SIN TREGUA ANTE LA CORRUPCIÓN

NEditorial ENDI

El arresto de 126 empleados públicos entre 533 acusados por un Gran Jurado federal de participar en un gigantesco esquema de fraude contra una aseguradora, debe provocar una condena colectiva a una cultura en la cual tanto ciudadanos como funcionarios son indiferentes y en la que aceptan la corrupción como conducta válida o inevitable.

El arresto de 126 empleados públicos entre 533 acusados por un Gran Jurado federal de participar en un gigantesco esquema de fraude contra una aseguradora, debe provocar una condena colectiva a una cultura en la cual tanto ciudadanos como funcionarios son indiferentes y en la que aceptan la corrupción como conducta válida o inevitable.El que una cuarta parte de los detenidos en el operativo federal sean empleados gubernamentales deja a cualquiera boquiabierto, pero más consterna la composición del grupo acusado de defraudar a la American Family Insurance (AFLAC) por $6.9 millones.

La metástasis de la corrupción a muchos niveles de la administración pública se manifiesta en el hecho de que entre los detenidos figuran el director regional del Fondo del Seguro del Estado y ex presidente de la Juventud Estatal del PNP y su esposa, una ayudante ejecutiva del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. También policías, guardias penales, bomberos, maestros, empleados de la Comisión Estatal de Elecciones; del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, del Departamento de Agricultura, incluyendo el chofer del secretario y 70 empleados del gobierno municipal de Lares.

Pero también vemos este enraizamiento infiltrado y repartido en otros sectores de la sociedad civil, puesto que entre los arrestados también figuran no menos que un líder religioso y un médico, este último imputado de emitir 45,000 certificaciones fraudulentas.

La acusación anunciada ayer, la más grande en la historia de la jurisdicción federal en Puerto Rico, ocurre a dos años de que el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la Isla, Luis Fraticelli, advirtiera que la corrupción es la “amenaza más grande” que enfrenta el País.

Insistimos, como lo hicimos en ese entonces, que una de las grandes dificultades que confrontamos para atajar este problema, es la validación en la opinión pública de una distorsionada percepción de que la corrupción es inevitable. Incluso, hay quienes les gusta distinguir entre corrupción menor o de menor escala como es el robo de agua o electricidad por la ciudadanía, y la corrupción de “alto nivel”, que involucra a funcionarios electos, y no electos, con los delitos de extorsión, soborno y venta de influencias.

Empero, este tipo de percepción es errónea e impide un entendimiento de que la corrupción y la deshonestidad son una y la misma, e hijas de la falta de valores éticos.

Es por ello que urge trascender el impacto inmediato de la novedad que generan detenciones como las efectuadas ayer, y trabajar como sociedad en iniciativas anticorrupción concretas que sean multifacéticas y que atiendan las causas culturales, políticas y sociales de este mal que quebranta la fibra moral del sistema democrático.

Hay que empezar por rechazar la corrupción de plano a todos los niveles. No aceptemos comentarios como “la corrupción siempre ha existido” o debates estériles sobre qué partido es más corrupto que otro, para validar la derrotista percepción de que este fenómeno es invencible. Tampoco permitamos que se utilice como justificación que las cosas “están malas” y lo que hacían los acusados era “para buscarse unos chavitos”.

La corrupción tiene que dejar de verse como un estilo de vida aceptable. La piedra angular en el proceso de desintoxicación es la educación de valores éticos que inculquen honestidad, respeto, rectitud, justicia, humanidad y responsabilidad ciudadana.

Combinar la educación de estos valores con la determinación de castigar con rigor el delito, no importa el monto económico que involucre, es lo que nos puede llevar a tener éxito en la lucha contra un mal tan costoso para toda la sociedad como es la corrupción.