Vélez, Vicepresidente Ejecutivo de la organización.

Los estudiantes añadieron que la campaña estará basada en las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube así como MyStatehoodPR. “Estaremos publicando los datos que demuestran la realidad del ELA, comprobando como falsos a cada uno de los 7 mitos que el PPD promueve” indicaron los directivos de la asociación estudiantil. La campaña estará disponible en el portal de PRSSA accediendo a  www.statehoodpr.org/7mentiras.

PRSSA es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la discusión sobre la libre determinación de Puerto Rico en mayores foros y representar a estudiantes estadistas en los Estados Unidos continentales y Puerto Rico.

"ELA Territorial"

Por Rep. José Aponte Hernández, Ex- Presidente de la Cámara

¿Y cuál es el ELA que Ferrer defenderá? “El Estado Libre Asociado que cuando usted salga a la número tres y puede doblar a San Juan, cuando mire al frente, al lado va a ver carreteras, puentes, escuelas, todo lo que se construye en este país porque todo lo que está construido está construido bajo el Estado Libre Asociado, no la estadidad ni la independencia”, contestó Ferrer.

O sea, es el ELA Territorial (sujeto a la Claúsula Territorial del Congreso) que AGP aceptó en enttrevista que somos.

O sea, es el ELA Territorial bajo el cual RHC dijo lo siguiente: Democracia: "Dada nuestra extrana relacion con los Estados Unidos, Puerto Rico no tiene ninguna participacion en preparar las leyes que nos rigen. La falta de legitimidad democratica en la aplicacion de esas leyes es un problema basico de la estructura politica del Estado Libre Asociado, de lo cual hemos estado conciente desde 1952." Definicion segun Rafael Hernandez Colon; San Juan Star, Sunday 26 Feb 1989.

O sea, que se volvió a destapar la verdad: Ellos, los "líderes" del PPD no quieren ni van a hacer nada por resolver la condición colonial que reconocen vivimos desde el mismo comienzo. Está en nuestras manos resolverlo...

"La IGUALDAD requiere Acción".

Verdadero Estatus de Puerto Rico - Parte 1

Por Mario Porrata Colón

Se le llama Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico. Su contenido está en el Código de Leyes de los Estados Unidos, Título 48, que trata sobre los territorios y áreas insulares; Capítulo 4, que trata sobre Puerto Rico. Su primera sección, 731, lee como sigue:

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a la Isla de Puerto Rico e islas adyacentes pertenecientes a los Estados Unidos, y a las aguas de esas islas; y el nombre de Puerto Rico, usado en esta Ley, se entenderá que incluye no sólo a la isla de este nombre sino también a todas las islas adyacentes, como queda dicho.

La Ley de Relaciones Federales es una del Congreso de los Estados Unidos, que hasta el 1952 se llamaba la Ley Jones de 1917. Esta ley incluye aspectos importantes en la vida de los Puertorriqueños, como lo es la facultad del Congreso para legislar a favor del Pueblo de Puerto Rico, la extensión de la ciudadanía de los Estados Unidos en el 1917, la extensión de la Constitución federal en el 1947 y la creación de una constitución local para el manejo de asuntos internos de Puerto Rico, lo que permitió crear un “commonwealth” al ser adoptada dicha Constitución del Pueblo de Puerto Rico.

Primer Axioma: El alcance de la Ley de Relaciones Federales en Puerto Rico es total, por lo que ha sido y es el verdadero y único ordenamiento (estatus) político del Pueblo de Puerto Rico bajo leyes federales y locales.

Aprovechando al máximo los fondos federales

Por Pedro Pierluisi
Comisionado Residente en Washington D.C.
Publicado en El Vocero, pág. 29

Los fondos federales son de gran importancia para Puerto Rico. El impacto de la ayuda federal se deja sentir a todo nivel socio-económico. En nuestra isla, la educación, la salud, la seguridad pública, la infraestructura, los servicios de ayuda social y los municipios dependen en gran medida de las aportaciones del gobierno federal, las cuales sumarán casi $6 mil millones en el presente año fiscal.

Por otro lado, las asignaciones congresionales y las subvenciones competitivas son otra fuente de financiamiento para múltiples servicios esenciales a nuestro pueblo. Asimismo, los pagos a beneficiarios del Seguro Social, pensionados y veteranos representan un gran monto de dinero que fluye por nuestra economía.

En los pasados dos años el gobierno federal ha desembolsado miles de millones en fondos adicionales como producto de la ley ARRA. Estos fondos, que han impactado todas las áreas de nuestra economía y alcanzarán $7 mil millones, han ayudado a estabilizar las finanzas del gobierno y a crear o preservar empleos en el gobierno y el sector privado. De igual forma, la Reforma de Salud federal estará triplicando los fondos que recibe el Gobierno de Puerto Rico para los servicios de salud pública en los próximos ocho años.

A pesar de estos aumentos, desde que comenzó el Congreso 112 se han realizado cambios que impactan la forma en que se pueden conseguir fondos federales adicionales para el gobierno, los municipios y las instituciones sin fines de lucro. Anteriormente, los comités de asignaciones de la Cámara de Representantes federal podían asignar fondos para proyectos específicos, pero ahora la mayoría republicana no lo permite. Esto limita las oportunidades para conseguir fondos fuera del proceso regular de las asignaciones congresionales.

