Hernán Padilla
El derrame de petróleo en el Golfo de Méjico trae a la discusión pública lo indefensa que está nuestra economía cuando un desastre puede paralizar el suministro de petróleo.
El país depende del suplido consistente y a bajo costo de la energía eléctrica para el desarrollo económico. Es innegable que muchos de los cierres de fábricas y farmacéuticas se deben a los problemas que han tenido con el alto costo de la energía que está socavando la economía en Puerto Rico.
La AEE domina la política pública de energía eléctrica. Es una corporación publica, controlada por personas en posiciones claves y bajo la influencia de la UTIER, que ahoga al ciudadano consumidor residencial y al sector empresarial con las tarifas de energía eléctrica más altas de la nación. La Comisión de Servicio Publico no tiene fuerza para obligar a la AEE a ser más eficiente y que no transfiera los aumentos en costos a los usuarios. La Autoridad continúa operando sin supervisión o reglamentación externa. No tiene incentivo para mejorar la eficiencia de sus operaciones. Hace falta un regulador independiente que solo se dedique a regular la energía eléctrica.
El rendimiento y la eficiencia de la AEE son inferiores a compañías similares en los EU en gastos operacionales y de mantenimiento. La AEE tiene la tarifa mas alta, más empleados por número de usuarios y genera mucha menos energía (Mwh) por empleado que todas las comparables en Estados Unidos.
Para colmo, se pierde o no se cobra el 15% de la energía generada, equivalente a casi $700 millones en el 2009. Se pierde más energía en Puerto Rico que la producción total de energía en 91 países en el mundo; 3.7 veces más que el promedio de pérdida en facilidades similares en los Estados Unidos.
La Administración de Asuntos Energéticos tiene el mandato de velar por el cumplimiento de la política energética, pero no existe voluntad política para darle los recursos necesarios. Debe contar con el apoyo y participación de una base amplia del pueblo para que la política pública energética sea respetada y efectiva para ayudar a la Isla a resolver nuestros problemas energéticos.
Las observaciones y recomendaciones del Centro para la Nueva Economía sobre las finanzas y operaciones de la AEE merecen consideración objetiva. Puerto Rico debe diversificar las fuentes de energía más rápidamente que la AEE. Actualmente, el 69% de la energía se produce del petróleo y 16% del carbón. La Legislatura debe ordenar metas realistas y agresivas para aumentar las fuentes de energía renovable y el uso de gas natural para generar energía para el 2020. El Ejecutivo debe requerir que la AEE no construya capacidad adicional para generar energía. Estudios de la UPR-Mayagüez muestran que Puerto Rico cuenta con suficientes recursos renovables para compensar por el crecimiento en demanda. Llegó el momento de crear una empresa independiente de la AEE que solo se dedique a producir energía de fuentes renovables.
Toda nueva iniciativa para renovar y sustituir las plantas viejas e ineficientes de aceite debe ser mediante inversión y operación por la empresa privada. El modelo existe. El 31% de la venta de energía viene de dos productores privados que tienen contratos a largo plazo, AES y Eco Eléctrica.
A menos que haya un cambio radical en la estructura y operaciones de la AEE será casi imposible invertir $1.7 Billones para sustituir plantas y unidades antiguas e ineficientes, facilidades de transmisión y redistribución, y adquirir equipos adicionales requeridos en los próximos 5 años. La propuesta Alianza Público Privada para convertir cuatro unidades de petróleo a gas natural en Costa Sur reducirá efectivamente los costos de operación, las emisiones de CO2 y dramáticamente las tarifas de energía en Puerto Rico.
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