Más aún, la crisis fiscal que enfrenta el gobierno de los Estados Unidos va a causar recortes significativos en los fondos discrecionales disponibles para todos los estados y territorios. No hay duda de que estos recortes tendrán un efecto en las asignaciones que recibirá Puerto Rico, por lo que se torna muy importante mejorar nuestra habilidad de presentar propuestas para obtener fondos a través de todos los programas existentes del gobierno federal.

El Informe de Casa Blanca encontró que Puerto Rico padece de falta de capacidad en la redacción y elaboración de propuestas para solicitar fondos de programas competitivos en las agencias federales. Mi oficina ha podido constatar esto, ya que existen múltiples oportunidades de subvenciones federales a las cuales no estamos solicitando o estamos solicitando sin éxito. El gobierno federal ha prometido su ayuda técnica para asistir a nuestras agencias, municipios y entidades sin fines de lucro en la búsqueda de mayores recursos. Es imprescindible que aprovechemos esta asistencia para que podamos recibir todos los fondos que estén a nuestro alcance en beneficio de nuestra gente.

Esto implica asegurarse de que las personas responsables de llevar a cabo estas tareas de redacción de propuestas y de búsqueda de fuentes alternas de financiamiento en la esfera federal estén debidamente adiestradas. Deben aprovechar todos los foros de orientación que ofrecen las agencias federales en Puerto Rico, al igual que los entrenamientos que realiza la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, PRFAA por sus siglas en inglés. A esos fines, PRFAA y mi oficina han estado aunando esfuerzos para enviarle notificaciones bimensuales a los municipios de las oportunidades de subvenciones disponibles por medio del Boletín Informativo "Desde Washington". Al mismo tiempo, me propongo recomendar una iniciativa de cooperación entre mi oficina, PRFAA, OCAM, la Federación de Municipios, la Asociación de Alcaldes y las principales instituciones universitarias en la isla para formular estrategias en común a la hora de redactar propuestas, desarrollar programas elegibles y establecer consorcios para aumentar la probabilidad de conseguir subvenciones.

También reconozco que la información sobre los programas competitivos disponibles es difícil de encontrar y de entender debido a que cada agencia federal tiene un formato diferente. Muchas veces no está claro qué programas están disponibles, quién es elegible para solicitar y cuáles son los requisitos mínimos. Por tanto, he radicado un proyecto de ley para exigir que el listado de oportunidades de subvenciones federales sea más sencillo de entender y más accesible para el público. La legislación requerirá que cada agencia le someta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal un informe de pronóstico sobre las propuestas de subvenciones que espera presentar en el próximo año fiscal. Esa oficina entonces estaría obligada a expedir un formato estándar para que todos los anuncios de propuestas sean uniformes.

Esta iniciativa, junto a múltiples otras realizadas por mi oficina, son parte de mis esfuerzos para apoyar toda gestión gubernamental o privada que busque atender las necesidades de nuestro pueblo. No estamos hablando de mendigar o pedir limosnas, sino de aprovechar al máximo todos los fondos federales a los que tenemos derecho como ciudadanos americanos.

Cruda realidad fiscal colonial

Por Hernán Padilla

El Presupuesto para el año fiscal 2011-12 nos brinda la oportunidad de entender cuán limitados son los recursos de fondos locales para atender las necesidades y las aspiraciones del pueblo puertorriqueño. La situación fiscal es más compleja de lo que se percibe.

El Fondo General recibe $8,650 millones de contribuyentes y negocios en la Isla. De ese total, la contribución sobre ingresos de individuos ascendió a $2.574 millones, solo el 25% de todos los ingresos recibidos.

Ante esa realidad, necesitamos considerar el impacto de los fondos y los programas federales sobre la economía en Puerto Rico.

Los fondos para servicios sociales, protección de la familia y servicios a la niñez merecen escrutinio. La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia recibe $2,090,687,000 en fondos federales, lo que representa el 95.5% de su presupuesto. Sin esa ayuda federal no se recibirían $2,091 millones para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), $87 millones para ayuda temporal para familias necesitadas ni $5.6 millones para la rehabilitación económica de la familia.

Para describir cuán dependientes somos de los contribuyentes del norte, basta con señalar que la Administración de Familias y Niños recibe $54 millones para servicios del bienestar de los niños y el 95.2% del presupuesto de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), $184.5 millones provienen de fondos federales. La Administración para el Sustento de Menores, depende de $41 millones de fondos federales, 74% de su presupuesto total.

Los servicios de salud no se quedan atrás. La Administración de Servicios de Salud recibe $993 millones de Medicaid y Título XIX para los programas de asistencia médica; la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) recibe $35 millones; y el Departamento de Salud $476 millones. Educación va por el mismo camino. El 81% del presupuesto de la Administración de Rehabilitación Vocacional proviene de fondos federales ($72.7 millones), los servicios del Departamento de Educación dependen de $1,404 millones federales y la UPR recibe $305 millones en ayuda federal.

Sin hacer un desglose, es obvio que el gobierno federal subsidia la sociedad puertorriqueña mediante más de 300 programas federales. Los subsidios y donaciones han sido muy buenos para Puerto Rico, especialmente para los ciudadanos más necesitados. Hemos dado la lucha para que nos traten en condición de igualdad con los otros ciudadanos de los Estados Unidos. La realidad es que los contribuyentes de los cincuenta estados subsidian nuestra economía, la infraestructura y la función gubernamental.

Las transferencias federales suman más de $21,000 millones al año, incluyendo $7,500 millones de subsidios al Gobierno central para brindar servicios esenciales a toda la ciudadanía; $4,412 millones en otros pagos directos a los individuos y $1,176 millones en pagos de salarios y contratos de las agencias federales en Puerto Rico. Como ciudadanos americanos, pagamos $3,557 millones anualmente por contribuciones para la red de seguridad social, Seguro Social, Medicare y Seguro por Desempleo al gobierno federal. A cambio, recibimos $7,700 millones en beneficios de seguro social, retiro e incapacidad.

A pesar de las masivas ayudas y transferencias federales, las cifras de abril del 2011 del Departamento del Trabajo confirman que de una población no-institucional de 3,139,000 solo 1,266,000 personas buscan empleo y solo 1,061,000 estaban empleados.

Para complicar más la situación económica, la crisis fiscal que afecta a los Estados Unidos obligará al Congreso a tomar medidas que pueden tener un impacto negativo sobre los fondos federales destinados a Puerto Rico. La ayuda unilateral no va a durar para siempre. Tenemos que cambiar la dirección de nuestra economía. Es necesario buscar nuevas estrategias políticas, fiscales y económicas.

El experimento político y modelo colonial del ELA ha sido un fracaso económico. Urge resolver el estatus de Puerto Rico.

El ELA No Tiene Zapata Jurídica

Por Hernan Padilla, MD.

El Informe aprobado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso sobre el status de Puerto Rico llega a la conclusión inescapable, el ELA carece de zapata jurídica constitucional. Así lo entiende el Congresista Serrano, puertorriqueño serio y valiente.

Aquellos que creen en la mentira del “pacto bilateral”, entiendan que un plebiscito ordenado por el Congreso seria regido por las Leyes Federales. Los Tribunales Federales tendrán jurisdicción exclusiva para resolver controversias. Cual “pacto bilateral”?

La Constitución de Los Estados Unidos define solo cuatro formas de status políticos: Estados, el Distrito Federal, las Tribus Indígenas, y los Territorios.

La Cláusula Territorial cede al Congreso el poder de gobernar los territorios, como Puerto Rico, en asuntos locales y Nacionales. El Tribunal Supremo decidió que los Estados Unidos pueden ejercer soberanía y gobernar los territorios no incorporados, como Puerto Rico. Los derechos Constitucionales no aplican automáticamente a los Territorios.

La Ciudadanía Americana, que apreciamos los puertorriqueños, la concedió el Congreso mediante una ley, no la Constitución. La Ciudadanía Americana la cobija la “soberanía” del la Nación Americana.

La Ley 600 autorizo a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La relación Territorial continua bajo el “Puerto Rican Federal Relations Act”. El alegado “pacto” nunca existió.

Muñoz Marín acepto públicamente que la Ley 600 no elimino el poder plenario y exclusivo del Congreso sobre Puerto Rico. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El Congreso administra la Cláusula Territorial y provee las condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado.
La Constitución de Puerto Rico no define un cambio político. Las Leyes del 1950 y 1952 no autorizaron “libre asociación” con los Estados Unidos. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico. Esta es la cruda realidad de la colonia.

El “Commonwealth” no es un “status político y no implica un status diferente. Puerto Rico es un Territorio; no es una Nación soberana en libre asociación con los Estados Unidos. Esta es la gran mentira. Su nombre es ELA, su apellido colonia.

El Tribunal Supremo Federal dictamino que la Cláusula Territorial opera en PR. El Congreso tiene el poder para aprobar todas las reglas y reglamentos sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en Puerto Rico (Rodríguez vs. PPD, 1982).

La nueva propuesta del ELA culminado contiene principios que fueron “rechazados” y no aceptables para al Congreso.

La Administración del Presidente Clinton determino que la propuesta del PPD de un ELA culminado (Enhanced Commonwealth) viola la Constitución y no es aceptable. La propuesta de “consentimiento mutuo” (pacto bilateral) no es aceptable. El Congreso no puede obligar a futuros Congresos. La soberanía que ellos reclaman convertiría a Puerto Rico en una Nación Independiente. La Nación de Puerto Rico no puede ser parte de los Estados Unidos.

Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano.

Un futuro plebiscito o Convención Constituyente solo puede considerar y escoger entre Independencia, Estadidad, y una Nación Independiente asociada con los Estados Unidos. En otras palabras, Puerto Rico tiene que pedir la Independencia y luego solicitar un acuerdo con los Estados Unidos. Acuerdo que es revocable unilateralmente.

Amigo lector, la Republica Asociada es una de las únicas tres alternativas aceptables bajo la Constitución Americana y el derecho Internacional. Puerto Rico solo puede considerar un status que sea compatible con la Constitución, las leyes básicas y la política publica de los Estados Unidos.
El ELA Culminado (enhanced Commonwealth) no es un status viable y no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia.

Bajo la “soberanía” que reclaman los lideres de la colonia, crearían una Nación Independiente sin votar por la independencia, y asociarla a Estados Unidos antes de ser una Republica, como en “Republica Asociada”. Las nuevas generaciones no serian Ciudadanos Americanos.

El ELA no tiene zapata. No existen cimientos para sostenerla. La solución final es inaplazable. El Congreso Americano tiene que actuar AHORA.

Un análisis económico impactante

Por Kenneth D. McClintock Hernández
Secretario de Estado de Puerto Rico

Durante los pasados 40 años, desde que tenía 13 años de edad, he participado en literalmente centenares de foros y conferencias relacionados con el status politico de Puerto Rico, inicialmente como miembro de la audiencia y, en la mayor parte de las ocasiones, como orador o panelista. En la mayor parte de las ocasiones, el contenido es repetitivo o una versión mejorada de esencialmente la misma información o argumentación. La ponencia del doctor Carlos Colón De Armas, “The Economic Aspects of the Political Status of Puerto Rico and other Fallacies”, como panelista junto a mí y otros en un evento en el Congreso auspiciado por el Center for Puerto Rican Equality Advancement (CPREA) fue la excepción a la regla, al presentar datos y análisis que nunca había visto antes.

Aunque la discusión de aspectos económicos tiende a ser árida, compleja y complicada, el profesor Colón De Armas presentó un análisis novel que resultó entendible a más de un centenar de asesores congresionales, puertorriqueños residentes en la Capital federal y otras personas interesadas en el status de Puerto Rico que asistieron al foro.

El análisis prueba, sin lugar a dudas que la Sección 936, lejos de ayudar a Puerto Rico, le hizo un daño severo a nuestra economía que ha frenado el crecimiento económico desde entonces.

Como sabemos, la sección 936 del Código de Rentas Internas federal fue legislada en 1976 para proveer un extraordinario trato contributivo a las ganancias de corporaciones que tenían operaciones de manufactura en Puerto Rico.

Cuando se legisló en 1996 para su gradual eliminación entre 1996 y 2005, el entonces gobernador Pedro Rosselló, el Comisionado Residente y ex-gobernador Carlos Romero Barceló y el Partido Nuevo Progresista fueron acusados de destruir el futuro económico de Puerto Rico por provocar o permitir la eliminación de la Sección 936.

El 3 de mayo, en la Capital federal, el doctor Colón De Armas, con hechos y datos irrefutables probó lo contrario.

PIB/GDP versus PNB/GNP

En español, el Gross Domestic Product (GDP) se traduce a Producto Interno Bruto (PIB) mientras que el Gross National Product (GNP) se traduce a Producto Nacional Bruto (PNB) (no teniendo la palabra “nacional” nada que ver con el status político).

A continuación las definiciones:

Ü El PIB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos y vendidos dentro de las fronteras de un país durante un período de tiempo dado.

Ü El PNB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos y vendidos por los residentes de un país durante un período de tiempo dado, independientemente de dónde ocurrió la producción.

En otras palabras, el PIB tiene un enfoque geográfico (lo que se produce dentro de las fronteras) y el PNB tiene un enfoque de domicilio (lo que producen los residentes permanentes del país). En Puerto Rico, la gran diferencia es que en el PIB/GDP se incluye lo que producían las llamadas empresas 936, pero en el PNB/GNP no.

Seis años antes de aprobarse la Sección 936, el producto nacional (en este caso “nacional” no tiene nada que ver con el status politico) bruto (PNB/GNP) de Puerto Rico era un saludable 93% del producto interno bruto (PIB/GDP). O sea, el GNP y el GDP de Puerto Rico estaban casi a la par.

Tan pronto se aprobó la Sección 936, el pequeño diferencial de 7% entre uno y otro se fue separando y para el 2010, la diferencia entre el PNB/GNP y el PIB/GDP se había deteriorado de 7% a 35% de diferencia. O sea, se quintuplicó en 40 años. En términos económicos, eso es terrible.

Visto de otra manera, en las tres décadas antes de aprobarse la sección 936, la relación entre el GNP y el GDP fue de 104%, 99% y 93%, un promedio de 99%. Durante las tres décadas siguientes, fue de 76%, 70% y 67%, un promedio de 71%. Noventinueve por ciento versus setentiun porciento, un deterioro de casi 30% entre las 3 décadas antes y las 3 décadas después de aprobarse la Sección 936.

La economía puertorriqueña comenzó a desplomarse con la estrategia económica equivocada de la Sección 936.

¿Creció la economía con la 936?

Numéricamente, nuestro producto bruto nacional per cápita (por persona) creció dramáticamente entre 1970 y el 2010, de $1,729 a $15,930. “¡Wow!”, podría ser la reacción inicial natural. Esa sería la respuesta natural y superficial que promueven los partidarios del status politico actual.

PERO… en 1970 el GNP per cápita para todos los estados de EE.UU. era de tan solo $5,094 y creció a $47,883 en el 2010. En otras palabras, nuestro GNP por persona era un 33.9% del nacional en 1970 ($1,729 aquí versus $5,094 allá) y en el 2010 era un 33.3% del nacional ($15,930 aquí versus $47,883 allá). La Sección 936 que estuvo vigente durante 30 de esos 40 años no hizo absolutamente nada para cerrar la brecha económica entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos.

El crecimiento económico y la Sección 936

Entre 1948 y 1979, el crecimiento económico promedio del producto bruto nacional de Puerto Rico fue de casi 6% anual.

Tan pronto se aprobó la Sección 936 a finales de 1976 se notó una diferencia, pero fue una diferencia desastrosa. De 1980 al 2010, el crecimiento anual bajó de casi 6% a apenas 1.5% anual. O sea, bajo tres cuartas partes, ya que 1.5% es una cuarta parte de 6%.

“¡Ah, pero el crecimiento de la economía de los Estados Unidos también bajó!” podrían argumentar los partidarios de la colonia.

Es cierto, la economía nacional también bajó, de 3.84% a 2.68%, una reducción de 30 por ciento. Pero una reducción de 30% es mucho menos que una reducción de casi 75%.

Mientras la economía puertorriqueña creció más aceleradamente que la estadounidense en los 30 años antes de entrar en vigor la Sección 936 (5.56% versus 3.84%), fue la economía estadounidense la que creció más aceleradamente que la puertorriqueña durante los 30 años después de aprobarse la Sección 936 (3.68% vs. 1.52%). La Sección 936 frenó el crecimiento económico de Puerto Rico.

¿Puede Puerto Rico cerrar la brecha?

Si Puerto Rico pudiera reestablecer una tasa de crecimiento mayor a la tasa de crecimiento económico del resto de la nación, podemos establecernos como meta igualar el Producto Nacional Bruto (PNB/GNP) per cápita al PNB/GNP per cápita de todos los Estados Unidos.

Por ejemplo, si nuestra tasa de crecimiento fuera de 1.7 puntos porcentuales mayor a la nacional, como lo fue por 30 años hasta que fue alterada por la imposición de la Sección 936, la economía boricua alcanzaría, proporcional a su población, por supuesto, a la estadounidense, en unos 65 años.

Sin embargo, al paso que vamos bajo la relación política actual, en vez de cerrarse la brecha, la economía puertorriqueña se estará alejando más a la de los Estados Unidos.

* * * * * * * * * * * * *

Todos los que creemos en la descolonización debemos agradecer a la CPREA y su presidente, Rafael Rodríguez, el auspicio de paneles como el celebrado en el Congreso el 3 de mayo que, lejos de convertirse en un repetitivo chijí-chijá, ofrece información, data y argumentación de gran valor para Puerto Rico. - KDM

A Short Analytic Overview of the United States And Its Colonies With Special Reference on Puerto Rico

By: Julio Figueroa Nuñez, student of PUCPR Law School and member of PRSSA.

Abstract:

In the following comparative analysis I attempt to show how colonialism skews the semblances of democracy in the United States. When the relationship between the United States and its colonies is considered, the United States’ democratic institutions significantly break down both in meaning and in practical character. Because the colonial subjects lack the basic democratic principles the US promotes throughout the world, understanding colonialism is important if we are to be successful in advancing democracy and other US interests.

Since the United States and its colonies are not considered politically separate countries within a ‘region’ as the “Comparative Political Analysis” question requests, their political and economic “separate and not all-together equal” relationship warrants the omission of a regional comparative analysis in favor of a colonial one.

______________________________________


During the 20th Century, the United States established international institutions designed to serve its interests long after its global prominence is faded. From time to time, powerful nation members of international institutions such as the WTO, World Bank, IMF, NATO, and the UN among others, have used them to promote a particular ideology in the world. From investment and monetary relief to peace-keeping and war, advocates seeking political or economic intervention through international institutions seem to always manage to insert the word democracy and freedom in their pleas. Unfortunately, many countries advocating international intervention on political and economic matters, whether of global benefit or not, have at some point sidestepped essential democratic tenets. Seduced by the advent of territorial and economic expansion, many democracies abandon the principles which they once genuinely stood by and defended.

When the United States expanded its political dominion and territory in acquiring colonial possessions, democratic representation was not extended to their colonial subjects. Thus American imperialism did not spread and strengthen democracy as some wanted to believe; on the contrary, expansion deteriorated the democratic institutions of the United States and limited the freedoms of the new subjects. Hence, one is compelled to ask how can one country declare preeminent war with others on the grounds (among several) to establish for them the freedoms provided by democratic regimes when it deprives those same privileges and rights to its own citizens in its colonies?

To show the moral, political and legal challenges colonial possessions represent to our democratic institutions I will explore the relationship between the United States and its colonies. Several factors in the relationship I will analyze are: the implications of the US colonial relationship with its territories; colonial representation; and culture.

1. Understanding Colonialism

Colonialism is a methodological system of oppression superimposed on the less powerful, historically rationalized by benevolent and patronizing claims of one group of people over another. A showcase of the once rampant pro-colonial fervor that engulfed many Europeans after the “discovery” is exemplified by Jules Harmand, a French proponent of colonialism, when he declared, “The basic legitimation of conquest over native peoples is the conviction of our superiority, not merely our mechanical, economic, and military superiority, but our moral superiority,” (Said, 1993, p. 17). The imperialist fervor was also present in the United States as well. The difference was the hesitation that expansion beyond our continental borders would lead to implications far more costly than their worth. I believe the implications of imperial expansion and how it has atrophied the development of many nations will clearly show why understanding colonialism is still relevant and ought to be important to political scientists.

Traditionally, the United States has invoked democratic principles such as liberty and civil rights around the world as the best possible form of government despite denying those rights to its colonial subjects. Hence, the claim of being the great global proponent of democracy has not always been genuine or true. Our interest in advancing democracy becomes more difficult when we have to account for, for example, our interventions in foreign soils where we have often deposed democratically elected leaders in favor of totalitarian ones. Contradictions such as these show how the pursuit of US global interests and the promotion of democracy would be a hard sell to some. As long as democracy is used as a tool to conquer and oppress peoples and not the tool that can liberate them, US interests will always be more difficult to achieve.

Consider that in 1800 the West claimed to have 55 percent of the world’s territory when in actuality their borders only held about 35 percent in real terms, (Said, 1993, p. 8). The percentage claimed would later grow to 85 percent by 1914 with European claims alone, not counting the emerging American territorial expansion, (Said, 1993, p. 8). Just a few decades before 1914, the United States had claimed several territories: Hawaii, Alaska, The Philippines, Guam, Cuba, Puerto Rico, minor outlying Pacific islands and atolls and later, the Virgin Islands and the Commonwealth of Northern Mariana Islands. Such vast claims of lands by western powers are indicative of the quantity of native peoples from all over the world that have been victimized by colonialism and its consequences. It is therefore no stretch to suggest that vast numbers of nations are still affected by colonization long after their apparent decolonization.

As a system of conquer and control, colonialism imposes on colonial subjects the establishment of institutions that organize their territories in order to secure their “governability.” Because these institutions are almost always established by the conquering metropolis, they bear the characteristics of the metropolis that establishes them thereby creating “patterns of practice” that “affect state behavior” akin to their creators, (Keohane, 2005, p. 8). Thus, institutions established by the metropolis are designed to mold the colony to the colonist political, social, and economic likeness. Hence, the Constitution of Puerto Rico for example, was approved only after it met the Congressional requirement of resembling the US Federal Constitution. The same Congressional requirement has been imposed on other US territories like Guam and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands. For reasons I will later explain, I worry that the process of colonial assimilation will lead our territories towards the same dire socio-political and economic consequences many former European colonies are experiencing should they secede from the US.

Colonial institutions are also designed to become what Edward T. Hall calls extension transferences. By extension transferences I mean institutions designed to influence subjects and shape local cultures long after their independence (or after any change to the status quo is made). The institutions established by the colonists have almost always taken the place of the process of colonization through colonial-institutional appropriation by colonial subjects, (Hall, 1981, p. 28). When appropriated culturally, politically, and economically, institutions established by a foreign power would no longer be seen or identified as foreign by the native people. From the way the legal and justice system is set up, to what subjects are taught in schools, all are designed to continue assimilation with or without close supervision from the metropolis.

In Power and Powerlessness: Queiscence and Rebellion in an Appalachian Valley, John Gaventa shows how the ‘foreign power’ assimilates some aspects of the culture only to shape and influence it later. The ‘foreign power’ then proceeds to impose its will by giving its subjects the sense that they have the freedom to participate and the freedom to have a choice when they in fact do not, (Gaventa, 1982, p. 63). In this sense, political and economic decisions in the colonial regime are already made because they are determined by the institutions established by the metropolis. In a sense, colonial subjects play a game not of their choosing with rules not their own. After a few generations, they appropriate and assimilate the game and the rules, and often passively play to serve their determined roles. Colonial institutions thus perpetuate the process of colonization because it shapes the conditions for eventual appropriation of native peoples.

Native appropriation further secures the conditions necessary for neocolonialism to occur should the colony secede. Neo-colonialism is hard to identify because unlike colonialism, the metropolis is seldom visibly involved. As I have alluded to before, many former colonies have fallen victim to institutional extension transference. As such, neo-colonial nations may find it difficult to create the cultural, political and economic stability required to succeed as a nation because colonial institutions have become integral to the political, economical and social framework of the country. Some institutions that are remnants of colonialism become so assimilated into the local institutional apparatus that identifying them becomes hard and making their eradication difficult.

According to Mark Bray, neocolonialism is used to describe “the control of states by external powers despite the formal appearance of constitutional independence,” (Bray, 1993, p. 334). Kwame Nkrumah, first president of Ghana, describes a neo-colony as being a “State which is subject to it is, in theory, independent and has all the outward trappings of international sovereignty. In reality its economic system and thus its political policy is directed from outside,” (Bray, 1993, p. 334). One important difference between colonialism and neocolonialism however, is that under modern colonialism as practiced by the United States, the colonies have access, albeit limited, to political and legal institutions of the metropolis. Under neo-colonialism, exploitation of the powerful over the weak is not always as apparent, and the weak are usually left voiceless as their governments either betrays them or fall powerless against the metropolis. Should the nation under neocolonialism wish to address any grievance, their resources become limited and their claims hard to pursue. Only those willing to know history can bear witness to their painful colonial past and their equally painful neocolonial present.

Because their colonial condition is acknowledged by US law, the limited access to political and legal institutions provides US colonies a space where they can address their grievances. As we shall see in the following section, without adequate representation, the legal and political rights colonies have do not necessarily mean much. Because they have political and economical disadvantages, colonies are often ignored by a Federal government that is not held accountable to its possessions.

2. Colonialism & Representation

When Alexis de Toqueville visited the young US republic in 1831, he was impressed by the advancement of equality and the respect the American people had for democracy. Although he romanticized the US, he nevertheless provides us incite to how the country was then compared to how it is today, (Collins & Makowsky, 1993, p. 55). Today we have a country where people spend tens of millions of dollars in political campaigns that if elected, will only earn them a 400 thousand dollar a year position. Billions are poured every year in campaigns and lobby groups by corporations and organizations seeking to sway or buy the vote of members of Congress. Those are dollars neither the poor or average middle class person has. If the middle class ever ruled the country as Toqueville thought, those days seem long past.

Because of the important role money has in Washington, some analysts frequently argue that gaining access to the governmental decision making process by ordinary citizens and activist groups in the US has become more difficult. If it is true that political access to Washington, D.C. has become more difficult over the years, then imagine the prospects colonies have in gaining any access. For the colonies, gaining even half of the access ordinary citizens and activist groups may have is close to null considering their political and economic disadvantage. By the mere condition of being colonies, no US territory has the same kind of access in Washington, D.C. as States or their residents. The fact they are colonies means they lack real political representation. While it is true US territories can send non-voting delegates to the US House of Representatives (with the exception of the Commonwealth of the Northern Mariana Islands), they seldom have any real effect, (Thornburgh, 2007, p. 30). The amount of money territories have to spend on lobby firms and campaign contributions to make up for the lack of representation has become a very lucrative source of income for many in Washington over the years as well. However, because they do not have voting representation, members of Congress do not have to worry about being accountable to territorial residents or worry about winning elections because territorial residents cannot vote.

Delegates US territories send to Washington, D.C. have the right to speak on the House floor, but cannot vote for any legislation considered there. Instead, delegates rely on the good will of any voting House member willing to help their causes. Territories have to also spend millions of dollars in lobby groups and in campaign contributions to help sway members of Congress to make up for their lack of political power. As mentioned before, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands is the only US territory that does not have a delegate in Congress. Instead, it sends a “resident representative” to Washington, D.C. in order to promote “good relations between the federal and territorial governments,” (Thornburgh, 2007, p. 30). Given that there is no significant difference between having a delegate officially represent a territory and having a “resident representative,” one can conclude that territories with no delegates are not missing out on much. Especially considering that all territories, whether they have delegates or not, have to spend millions of dollars on lobbying firms and campaign contributions anyway.

Territories that do have delegates can only send one elected official to represent the territory “at-large.” In the case of Puerto Rico, the largest of all US territories with almost 4 million American citizens, having just one delegate to represent the island defeats the practical purpose of representation in the House. Adding insult to injury is the fact that by virtue of living in a territory, American citizens cannot vote for the President of the United States. The denial of the right to vote for president is usually reserved for those who are either non-citizens or who have committed serious Federal crimes. It is uncanny that US citizens are being denied voting rights or any form of just representation by virtue of residing in a Territory while at the same time the US advocates the virtues of democracy around the world. While colonialism itself is a system of discrimination and exploitation, it is not the only type of discrimination territories endure. In the next section, I discuss the fact that many colonials celebrate their distinct cultures and are often treated unfairly for it. Various groups in the US view their cultural enthusiasm as either a threat or as an expression of contempt towards the US when in fact their culture is one of the few things they have left after surviving colonialism.

3. Colonialism & Culture

In Who Are We? The Challenges to America’s National Identity, Samuel P. Huntington worries about the future cohesion of the US union. In the book he warns of a US identity crisis caused by the threat of immigrants who are failing to assimilate to the dominant Anglo culture. Referring to the Mexican immigration wave, Huntington writes: “As [Mexican] numbers increase, Mexican-Americans feel increasingly comfortable with their own culture and often contemptuous of the American culture, (Huntington, 2004, p. 254). He continues, “They demand recognition of their culture… [and] they increasingly call attention to and celebrate their Hispanic and Mexican past,” (Huntington, 2004, p. 255). He then cites a 1999 report that indicated how the growth of the Mexican and Hispanic community has facilitated their ‘Latinization’ and the affirmation of their heritage, (Huntington, 2004, p. 255). For colonial peoples who were conquered by a foreign super-power (a category Mexican-Americans in the Southern Border States may qualify for in many respects), their heritage, customs and their celebration may be all they have to hold on to.

Through conquest and opportunity, the acquisition of colonial possessions ensured the multi-cultural character of the United States. In many respects, our greatest strength is our multiculturalism. The diversity of cultures almost guarantees the flow of fresh and innovative ideas into our national political discussion. To ask all Americans to disregard their cultural background and assimilate into one, especially when colonial subjects did not have a choice to be part of the culture that conquered them is preposterous and obscene.

Today the United States is invigorated by the Chamorro culture of Guam, the Polynesian culture of American Samoa, the Latin culture of Puerto Rico, and the Afro-Caribbean culture of the Virgin Islands. All these territories mirror American society because they have already been heavily assimilated. The only thing residents of territories have that they can call their own is the unique culture that in essence remains somewhat intact after colonization. Although I understand the concern some have regarding identity and language, for me, being American has always been about ideology and love for our country and its peoples, not about race. The preservation of our unique individuality however, is for me also part of being American. Because I would certainly not rely on Samuel P. Huntington to preserve my distinct cultural character as a Puerto Rican, it is up to me and others to do so. Preserving a cultural distinction and celebrating it does not mean a lack of love, contempt, or disinterest for the rest of the US as some seem to believe.

Colonization has also brought us to a place where there is no way back because there is no past to go back to. Puerto Rico for example, has never been an independent country in its more than 500 years of ‘discovery.’ In the more than 100 years under US colonial rule, Puerto Ricans have become a hybrid culture of Latin and Anglo customs. Never fully included to either culture, but never fully excluded. They talk Spanish, English, and some even speak Spanglish. And yet they preserve their heritage wherever in the US (and the world) they choose to settle. Aurora Levins Morales expressed the Puerto Rican experience in her poem Child of the Americas:

I am not African. Africa is in me, but I cannot return.
I am not Taina. Taino is in me, but there is no way back.
I am not European. Europe lives in me, but I have no home there.
I am new. History made me. My first language was spanglish.
I was born at the crossroads
And I am whole, (Levins Morales, 1995, p. 79).

I would hope Samuel P. Huntington would agree that if there is any culture that has genuinely struggled with an identity problem, it has been US colonial peoples such as Puerto Ricans. With no political representation, a limited political voice, and often falling victim to Congressional neglect, US colonies continue to develop the chunk of culture that has survived the colonial experience. Their cultures have survived not only by virtue of their geographical distance from the metropolis, but by virtue of their will to not be totally ‘disappeared’ by assimilation.

4. Colonialism and the Future

In Who Rules America? Power, Politics, & Social Change, G. William Domhoff provides an analytical critique on power in the United States. In the book, Domhoff asks the reader to consider three questions: Who benefits? Who Governs? and, Who wins? (Domhoff, 2006, p. 13). While one must acknowledge that there is no singular answer for these questions, it is clear colonial peoples are not the ones who benefit, govern, or win within the US colonial system. As a colonial subject, I have witnessed how interest groups, politicians, and corporations often work to keep the status quo intact. Colonialism itself has become quite a lucrative enterprise for the few at the expense of the many.

While I believe they should not be absolved from any responsibility, these interest groups, misguided politicians, and corporations are not solely to blame for our ills or our colonial condition. I have come to the realization that there are institutions that provide the right environment that allow special interest groups, politicians, and corporations to become the kinds of problems Domhoff describes and that also perpetuate our colonial condition. Like the other US territories, my island of Puerto Rico remains a conquered land, paradoxically, out of apparent choice. After 500 years, Puerto Rico remains the oldest colony in the world. For over 100 years the island has been a US colony. For 50 years of the 100 years, Puerto Ricans have ‘chosen’ to remain a colony. But the reality is that the system is set up so territories like Puerto Rico think they have the option to choose to remain colonies or change if they wish, when in fact they do not. However, results of plebiscites and referendums always seem to favor contented colonial subservience. Not surprisingly, these results are used by members of Congress as convenient pretexts to take no action at all.

US territories also face the increasing difficulty of trying to find their place inside the US Federal system (being part of the nation and at the same time preserving their distinct culture from the rest of the country). Their lack of political power, among the many colonial disadvantages I have mentioned throughout the essay, makes them easy targets for prejudiced and misguided groups. Without equal and just representation, territories are left almost defenseless against groups pushing for the complete assimilation of their cultures and the eradication of their languages.

On the other hand, the burden of possessing colonial territories has come at a very high price for the US; costly for its democracy, and for its global credibility. The unresolved colonial relationship, primarily the Constitutional challenges of citizenship without representation shows colonialism’s incompatibility with the US democratic system. With the acquisition of overseas territories in 1898, the US departed from its practice of incorporating territories and instead experimented with various forms of colonial arrangements. Territories such as the Philippines and Cuba were prepared for independence. Other overseas territories were prepared for statehood as in the case of Hawaii, while others sadly became neo-colonies like the islands of Palau and Micronesia. Others like Guam and Puerto Rico remain ‘unincorporated’ US possessions whose citizens are Americans by birth.

It seems clear that the need to make other arrangements is long overdue. Without Congressional action, colonies are left to have apparent choices between false alternatives for a future already determined by colonialism. Establishing the right to vote in Federal elections, and providing delegates with voting rights in the House of Representatives would be a step in the right direction. To provide colonies the means to defend themselves against those who do not serve their interests, is to provide them the means to preserve their cultures while also ensuring their engagement in the national political discussion. A real process of decolonization by providing the territories the means to engage the national body politic would undoubtedly give the US the opportunity to reestablish its dignity and the dignity of its colonial subjects – a dignity that both lost during the colonial experience.



Cited Works
Bray, M. (1993) Education and the Vestiges of Colonialism: Self-Determination,
Neocolonialism and Dependency in the South Pacific. Comparative Education. Vol. 29, No. 3. retrieved 29 September 2007 from JSTOR from http://links.jstor.org/sici?sici 03050068%281993% 2929% 3A3%3C333%3AEATVOC%3E2.0.CO%3V2-7
Collins R. & Makowsky M. (1993) The Last Gentleman: Alexis de Toqueville. The Discovery of
Society. Fifth Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.
Domhoff, G. W. (2006) Who Rules America? Power, Politics, & Social Change. Fifth Edtion.
Boston: McGraw-Hill.
Gaventa, J. (1982) Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian
Valley. Chicago: University of Illinois Press.
Hall, E. T. (1989) Beyond Culture. New York: Anchor Books.
Huntington, S. P. (2004) Who Are We? The Challenges of America’s National Identity. New
York: Simon & Schuster Paperbacks.
Keohane, R. O. (2005) After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political
Economy. Princeton: Princeton University Press.
Levins Morales, A. (1995) Child of the Americas. Boricuas: Influential Puerto Rican Writings
– An Anthology. Edited by Roberto Santiago. New York: The Random House Publishing Group.
Thornburgh, D. (2007) Puerto Rico’s Future: A Time to Decide. Washington, D.C.: Center for
Strategic and International Studies Press.
Said, E. W. (1993) Culture and Imperialism. New York: Vintage Books